Regreso del emérito

Las normas tributarias amenazan el plan de Juan Carlos I para pasar temporadas en España y tributar en Abu Dabi

  • El rey emérito no puede considerarse residente fiscal en Emiratos a efectos del convenio para evitar la doble imposición firmado con Emiratos Árabes Unidos, vigente desde 2007.

  • Los factores fiscales a tener en cuenta pasan por una estancia en España superior a los 183 días, el análisis del lugar en el que está el núcleo de sus actividades económicas y la residencia española de su cónyuge, la reina Sofía.

El rey emérito Juan Carlos I.

El rey emérito Juan Carlos I. / EFE/Zipi/Archivo

5
Se lee en minutos

El regreso a España de Juan Carlos I se producirá previsiblemente cuando se anuncie de forma oficial el archivo por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo de las tres diligencias abiertas contra él por posibles delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias. 

En ese momento una de las incógnitas a despejar será la de la situación tributaria del exmonarca en función de lo extensa que sea su permanencia en el país y teniendo en cuenta también su ausencia de ingresos, dado que en principio se trataría de un jubilado al que su hijo, el rey Felipe VI, quitó la prestación en marzo de 2020.

Así las cosas, las normas tributarias vigentes amenazarían sus planes para pasar temporadas en España y tributar en Abu Dabi, según expertos fiscales consultados por El PERIÓDICO DE ESPAÑA. Sus obligaciones con la Hacienda española dependen de varios factores a analizar, tales como el tiempo de estancia en nuestro país, el lugar donde se encuentre el núcleo de sus posibles actividades económicas y también lo que señala el convenio para evitar la doble imposición firmado con Emiratos Árabes Unidos, que determina que para ser considerado residente fiscal en dicho país se debe contar con la nacionalidad emiratí.

Fuentes de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) señalan de forma contundente a este diario que en principio, y desde una perspectiva técnica, "efectivamente, el rey padre no es residente fiscal en Emiratos, a efectos del convenio de doble imposición". Con este análisis coincide el portavoz del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, que va más allá al afirmar que, a su juicio, Juan Carlos I debería seguir tributando en España a día de hoy.

El citado convenio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 2007 señala que la expresión «residente de un Estado contratante» implica en el caso del Reino de España a toda persona que, en virtud de las leyes vigentes en nuestro país, esté sujeta a imposición por razón de su domicilio, residencia etc. En el caso de Emiratos Árabes Unidos solo debe tener en cuenta a "personas físicas" domiciliadas en dicho territorio "y que sean nacionales de los Emiratos Árabes".

Atraer "talento" a Emiratos

De este modo, el Convenio no debería servirle al rey emérito para bordear una imposición fiscal en nuestro país derivada de una residencia continuada, pues expresamente se exige que la nacionalidad emiratí para alegar que su residencia fiscal se encuentra en Abu Dabi y que por esta razón no debe volver a tributar en España. 

No consta que dicha nacionalidad le haya sido concedida, y eso a pesar de que el país árabe reformó su ley el pasado mes de enero para ofrecer la ciudadanía a determinados grupos de extranjeros, con el fin de atraer "talento" que contribuya al desarrollo del país, tal y como explicó en dicha ocasión el primer ministro Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum. 

En todo caso, según el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga, no siempre hay que estar al convenio de doble imposición, porque puede que no se den los requisitos para colocar al sujeto de que se trate en dicha situación de imposición tributaria en dos países al mismo tiempo, que es lo que el documento trata de evitar.

En el caso del emérito se desconocen algunos detalles para poder establecer cuál sería exactamente su situación tributaria, pero sí se puede dibujar un escenario general, añade este experto, que pasa por el análisis de varios factores. 

El primero de ellos sería el relativo al periodo de residencia en nuestro país, y si este puede ser considerado o no como "esporádico". En términos generales un factor a tener en cuenta es si esta residencia superior o no a 183 días (seis meses) que establece la ley para generar obligaciones tributarias, aunque no es el único. El problema, en todo caso, se acabaría si el rey dispusiera de certificado de residencia fiscal en Abu Dabi, una documentación que no es difícil de conseguir en países como el que Juan Carlos I eligió para establecerse desde agosto de 2020, si bien parece chocar con lo que señala el Convenio antes citado.

También habría que analizar, en opinión de Pérez Boga, dónde se encuentra el núcleo de las actividades económicas del emérito, que no parece que sea Abu Dabi (no consta que disponga allí de ningún negocio), y podría situarse en España si dispone aquí de propiedades o patrimonio.

Otro factor a analizar según los inspectores fiscales pasa por determinar el domicilio fiscal en función de dónde viva el cónyuge y los hijos menores de la persona a estudiar. En el caso de Juan Carlos I ya no existen descendientes menores de edad, pero su esposa sigue siendo la reina Sofía, residente en España.

Según informó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, y una vez se archiven las investigaciones al rey Juan Carlos -lo que se espera ocurra las primeras semanas de 2022, a pesar de que las tres diligencias han sido prorrogadas por seis meses al caducar este diciembre los plazos legales- tanto la Zarzuela como La Moncloa darán el visto bueno a su regreso. Éste se producirá cuando a Felipe VI le convenga, en el momento de que el anuncio de que el anterior monarca pisa de nuevo España no empañe ningún acto de la Corona en fechas señaladas.

Investigaciones prorrogadas

La primera de las investigaciones abiertas al emérito fue por el posible cobro del AVE a la Meca, en Arabia Saudí, si bien se centra en las actividades del emérito mientras era Jefe del Estado y, por tanto, inviolable según la Constitución Española. 

Además, el caso se ha desinflado después de que el pasado 13 de diciembre el fiscal suizo Yves Bertossa archivara por falta de pruebas la investigación que incoó por blanqueo de capitales tras conocer que Juan Carlos I había recibido 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) en 2008 del Gobierno de Arabia Saudí, que después donó a la que fuera su amante Corinna Larsen en 2012

La segunda línea de investigación abierta y también recientemente prorrogada analiza el pago de hasta 800.000 euros en tarjetas de crédito a nombre del coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, que actuaba como hombre de paja del monarca. Las pesquisas también se han mantenido vigentes después de que Juan Carlos I regularizara con Hacienda los gastos en viajes que sufragó su primo Álvaro de Orleans con la Fundación Zagatka.

La tercera causa se refiere a movimientos bancarios de cuentas que tuvieron como destino la británica Isla de Jersey. El Ministerio Fiscal abrió su investigación después de recibir un informe de “inteligencia financiera” procedente del Servicio de Prevención del Blanqueo (Sepblac) que apuntaba que el exmonarca podría ser el beneficiario de una sociedad que escondía casi diez millones de euros.

Noticias relacionadas