Una medida estrella de Garzón sobre ganadería, a las puertas del Consejo de Ministros en mes electoral

La pugna en el Gobierno a cuenta de la ganadería tras la polémica de las macrogranjas es sólo el último episodio de la batalla que Alberto Garzón libra desde su llegada al Consejo de Ministros. El titular de Consumo ya impulsó hace un año y medio una medida dentro del Gobierno dirigida a dar garantías al último eslabón de muchas explotaciones ganaderas. Se trata del proyecto de real decreto sobre vigilancia en mataderos, una propuesta impulsada por el coordinador federal de Izquierda Unida que empezó los trámites en octubre de 2020 y que está a un paso de llegar al Consejo de Ministros, algo que podría suceder en el mes de febrero, al filo de las elecciones de Castilla y León. 

Este decreto de Garzón busca garantizar el bienestar animal en el último tramo de su vida para, en último lugar, "influir en la actitud de la población a la hora de elegir los productos que consumo” y “mejorar la calidad de la carne” a través de estos métodos. La valoración de la carne española en una entrevista en The Guardian ha sido precisamente el foco de la polémica en las últimas semanas, después de que Garzón abogara por el modelo de la ganadería extensiva y defendiera la peor calidad de los productos procedentes de la macrogranjas. Un debate que marca de lleno la campaña electoral y que ha abierto una crisis en el seno del Gobierno de coalición, con reproches cruzados entre PSOE y Podemos y desautorizaciones por parte del ala socialista. 

La medida impulsada por el departamento de Garzón volverá así a influir en el sector ganadero, al que obligará a instalar cámaras en los mataderos, convirtiendo a España en el primer país europeo en fijar una regulación que sólo se aplica en Reino Unido. Hasta el momento, este sistema de videovigilancia era voluntario, pero a partir de la entrada en vigor de la nueva norma todas las explotaciones deberán contar con un sistema de videovigilancia cerrado, además de sistemas de grabación y recuperación de vídeos para comprobar que se da un buen trato a los animales y se cumplen las medidas sanitarias. 

Después de la polémica con las macrogranjas, Garzón ha acusado directamente al lobby cárnico por la construcción de lo que considera un “bulo”; sin embargo, la cruzada de estos sectores de la cadena de producción amenaza con ir a más cuando salga a la luz el próximo real decreto de su ministerio: la instalación de estos sistemas de vídeo conllevará un coste de entre 3.000 y 6.000 euros por cada uno de los 700 mataderos autorizados actualmente en España, según estima este departamento. Estas empresas tendrán un margen de hasta dos años, según los casos, para realizar estas instalaciones. 

En los últimos días, el titular de Consumo ha sacado pecho de actuar siguiendo la línea de trabajo del Gobierno y se ha reafirmado en que emitió sus declaraciones en calidad de minsitro de Consumo. En una entrevista concedida a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Garzón repasaba algunas de las iniciativas impulsadas por su departamento, y fijaba como una de las medidas estrella precisamenteeste real decreto sobre videovigilancia animal que verá la luz en las próximas semanas.

UN MES ELECTORAL

La nueva norma impulsada por Alberto Garzón amenaza con llegar al Consejo de Ministros en las semanas próximas a las elecciones de Castilla y León, donde ha ganado un importante peso el debate sobre el sector ganadero. En un primer momento estaba previsto que el real decreto entrase en vigor a finales de 2021, pero los trámites a nivel europeo han terminado por retrasar los plazos, tras superar sin contratiempos la revisión por parte del órgano de vigilancia de la Comisión Europea, el llamado ‘Sistema de Información sobre Reglamentaciones Técnicas’ (TRIS, por sus siglas en inglés).

El texto legal se remitió desde el Ministerio de Consumo el pasado diciembre al Consejo de Estado, en la última fase antes de llegar al Consejo de Ministros. Este órgano deberá emitir un informe en un plazo máximo de dos meses con las apreciaciones técnicas pertinentes, de manera que, como tarde, en febrero estará listo para aterrizar en el Consejo de Ministros. Sin embargo, la decisión será en último lugar de la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios de Estado, el llamado ‘consejillo’, que ordena qué asunto va en cada reunión de Gobierno. Un órgano presidido por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que podrá manejar los tiempos para agendar esta medida en el momento más adecuado para el Ejecutivo.

En el real decreto [consultar el texto aquí] no sólo se vela por el bienestar animal y por evitar el "sufrimiento innecesario" del ganado, sino que también apela a otros beneficios, asegurando que “la protección de los animales en el momento del sacrificio contribuye a mejorar la calidad de la carne”. “La permanencia en el matadero supone un momento de especial estrés para los animales”, señala el texto del real decreto, que advierte que esta situación “puede conllevar la aparición de trastornos metabólicos y lesiones en el animal vivo que pueden afectar a la calidad de su carne una vez sacrificado”. 

Así, argumenta que esto también tendrá un efecto final en la economía de los productores cárnicos, señalando que el manejo adecuado del ganado “conllevará menos estrés, lo que beneficiará su salud y su bienestar, pero también puede tener una repercusión favorable tanto en la salud pública como en la economía del ganadero y del operador del matadero, ya que se decomisarán menos carnes y estas serán de mejor calidad”. 

Aunque impulsada ahora por Garzón, esta medida ha sido aclamada ya en múltiples parlamentos regionales tan dispares ideológicamente como la Asablea de Madrid, donde todos los partidos a excepción de Vox aprobaron en febrero de 2020 una iniciativa para pedir al Gobierno regionall una normativa sobre videovigilancia en mataderos.