Justicia

Un problema informático deja miles de resoluciones pendientes de notificar por los juzgados

  • Justicia admite que el sistema "está impactado, pero funciona", mientras que letrados de la Administración de Justicia hablan de la imposibilidad de trabajar con normalidad.

  • El pasado lunes, Justicia dio por solventados los problemas técnicos que hoy admite en la generación de certificados por el Registro Civil y la firma de documentos.

Un problema informático deja miles de resoluciones pendientes de notificar por los juzgados

Joan Cortadellas

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Miles de resoluciones se acumulan desde el lunes en los juzgados de toda España sin poderse notificar debido a un problema de en el sistema MINERVA del Ministerio de Justicia y también en el denominado GESPRO de la Comunidad de Madrid que se arrastra desde el pasado lunes, según señalan letrados de la Administración de Justicia (LAJ) consultados por El PERIÓDICO DE ESPAÑA. 

Desde el Ministerio de Justicia confirman la incidencia, si bien señalan que "el sistema está impactado, pero funciona, aunque no a pleno rendimiento". Según los datos señalados a este diario, a las 11.00 de esta mañana se habían logrado firmar en torno a 8.500 documentos, si bien dicha cifra a esas horas debería ser el doble, y los problemas persistían a las 17.00 horas.

Ya el lunes a primera hora, sobre las 7.45 de la mañana, se detectaron problemas técnicos en uno de los dos Centros de Proceso de Datos (CPD) pertenecientes a la Dirección General de Transformación Digital del Ministerio de Justicia. Ello provocó la pérdida de servicio temporal de algunas aplicaciones telemáticas en órganos judiciales, Fiscalía, Registros Civiles, Atención al Ciudadano y Ventanilla del Registro Central, si bien según informó el Ministerio en un comunicado dichos problemas fueron solventados esa misma tarde.

Este extremo es desmentido por varios LAJ consultados por este periódico y por el propio Ministerio, que éste miércoles ha reconocido a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que tras haberse estabilizados servicios afectados en el "importante problema sufrido el lunes" --por un problema en la infraestructura de climatización de uno de los CPD de la DGTDA-- persiste "una incidencia en el servicio de automatización de firma electrónica que está dificultando la firma de documentos a través del Portafirmas en los órganos judiciales y la generación de certificados en el servicio de ventanilla del Registro Civil Central".

"Imposible firmar"

En la práctica, según la LAJ del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valladolid, Gloria Monchón, la situación es la siguente: "Al final de la mañana alguna resolución pasaba, pero imposible firmar, así que no está solucionado para nada. Estamos a 12 de enero y en mi juzgado no se ha dictado ni una sentencia ni un auto judicial. Y están hechos, esperando".

Desde el Ministerio de Justicia se pide a los LAJ (antiguos secretarios judiciales) que, en los casos en los que se necesite firmar documentos judiciales se proceda a través de un sistema no integrado con el Sistema de Gestión Procesal Minerva o firmando el papel de forma manuscrita e incorporándolo posteriormente al expediente digital. Monchón responde que firmar el papel y escanear puede ser "incluso ilegal" teniendo expediente digital.

Enfrentarse al "relojito".

Desde otros juzgados se quejan de que no hay día que los LAJ no tengan que enfrentarse al «relojito» en la pantalla del ordenador y tardar hasta quince minutos en notificar una simple providencia o una diligencia de ordenación de una página. Confirman que hoy no funcionaba "la vpn y la firma digital". Otra letrada señalaba en Twitter pasadas las 10 de la mañana: "Un día más esto no va ni a pedales. Si alguien cree que así se puede trabajar en condiciones, que me diga cómo".

Entre otras razones del problema, los LAJ apuntan al hecho de que casi cada comunidad autónoma tenga un sistema de gestión procesal distinto (existen hasta diez) que, en muchos casos, “ni se hablan” entre sí. Están el Adriano en Andalucía, el Atlante en Canarias, Cicerone en Valencia, Justicia.Bat en el País Vasco, Themis en Cataluña, Avantius en Navarra etc.

Por este tipo de situaciones, y también en defensa de su adecuación salarial, los secretarios judiciales llevan unos meses movilizándose y, ante la falta de respuestas del Ministerio de Justicia y lo que consideran "desprecio hacia el justiciable" han convocado una huelga el próximo 26 de enero. 

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