JUSTICIA

Villarejo recusa a uno de los magistrados que le juzgan en la AN tras reconocer que se reunieron en 2014

  • El comisario reconoce el contenido de la información de El PERIÓDICO DE ESPAÑA sobre sus maniobras para exonerar al comerciante de armas que acompaña a Juan Carlos I.

  • Acusa al juez Echarri de falta de apariencia de imparcialidad por no informar a sus compañeros de la participación en un encuentro con el que trataba de buscar una "salida discreta" a los problemas judiciales de Abdul Rahman El Assir.

El juez Fermín Echarri.

El juez Fermín Echarri. / Jon Barandica

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha presentado un incidente de recusación contra Fermín Echarri, uno de los miembros del tribunal de la Audiencia Nacional que le está juzgando por las primeras piezas separadas del caso Tándem. Alega falta de apariencia de imparcialidad de este juez por no informar a sus compañeros de que, en 2014, habría participado en un encuentro con el expolicía en el que éste buscaba una 'salida discreta' a los problemas judiciales de Abdul Rahman El Assir, el comerciante de armas que últimamente acompaña a Juan Carlos I en Abu Dabi.

De este modo, el comisario reconoce la información publicada por El PERIÓDICO DE ESPAÑA el pasado 28 de diciembre en el que se da cuenta de las anotaciones que realizó en sus diarios personales sobre este asunto. Fuentes cercanas al magistrado Echarri niegan que este se reuniera con Villarejo para abordar el caso del empresario hispanolibanés.

En el escrito de recusación al que ha tenido acceso este diario se señala que Villarejo, al tener conocimiento de la información publicada, reconoce el hecho objeto de la misma si bien añade que no recordaba que el juez que en 2014 era el titular del juzgado de instrucción número 52 de Madrid, es el mismo que en 2022 forma parte del tribunal que le está juzgando por las piezas 'Pintor', 'Land' y 'Iron'.

Silencio al tratarse del emérito

"Al tratarse de otro asunto encargado por el CNI, vinculado una vez más con el Rey Emérito, nuestro defendido no tenía intención de sacarlo a la luz" señala en su escrito, si bien se ve obligado a ello para defenderse. Añade que el juez Echarri "tendrá una gran dificultad negando tales gestiones" puesto que otros participantes en la reunión de entonces, el juez el decano saliente de los juzgados de Madrid José Luis Armengol y su sustituto, Antonio Viejo, "fueron ambos informados del calado de la actuación" y ambos le presentaron ante el ahora magistrado de la Audiencia Nacional "como conocido y acreditado representante de la seguridad del Estado”.

Por esta razón, y siempre según señala el escrito de recusación, "este juez encargado del caso (...) aceptó el encuentro y puso en marcha las gestiones solicitadas" en el marco de una actuación sensible para los intereses nacionales."

Ello explica la razón por lo cual, la relación fue valorada por Villarejo como consta en la anotación que hizo el 8 de julio de 2014: "Fermín, Juzgado 52. Muy correcto y receptivo. Quiere volver a la A.N. [Audiencia Nacional]. Se ve muy relacionado con Armengol".

Presunto interés directo

Según Villarejo, que firma el escrito de recusación en su calidad de abogado, "presumiendo que el Ilustrísimo magistrado recurrido no hubiera comentado al resto del Tribunal, las actuaciones referidas", le afectaría la causa prevista en el punto 10 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al apreciarse un "claro interés directo o indirecto en la causa o, cuanto menos, un condicionamiento o toma de postura, lo que conllevaría una más que evidente falta de apariencia de imparcialidad subjetiva y objetiva en el recusado".

"Resulta cuanto menos llamativos los dotes premonitorios de nuestro defendido -añade Villarejo citándose a sí mismo-, que, con bastante antelación, predijo el destino final de la Audiencia Nacional donde terminó el ilustrísimo magistrado, ahora recusado".

Según añade, fue "a cambio de volver a la Audiencia Nacional, lo que ocurrió, se comprometió a mediar con Fiscalía y con la Abogacía del Estado y llegar a un acuerdo con El Assir a cambio de rebajar la cantidad de diez a tres millones de euros, lo que finalmente no sucedió por no conocer la filosofía árabe que obliga a negociar con el criterio de que 'ellos manejan el tiempo, por más que los occidentales tengamos los relojes' y no se le hubiera ofrecido un acuerdo previamente pactado".

Echarri, concluye Villarejo, "difícilmente puede justificar que olvidó, siendo Juez de Instrucción en Madrid, que participó, junto con nuestro defendido en una cuestión de la máxima sensibilidad, siendo avisado de que actuaba en nombre de la seguridad del Estado, realizando gestiones sugeridas por todos los que de una u otra manera intervinieron en el asunto que afectaba a El Assir, entre otros, nada menos que dos decanos de los juzgados de instrucción de Madrid". De haber informado al resto del Tribunal de tal actuación, lo que no consta a esta defensa, habría igualmente contaminado su objetividad, añade.

El 'problema' El Assir y la venta de armas

En cuanto al asunto de El Assir, Villarejo explica en su escrito efectivamente durante 2013 y 2014 a se le pidió actuar "en aquellos asuntos donde otros enviados del CNI habían fracasado" y uno de ellos era buscar una salida discreta al problema judicial que tenía el comerciante de armas El Assir, en el juzgado de Instrucción número donde era titular el juez Echarri.

El problema radicaba según manifestaba el propio El Assir, en que, se le había abierto una causa en España, por presiones de Francia, con la intención de que Suiza accediera a la entrega que en varias ocasiones se le había denegado, con ocasión de un sumario francés abierto por la sospecha de que pudiera estar relacionado con el atentado en Pakistán en 2002 del autobús que transportaba los ingenieros franceses expertos de submarinos nucleares, falleciendo 11 de ellos.

Villarejo continúa su relato señalando que, según el comerciante, "el gobierno del PP había cedido a las exigencias del juez antiterrorista Jean Louis Bruguiere y permitido que la abogacía del Estado iniciara una falsa causa por delito fiscal para que se acumulara a la acusación francesa y así presionar a las autoridades helvéticas. Pero ya le había advertido al emisario del director del CNI, que si terminaba en Francia hablaría de sus actividades en el comercio de armas en España, con unas pruebas que comprometían a altas instituciones del Estado.

"Efectivamente, nuestro defendido pudo comprobar durante uno de los numerosos encuentros que mantuvo en Suiza con el referido El Assir que guardaba documentación sobre operaciones de tráfico de armas en las que estaría implicada entre otras, la sociedad vinculada al Estado español, Alkantrara Iberian Exports".

La importancia de dicha documentación, según el comisario jubilado, radicaba en que se trataba de una empresa hispano-saudí, gestada en 1978 entre las casas reales de ambos países, "que se emplearía para intermediar en el negocio de las ventas de armas, con todas las connotaciones que ello podría conllevar en la sociedad española del siglo XXI".

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