El Gobierno vuelve a confiar en la falta de alternativa y el miedo a la derecha para sacar adelante la reforma laboral

Este viernes se cumplen dos años de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Fue elegido al frente de una coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y con los votos a favor de 167 diputados. Dos años después, no hay perspectiva de que ese Ejecutivo, por el que nadie apostaba un euro a finales de 2019, pueda romperse o se pueda precipitar el fin de la legislatura antes de finales de 2023.

Fundamentalmente porque se mantiene el mismo cemento que propició aquel acuerdo entre diferentes grupos: la falta de alternativa a ese Gobierno y el temor de los que componen esa mayoría a un hipotético triunfo electoral de PP y Vox con opciones de gobernar.

Ese cemento se ha fortalecido incluso con los resultados de las encuestas y ha sido utilizado insistentemente por el Gobierno desde aquel acuerdo de investidura en sus negociaciones con los socios parlamentarios. Primero para votaciones clave como las de los estados de alarma, entre otras, luego para sacar adelante dos Presupuestos Generales del Estado y ahora en la perspectiva de la votación vital del decreto que contiene el acuerdo de contrarreforma laboral.

Diferentes miembros del Gobierno explican que los estudios que manejan muestran gran fortaleza de Vox, hasta el punto de que si el PP tiene opciones de formar gobierno con 176 escaños sería gracias a ese ascenso de la ultraderecha. Esa realidad virtual es un argumento poderoso de negociación con los socios parlamentarios.

Fuentes del Gobierno aseguran estar ocupados por tejer ese acuerdo para la convalidación, pero admiten que mantienen la tranquilidad de saber que ni PNV, ni ERC, ni Más País, ni Bildu, ni Compromís van finalmente a propiciar una derrota del Ejecutivo que, en la práctica, debilitaría enormemente el futuro de la legislatura. Alegres y confiados por las consecuencias que tendría la derrota y buscando salida en desarrollos reglamentarios del acuerdo o en cuestiones paralelas, sin tocar el texto del decreto ni abrir el melón de la tramitación como proyecto de ley. Parecido a lo que ocurrió con los Presupuestos y el pacto con ERC sobre Netflix y la ley audiovisual.

Un problema con la UE

La votación es tan vital y tan trascendente que, precisamente por eso, hay cierta tranquilidad en el Gobierno. Una derrota en la convalidación supondría en primer lugar, según explica el Ejecutivo, un problema grave con Bruselas, porque la llegada de fondos europeos está condicionada a una serie de reformas en las que ocupa un lugar destacado la reforma laboral.

Europa exige expresamente que esa reforma sea consensuada y lo más pacífica posible. No es una recomendación, sino una condicionalidad de Bruselas, por más que el Gobierno intente evitar ese término públicamente. No lo evita en privado y, de hecho, los agentes sociales recuerdan una bronca entre el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una reunión en Moncloa, porque ésta última defendía con ardor que la reforma laboral era una condición inexcusable para la llegada de fondos.

De hecho, la lista de condicionalidades incluye un mecanismo por el cual otros estados europeos pueden pedir la paralización de la entrega de fondos si no se hacen las reformas. Por supuesto, afectaría a la recuperación económica en la que Sánchez basa sus opciones electorales para 2024 frente a las derechas.

Por eso el Gobierno da por hecho que se compatibilizarán finalmente las dos legitimidades: la del acuerdo social del Gobierno con empresarios y sindicatos y la de la mayoría parlamentaria que debe convalidar el decreto. Lo contrario, explican, llevaría a un horizonte impensable en el que, por ejemplo, se paralizarían proyectos empresariales, se descuadrarían las cuentas y el Gobierno quedaría sumamente debilitado.

Temor a un Ejecutivo formado por PP y Vox

Esa forma de negociación basada en remarcar la falta de alternativas hace tiempo que irrita profundamente a los socios parlamentarios, aunque ellos mismos terminan por admitir que, en cierto modo, están secuestrados por el Gobierno. Que si dejan caer al Ejecutivo es muy probable que haya un Gobierno del PP apoyado por la ultraderecha.

