El Ejecutivo ya legisla para reducir las macrogranjas de vacuno

El Gobierno de España tiene en marcha un decreto para poner coto a las explotaciones de ganado vacuno. Pese a la polémica y las diferencias expresadas en el seno de la coalición tras las declaraciones al diario británico The Guardian del ministro de Consumo, Alberto Garzón, el departamento de Agricultura trabaja desde hace meses en un decreto con el que pretende reducir a un máximo de 850 las cabezas en estas granjas, un límite que, de hecho, es muy inferior a los hasta 10.000 denunciados por Garzón.

Un decreto que regula esta materia está desde el pasado otoño en información pública, lo que, en teoría, hace inminente su publicación en el BOE. En concreto, establece un límite a la capacidad máxima que pueden tener las granjas de bovinos en 850 unidades de ganado mayor, es decir, 725 vacas de ordeño o 1.400 terneros de cebo.

El decreto, al que ha tenido acceso EFE, fija condiciones de alojamiento y alimentación de las explotaciones, es decir, evita el maltrato a los animales. “La autorización de una granja es competencia de cada autonomía, pero hay unas normas nacionales que tienen que cumplir. Y a partir de un tamaño, además, necesitan autorización ambiental integrada, que también compete a las Comunidades Autónomas”, señalan fuentes del Ministerio de Agricultura en conversación con EFE.

La norma afectará a las granjas de nueva creación, pero no a las ya existentes, que tendrán que cumplir, eso sí, las normas establecidas en materia ambiental y de bienestar animal, según fuentes del Ministerio.

Polémica

En sus declaraciones, Garzón recomendó moderar el consumo de carne, en especial la procedente de macrogranjas ganaderas, y puso en duda la calidad de las exportaciones de carne procedentes de esas explotaciones, dando por hecho que existen en España. Sus palabras fueron desautorizadas por la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y han desatado una oleada de peticiones de dimisión.

El ministro se ha defendido destacando que diferenció entre ganadería extensiva y macrogranjas y que atribuyó a la primera el ser sostenible y a las segundas, “con 4.000, 5.000 o 10.000 cabezas”, contaminar el suelo y el agua y producir carne de peor o mala calidad destinada a la exportación, y además después del maltrato a los animales.

Fuentes de la asociación UPA y del sector señalan que no existen en España granjas cárnicas de vacuno de 10.000 cabezas, sino una minoría con un máximo de 5.000 cabezas. Además de que el mismo Gobierno del que forma parte Garzón está fijando límites para que no proliferen, añaden.

Greenpeace, que mantiene, al igual que Ecologistas en Acción, una campaña en contra de las macrogranjas, ha hecho alegaciones a este decreto, exigiendo que obligue a la reconversión de estas superficies que existen actualmente y que establezca un máximo de 180 ejemplares.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), mayoritaria en el sector, señalan que en nuestro país, que exporta fundamentalmente carne de cerdo y vaca, solo existe una minoría de granjas de pocos miles de vacas. Y consideran que no van a existir más en el futuro, debido a la estrategia acordada por esta organización y el Ministerio de Agricultura.

Pequeños ganaderos

Román Santalla, responsable de ganadería de UPA y ganadero él mismo, explica que “desde UPA defendemos explotaciones pequeñas y medianas, y hemos trabajado mucho para este decreto. En porcino no hay macrogranjas: un decreto reciente limita a 750 madres y 4000 plazas de cebo el número de cabezas”.

“Y ahora estamos trabajando en el vacuno. Nos estamos rompiendo los cuernos para sacar adelante este asunto, porque defendemos el modelo familiar de explotación ganadera, nos oponemos a una granja de 20.000 vacas”, explica Santalla, antes de apuntar que el 85% del sector está integrado por pequeñas y medianas empresas familiares.

Uno de los primeros en acusar al Garzon de atacar al sector cárnico fue el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que está en plena precamapaña electoral. Es precisamente en un pueblo de esa comunidad, en Noviercas (Soria), donde se ubica uno de los principales proyectos actuales de macrogranja industrial, aunque previsto para producción de leche.

Según UPA, con este decreto proyectos como el de Noviercas no serán posibles. Greepeace, sin embargo, ha señalado en sus alegaciones al Real Decreto que debe cambiarse la redacción del mismo ya que, tal y como está, el proyecto de Noviercas seguirá. Lo cierto es que, según técnicos consultados por EFE, una vez iniciado el procedimiento de Noviercas, éste sigue adelante. Podría en todo caso ser impugnado ante los tribunales tomando como base la normativa que está a punto de aprobarse, porque el proyecto de Noviercas supera las 20.000 cabezas.