El PSOE pedirá a Batet que habilite enero para aprobar cuanto antes siete nuevas leyes

Malas noticias para la costumbre parlamentaria. Enero, mes tradicionalmente tranquilo, dejará de serlo en 2022. El PSOE se va a dirigir a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que permita que haya trabajo en comisiones y en ponencias, según han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del grupo socialista. La idea consiste en avanzar en la redacción de siete nuevas leyes para aprobarlas en cuanto se reanude el calendario de sesiones del Congreso, a partir de febrero.

De esas siete, seis ya han dado algún paso de trámite parlamentario. Son la nueva ley de seguridad que acabe con la 'ley mordaza', la 'ley Zerolo' sobre igualdad de trato, la ley del 'sólo sí es sí' sobre garantía de libertad sexual, la ley de telecomunicaciones, la ley de Fondo de Sostenibilidad eléctrico y la de emisiones de CO2 al mercado. A estas se sumará la reforma laboral, actualmente un decreto, y por tanto, pendiente de que el pleno de la Cámara decida si lo convalida o deroga y si, en el caso de que sea validado, lo aborda como proyecto legislativo susceptible de recibir modificaciones.

Más lejos se divisan dos normativas fundamentales para el Gobierno, la ley audiovisual y la de memoria democrática. La segunda es la que se vislumbra más tempestuosa, ya que ninguno de los grupos aliados con PSOE y Unidas Podemos está conforme con la redacción actual, ni siquiera con las enmiendas conjuntas que han registrado los socios de la coalición. Pasa aquí algo parecido a la reforma laboral, cuyo contenido ha despertado más protestas que beneplácitos. El nivel de negociación se va a tornar muy exigente para los ministros y ministras de Pedro Sánchez.

"Un tiempo trepidante"

El Gobierno ha terminado 2021 con buen sabor de boca. Por alguna razón, hasta los puntos negros de la actualidad parece que no suscitan demasiada preocupación. Los argumentos que desgranan las fuentes socialistas tienen que ver con el contexto internacional y con el carácter coyuntural de los problemas. Si la luz vive en precios máximos, es por la situación del mercado a escala mundial. Si las cifras macro de la economía se contraen, es por la "extraordinaria incertidumbre global", en palabras del presidente (rueda de prensa del 29 de diciembre). Ambos remitirán con el tiempo.

Sánchez afirmó en su comparecencia de balance del año 21 que su Gobierno había logrado aliviar los duros efectos circunstanciales de la pandemia gracias a una serie de "políticas de renta". Por un lado, los ERTE y sus prórrogas, ya que han preservado un suelo de empleo que en un contexto de salud pública tan delicado posiblemente se habría hundido: y por otro, iniciativas como el Ingreso Mínimo Vital o el Salario Mínimo Interprofesional, que han reforzado el llamado "escudo social". España contó a finales de noviembre con 20 millones de personas ocupadas, una cifra que no se veía en las estadísticas desde 2008. El presidente está orgulloso.

El secretario general del PSOE se parece en muchas cosas a su antecesor, Mariano Rajoy, y es posible que sea consciente. Una de ellas, quizá la más importante, es su obstinación por construir una narrativa concreta sobre la gestión. Las prioridades de los medios de comunicación no coinciden casi nunca con las suyas. Esta obcecación por instalar un relato de logros le lleva, a veces, a mostrarse distante.

La rueda de prensa del miércoles fue un ejemplo, sobre todo cuando exhibió un gráfico sobre el precio de la luz con el que quiso explicar que las medidas de su Gobierno estaban surtiendo efecto. Chocó su versión con la realidad, como puso de manifiesto el índice adelantado del IPC publicado al día siguiente, el máximo en 30 años precisamente por los números récord de la factura eléctrica.

Pero, reconocen dirigentes de su partido, casi nada le apeará de su camino, que es el "impulso reformista". Las declaraciones más interesantes de Sánchez son las que esquivan los titulares, pero son las que le retratan. El miércoles pasado, en la solemnidad de la Moncloa, aseguró: "Debemos ser conscientes de que todas las naciones, desde hoy hasta 2030, todos los países del mundo, vamos a sentar las bases de nuestro progreso económico y de nuestro bienestar. Lo que no hagamos hoy, mañana puede ser tarde. Nos ha tocado vivir un tiempo trepidante y trascendente".

En consecuencia, superado el parón económico que provocaron las primeras olas de la pandemia, con el dinero europeo (10.000 millones de euros han aterrizado ya en el Tesoro) en manos españolas, toca acelerar "el impulso reformista". La primera fase abarcó la ley de cambio climático, la nueva ley de Formación Profesional, la del Ingreso Mínimo Vital, el SMI, la nueva ley educativa, la ley de eutanasia, la renovación del Pacto de Estado contra la violencia machista... Ahora toca la segunda, y no hay tiempo que perder, ha transmitido al PSOE.