Y pese a la irritación de los partidos que suelen votar con el Gobierno, la trascendencia de la votación es la gran baza del Gobierno y la explicación de su relativa tranquilidad. Los socios parlamentarios del Gobierno suelen lamentarse de que Moncloa solo recurre a ellos en el último momento, cuando necesita sus votos, sin informarles previamente, actuando como si tuviera mayoría absoluta y no necesitara completar mayorías con más de cinco partidos y con la confianza de que no hay alternativa.

Cuando el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguraba el martes en Radio Nacional que quien vote en contra del acuerdo de reforma laboral tendrá que explicar por qué lo hace no sólo se refería a las consecuencias directas. No sólo les demandaba explicar por qué se desautorizaría un acuerdo con sindicatos y empresarios, sino también les pedía explicar que se haría tambalear a un Gobierno para el que no hay más alternativa que la derecha y la ultraderecha. Esa es la baza que el Gobierno admite.

Una derrota del Gobierno pondría además en cuestión uno de los principales activos de los dos años de legislatura: la paz social. Fuentes del Ejecutivo explican que nada les ha dado más fotos positivas en estos dos años que los acuerdos con sindicatos y empresarios y aseguran que todo hubiera sido más difícil en este tiempo con protestas en la calle.

El futuro de Yolanda Díaz

Otro efecto político es el que tiene que ver con el futuro de Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo. Díaz está impulsando ya su proyecto electoral, por más que repita en entrevistas que no quiere ser candidata. Es sólo un argumento para ganar tiempo, pero que empieza a provocar incredulidad y sonrisas burlonas en otros sectores del Gobierno.

Díaz ha conseguido con ese acuerdo con sindicatos y patronal dar continuidad a su estrategia de redefinición de su imagen personal y política, pintando todo de transversalidad. Con esa estrategia ha logrado que grandes empresarios o banqueros hablen bien de ella y no generar el rechazo que podría corresponderle al liderar de facto el sector más a la izquierda del Congreso.

Ha logrado con su pragmatismo y posibilismo mantener en silencio a los sectores de Unidas Podemos que querrían otro acuerdo y que miran para otro lado para no constatar que se ha incumplido el pacto de investidura en favor del acuerdo con los empresarios.

Una impensable derrota del decreto en el Congreso reabriría esa pugna y quizás daría alas a los sectores más radicales de Unidas Podemos. Dos años después de la investidura, Pablo Iglesias, uno de los protagonistas esenciales de aquel día, ya no está en la política y han cambiado muchas cosas a la izquierda del PSOE. Y hay un Gobierno más estable de lo que se aventuraba entonces, aunque sea favorecido por el miedo a la alternativa ya descrito.

El presidente y su vicepresidenta se han garantizado llegar hasta el final de la legislatura y no es descabellado dar por hecho que si las derechas no suman en las próximas generales pueda repetirse la coalición de izquierdas. Entre otras cosas porque en ese escenario, de nuevo, los socios parlamentarios del Gobierno tendrían que elegir entre el Gobierno de coalición y la derecha y ultraderecha y volverían a la casilla de salida.

Casado, en contra

Tan trascendente sería esa derrota parlamentaria que Pablo Casado no ha resistido la tentación de aportar su granito de arena para que se produzca. Aunque su argumentario señala que la contrarreforma es mínima y a pesar de que hay acuerdo con las CEOE -organización en teoría próximo a sus electorado-, Casado no ha resistido la tentación de votar en contra, como ya hizo con las votaciones de los estados de alarma.

El líder del PP se ha quedado encallado en su posición de "cenizo" que pinta todo de negro y habla de "estado de bancarrota" en la economía española. Su baza sería esa derrota del decreto, aunque sea con independentistas y "proetarras" (según su terminología), y a continuación un triunfo en Castilla y León y Andalucía, encaminados hacia las municipales y europeas de 2023.

Sánchez está habituado a sobrevivir en situaciones difíciles, incluso se crece cuando está en el alambre. Algún día caerá, como sostiene uno de sus ministros, pero este no parece que será el momento, ni tampoco será esta la votación que lo propiciará.