Tribunales

Pedraz investiga de nuevo al hermano de Ignacio González por las corruptelas de Mercasa en Panamá

  • El juez impulsa las pesquisas y viajará al país centroamericano el próximo día 24, donde tiene previsto escuchar como testigos a los exviceministros Melitón Arrocha y Demetrio Papadimitriu.

  • Se investiga una trama corrupta similar a la de Angola, ya a un paso de ser enjuiciada, para conseguir contratos públicos mediante el pago de comisiones a autoridades públicas panameñas.

Pedraz investiga de nuevo al hermano de Ignacio González por las corruptelas de Mercasa en Panamá

Chema Moya/EFE

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El juez del Central número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dado impulso a una de las piezas relacionadas con las corruptelas de la empresa pública Mercasa en Latinoamérica, concretamente en Panamá, que investiga a un grupo de directivos y empresarios por el presunto pago de mordidas a las autoridades locales y apropiación de fondos en varias operaciones de construcción de mercados públicos en el país centro americano.  

Entre los investigados a los que el juez Pedraz tiene previsto interrogar en esta pieza está Pablo González, hermano de Ignacio, expresidente de la Comunidad de Madrid. González ya fue investigado en otra de las piezas de la causa por la adjudicación del mercado mayorista en Luanda (Angola), que está a un paso de ser juzgada, si bien finalmente se libró de ser procesado.

Según la documentación de la causa a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, y a petición del fiscal Anticorrupción Conrado Saiz, Pedraz interrogará a González y otras personas vinculadas a la compañía como son Miguel Ramírez, Rubén de Castro, Álvaro Curiel, José María Montoto, Luis Alberto Hermosilla, Andrés de Pando, Arturo Cortés y María Jesús Prieto. El magistrado les ha comunicado que sus letrados deben estar presentes en las declaraciones testificales que se desarrollarán entre el 24 y el 28 de enero, coincidiendo con su viaje a Panamá en comisión judicial, y todos ellos señalan que lo harán por videoconferencia, según señalan fuentes próximas al caso.

Estos interrogatorios, de cuyo resultado dependerá su imputación formal en el caso según las fuentes jurídicas consultadas, se relacionan con el viaje que el juez Pedraz acompañado por el fiscal realizará la última semana de enero a Panamá, donde tiene previsto tomar declaración como testigos, entre otros, a los exviceministros de Presidencia de dicho país Melitón Arrocha y Demetrio Papadimitriu. 

La comisión judicial interrogará, además, a otros ciudadanos panameños como son la abogada Aylen Villareal, los arquitectos Ignacio Vilela y Miguel Benito Galipienzo, la administrativa Yira Elzebir; el que fuera coordinador de capacitación para Mercasa, Alain Rajiv Anguizola, y los representantes de dos mercantiles panameñas vinculadas a estas licitaciones

Cuatro delitos de corrupción

Según un escrito de Anticorrupción del pasado 20 de noviembre al que ha tenido acceso El PERIÓDICO DE ESPAÑA, la actividad concertada para la consecución, modificación y mantenimiento de los contratos públicos por las empresas españolas que se investigan en este proceso se consideran constitutivos de delitos de corrupción en las transacciones comerciales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. Entre octubre de 2010 y mayo de 2017 Mercasa se adjudicó cinco contratos públicos por un importe de 8,5 millones de euros pese a que facturó un millón menos.

Según Anticorrupción, para la ejecución de los contratos públicos celebrados con el gobierno panameño, la mercantil pública Mercasa ha celebrado distintos contratos de prestaciones de servicios con personas y entidades españolas "que en algunos casos se encontraban sobredimensionados, en otros casos reiteran el mismo objeto técnico contratado a distintos profesionales, y sin que fueran previamente licitados por la empresa pública.

Desvío del dinero para comunidades pobres

Entre los pagos investigados está el que en 2013 la mercantil pública Mercasa obtiene del Programa de Ayuda Nacional (PAN) dependiente de la Secretaría de la Cadena de Frío del Ministerio de la Presidencia de Panamá, un Programa de Capacitación para la nueva Red de Mercados Minoristas de Panamá, por importe de 2.500.000 balboas panameñas (250.000 dólares). El objetivo de este programa es la construcción de infraestructuras y ayuda social en las comunidades más pobres del país, si bien se sospecha que viene siendo utilizado para prácticas ilícitas.

Anticorrupción tampoco descarta que la comisión de éxito del 6 por ciento del importe del contrato con el gobierno panameño ocultase una comisión del 3 por ciento para terceros y para algunos de los administradores de la empresa pública Mercasa, mediante pagos a la mercantil Baher Consultoría Asesoría Industrial y Energético, administrada por Raúl Herrero. 

Respecto de Papadimitriu, se sospecha que habría recibido importantes cantidades de dinero a través de cuentas en Andorra, a nombre de sus padres. En su caso, el proyecto sospechoso quedó enmarcado dentro de un programa para mejorar el abastecimiento y la seguridad alimentaria. Las ciudades en las que se debía actuar eran Ciudad de Panamá, Chorrera, David, Veraguas, Las Tablas, Chitré, Penonomé y Colón. 

Sistema de sobornos

Las comisiones eran abonadas en cuentas bancarias tituladas por sociedades instrumentales o pantalla controladas por los agentes o comisionistas que han empleado las empresas españolas investigadas en cada uno de los países donde han obtenido contratos públicos. En el caso de Panamá, los pagos proveedores y profesionales y a terceros fueron efectuados por Mercasa se hicieron a través del Banco Panameño BAC Credomatic. 

El procedimiento de pagos se llevaba a término mediante la aprobación por el que fuera adjunto al director de Mercasa y también imputado Luis Hermosilla, de facturas que posteriormente eran remitidas a la empresa pública para solicitud de pago de las mismas, teniendo en cuenta que con su aprobación era suficiente. En este sentido, Mercasa no realizaba una revisión o control de los conceptos facturados.

Por otro lado, Mercasa liberaba pagos en Panamá a través de “Cheques de gerencia”. En ocasiones una vez cobrados los “Cheques de gerencia” se ingresaban en la caja chica de la sucursal de Panamá y se ejecutaban pagos con el efectivo disponible en esta caja chica.

El informe policial que haha examinado parte de los movimientos de la cuenta del BAC Credomatic Panamá acredita una "aparente falta de control de todos los gastos, como así como que, en relación al concepto “Cheque Gerencia”, se observa que entre 14 de diciembre de 2010 (fecha en la que consta el primer asiento identificado con el concepto “Cheque Gerencia”) y el 12 de julio del mismo año (fecha del último asiento del que se tiene conocimiento), consta que han salido fondos de la entidad bancaria panameña por importe total de 3.860.775,72 dólares americanos, abarcando supuestos gastos relacionados con diferentes acreedores.

La Unidad investigadora informa que existen numerosas salidas de fondos sin tener asociada factura dado que, por ejemplo, los salarios (entre otros) no se pagaban contra presentación de factura. De los aproximadamente 1.132 asientos relacionados con el concepo “chequegerencia”, se han contabilizado 529 registros en los que no consta referencia a ninguna “Factura”, que representan un gasto de 2.302.035,59 euros, un importe que habría sido destinado al pago de “impuestos al Tesoro panameño, salarios, alquileres (vivienda de Luis Hermosilla y del arquitecto Ignacio Vilela, alquiler de oficinas etc.

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