Un pleno a finales de enero: ómicron y reforma laboral

El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha culminado el ciclo de adaptación al cargo tras relevar a Adriana Lastra. Sus jornadas son maratonianas. Tras completar la ronda de contactos con todos los demás homólogos, generalmente en encuentros cara a cara, en privado, ha iniciado una con los ministros y ministras. Bien en su despacho del Congreso, bien en los de los ministerio, ha visto ya a Teresa Ribera, Pilar Alegría o Diana Morant. Además, habla todos los días con Félix Bolaños, el titular de Presidencia y Relaciones con las Cortes.

El cometido que tiene por delante es mayúsculo. En coordinación con el propio Bolaños, el secretario de Estado Rafael Simancas, Lastra y los integrantes del Gobierno, intentará que los proyectos legislativos salgan adelante entre una maraña de reticencias. La interlocución con Unidas Podemos está funcionando, sobre todo entre los números dos de los grupos, Rafi Crespin y Txema Guijarro, lo que neutraliza potenciales diferencias. Los retos negociadores están en ERC, PNV, y EH Bildu. Los 24 diputados que suman estos tres grupos tienen la llave. En menor medida, Más País, BNG, Compromìs, PDeCAT o PRC.

Para ir ganando tiempo, el PSOE se dirigirá a la presidenta del Congreso para que habilite enero y puedan trabajar ciertas comisiones parlamentarias, indican fuentes socialistas. En la Presidencia de la Cámara no han recibido nada, pero dan por hecho que llegará la petición en próximos días, apuntan en el entorno de Batet.

Enero, mes inhábil por estar entre periodos de sesiones, suele resolverse mediante la Diputación Permanente. La presidenta tendrá que convocar una para tramitar solicitudes de comparecencia y otros debates que pueden zanjarse sin participación del pleno. No obstante, tendrá que convocar uno porque decretos como el de las mascarillas, y sobre todo, el de la reforma laboral necesitan convalidación o derogación antes de que pasen 30 días desde que se publicaron en el BOE. La última semana de enero, por tanto, pleno en el Congreso.

Para cuando llegue ese día, el Gobierno quiere tener aseguradas tres cosas: que el decreto de las mascarillas, así como otros que vengan con más medidas sanitarias ("inevitablemente los habrá debido a la evolución de la ola de ómicron", auguran las fuentes socialistas), sean convalidados y no supongan, por tanto, un golpe político; que el decreto de la reforma laboral sea también validado y que, si éste se tramita como proyecto de ley, se encuentre suficientemente hablado con los grupos parlamentarios de manera que el Gobierno pueda presagiar una negociación pacífica. Es sabido que los socios parlamentarios están en contra ahora mismo.

Las otras seis leyes

El PSOE quiere dar impulso a dos leyes sociales fundamentales para el presidente, la ley de igualdad de trato y contra la discriminación, "la ley Zerolo", y la de garantía de libertad sexual, más conocida como del "sólo sí es sí". La primera, de sello socialista, causó roces con Unidas Podemos; la segunda, de gestación muy larga en el Gobierno por las diferencias que tuvieron los ministerios de Igualdad, Justicia y Presidencia, parece ahora una apuesta conjunta. Serán prioritarias, y por ello, las ponencias o se crearán o avanzarán con velocidad en enero. La ley 'trans', a priori, aguarda a una tercera fase del impulso legislativo.

La Comisión con más carga de trabajo será la de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que preside un diputado del PP, Celso Delgado. La urgencia está puesta en la nueva Ley de Telecomunicaciones, si bien, antes de poner fin a las prórrogas de los plazos de enmiendas, el Departamento que dirige Nadia Calviño y los grupos socialista y de Unidas Podemos buscarán acuerdos conjuntos durante el primer mes de 2022.

Esta norma, que estimulará la propagación de tecnología 5G por el país, es seguida muy de cerca por Movistar, Vodafone u Orange, y no sólo porque les ponga un marco legislativo al negocio, sino porque está en juego la tasa que pagan para la financiación de RTVE. Tras ella, se producirá la tramitación de la ley audiovisual, y en paralelo, o más adelante, la de creación de empresas.

Otra Comisión que tendrá un primer trimestre de 2022 ajetreado será la de Transición Ecológica, que preside el representante de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde. Acabado el proceso de la nueva ley de residuos, a la que confirieron máxima relevancia por los plazos que exigió la UE y por la preferencia de las políticas medioambientales del Gobierno, los miembros de la Comisión trabajarán en la ley para la creación del Fondo de Sostenibilidad Eléctrica y en la de la retribución de las emisiones de CO2. Ambas están concebidas para reducir el precio de la luz. Es obvia la trascendencia que el Ejecutivo quiere dar a ambas.

La derogación definitiva de la 'ley mordaza' es otra norma de máxima prioridad por lo que tiene de simbólico. Al igual que la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, las fuerzas políticas de izquierdas ven en ésta una representación diáfana de lo que fue "la contrarreforma" de los populares, en palabras de Pedro Sánchez. La ponencia, en el seno de la Comisión de Interior, buscará conciliar las enmiendas conjuntas pactadas por PSOE y Unidas Podemos con las reivindicaciones de ERC o EH Bildu, que desean más ambición. Aunque habrá debates peliagudos, especialmente en lo que afecta a devoluciones en caliente, no se atisban focos de rebelión entre los aliados parlamentarios del Gobierno.

La reforma laboral será otra cantar.