Crisis en la Comunidad Valenciana

¿Por qué el PP ha puesto el foco en Mónica Oltra? Un exmarido, abusos a una menor y distorsiones políticas

El PP ha emprendido una campaña contra la vicepresidenta valenciana a partir de la condena a su exmarido por los abusos a una menor tutelada en un centro que dependía de la conselleria de Oltra y de un informe de una investigación (archivada) sobre agresiones sexuales cuyos datos los populares valencianos han leído de manera parcial

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra.

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra. / Miguel Lorenzo

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El origen de la actual campaña del PP contra la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, está en unos abusos a una menor tutelada y en tres sentencias. Los hechos sucedieron entre finales de 2016 y principios de 2017. Las resoluciones judiciales se han sucedido entre diciembre de 2019 y septiembre de 2021 y han sido siempre culpatorias. El agresor, condenado a cinco años de prisión por los abusos sexuales a una niña de entonces 14 años, ejercía de educador en el centro privado con plazas concertadas con la Generalitat donde se produjeron los hechos. El agresor es (ya lo era entonces) el exmarido de Oltra. Y esta, además de vicepresidenta, era entonces y es la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, de la que depende, por tanto, la atención a menores.

Los hechos probados, según las distintas sentencias, son que Luis Eduardo R.I. se introdujo “entre dos y diez ocasiones” en la habitación de la menor en el centro donde él trabajaba desde 2010 y en noches en que ella era apartada como castigo y, tras acudir a masajearle la cabeza para que se relajara y conciliara el sueño, con posterioridad cogía la mano de la chica y se masturbaba con ella mientras ella hacía como que dormía. Él admitió los masajes en el juicio, no los abusos sexuales denunciados por ella y a los que distintos tribunales han dado crédito.

Esta es una de las claves para entender el caso y las derivadas políticas posteriores. Las sentencias han puesto de relieve la nula credibilidad que los profesionales relacionados con la conselleria de Oltra dieron a la niña. “Solo las personas ajenas al ámbito de la conselleria dotan de credibilidad al relato de la menor”, dice la condena de marzo de 2021 de la Audiencia de Valencia. Y critica la “hostilidad” con la que alguno de los informes periciales aportados por el departamento público describe a la víctima, “obviando totalmente que se trata de una niña de 14 años que supuestamente ha sufrido abusos sexuales”.

Oltra, que compareció ante las Corts Valencianes para dar cuentas del caso en abril de 2021, expresó su repugnancia por los hechos y dijo que tuvo primera noticia de ellos cuando llegó una notificación judicial a su casa dirigida a su exmarido. No obstante, ha defendido en todo momento su actuación y la de los profesionales de la conselleria, y rechazó desde el principio dejar las competencias de Políticas Inclusivas pese a las implicaciones personales del caso.

El único error que ha admitido es que la chica comunicó en el centro los abusos y esa denuncia no se trasladó a la Fiscalía. No fue hasta que la menor habló con unos policías (habían ido al centro por otra compañera) cuando la denuncia llegó al ámbito judicial. Tras lo sucedido, Oltra ordenó un cambio de protocolo para que los centros notificaran automáticamente cualquier sospecha a los fiscales. Sin embargo hay otro extremo polémico de esta historia: la víctima fue trasladada esposada a la Ciudad de la Justicia de Valencia cuando tuvo que declarar, según la policía, “por riesgo de fuga”. Según la versión de la Generalitat, por un fallo en el sistema.

Dos etapas, un caso

El caso ha vivido dos etapas. La vicepresidenta valenciana disfrutó de un trato elegante de la oposición y la amplia mayoría de medios de comunicación durante la instrucción del caso y el juicio oral. El primero fue anulado parcialmente para que se incorporaran dos informes de la conselleria que la Fiscalía no había considerado. Pero la segunda sentencia, ratificada incluso en septiembre de 2021 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, corrobora la condena inicial e incide de nuevo en cuestionar el comportamiento de la conselleria de Oltra con la menor. A partir de aquí, la presión mediática ha ido ‘in crescendo’, con el empeño además del PP en que el asunto trascendiera de la Comunitat Valenciana.

En esta evolución de la vertiente política del caso hay dos factores a tener en cuenta. Por un lado, el cambio en la dirección del PP valenciano, que pasa a estar comandado por Carlos Mazón, con hilo directo con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y que hace de la estrategia contra Oltra uno de los puntales de su línea de oposición al Gobierno de Ximo Puig. La C. Valenciana, antiguo bastión ‘popular’, es hoy la principal autonomía gobernada por los socialistas y es objetivo prioritario para Génova. Por otra parte, está el renovado protagonismo de la líder valenciana de Compromís en el tablero político estatal de la mano de Yolanda Díaz, de cuya plataforma de izquierdas es una de las grandes aliadas: la presentó en València al lado de la vicepresidenta del Consell en noviembre pasado.

Informes “retorcidos” y el elemento ultra

Uno de los últimos elementos en esta estrategia política de acorralamiento de Oltra por parte de la derecha valenciana en bloque y con implicación ya de las direcciones estatales es un informe del Defensor del Pueblo valenciano a petición del PP. Este documento, realizado a partir de los datos y el material aportado por la conselleria de Oltra, constata la existencia de 175 casos de abusos a menores del sistema de protección de la Generalitat entre mediados de 2020 y 2021. El PP ha acogido este documento como la última munición contra Oltra. El informe precisa, no obstante, que ningún profesional del sistema público está acusado de agresiones y que los casos producidos en centros se reducen a 17, pero estas precisiones han quedado sepultadas en un torrente de acusaciones políticas. El Síndic de Greuges (homólogo al Defensor del Pueblo en la Comunitat Valenciana) ha archivado la investigación, pero el incendio político ya estaba extendido entre hipérboles y medias verdades. De hecho, los populares han denunciado el asunto ante la Comisión de Peticiones de la UE, que ha aceptado realizar una investigación preliminar.

Una de las últimas intervenciones ha sido esta misma semana de García Egea, que ha dicho que el PP llegará "hasta el final" para saber si Oltra se valió de su cargo para "encubrir" los abusos a la menor tutelada. También Pablo Casado se pronunció esta semana sobre el caso con un tuit en el que exigía a Pedro Sánchez medidas ante el caso.

Génova no se ha detenido ni siquiera a pesar de que el asunto de los menores también salpica a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después del reciente desmantelamiento de una red que prostituía a menores, algunas de las cuales estaban tuteladas por la Administración madrileña. Ayuso ha pedido sacar a las menores de la arena política, una frase que podría servir para Oltra.

Líder del partido ultra España 2000

Y en medio de todo este enjambre político y judicial está la víctima, Maite, que alcanzada la mayoría de edad y madre de un bebé, ha pasado a jugar también un papel en esta polémica, concediendo entrevistas a la prensa. Y sin olvidar quién está a su lado. Porque la joven está representada legalmente por José Luis Roberto, líder del partido ultra España 2000, minoritario en las urnas pero con una trayectoria conocida en las calles valencianas. Este abogado y su partido ya protagonizaron un escrache ante el domicilio de Oltra en 2017, por el que fueron absueltos más tarde. “Hubo extralimitación, pero no amenazas”, dijo la sentencia.

El caso actual aún tiene caminos judiciales por recorrer, ya que la Audiencia de Valencia reabría a finales de 2021 la investigación contra cuatro trabajadoras de la Conselleria de Políticas Inclusivas por presunta desprotección de Maite cuando sufrió los abusos. Hay además otra línea abierta por la que reclama una indemnización económica.

Oltra, a pesar de este enmarañado contexto, aseguraba esta semana que no se piensa “arrugar” frente al PP. El martes próximo volverá a las Corts a hablar de menores.

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