Calendario judicial 2022

Carpetazo al emérito, revisión de ERES en Andalucía e indultos y más de Gürtel y de Villarejo en el arranque de 2022

  • La Justicia sigue sufriendo las consecuencias del bloqueo en la renovación del CGPJ, lo que impide nombramientos en un Tribunal Supremo que se asoma a la parálisis en salas clave. La de lo Social espera un alud de asuntos por el final de los ERTE y la de lo Contencioso resolverá asuntos que incidirán en el debate político como la revisión de los indultos del procés y recursos por las restricciones covid.

  • Dolores Delgado afrontará en febrero nombramientos clave en la Audiencia Nacional y las fiscalías Anticorrupción y Antidroga. En el Tribunal Constitucional está previsto un vuelco hacia un órgano progresista que también peligra por el bloqueo institucional.

Carpetazo al emérito, revisión de ERES en Andalucía e indultos y más de Gürtel y de Villarejo en el arranque de 2022
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El año judicial 2022 arranca con una situación inédita y que nadie esperaba hace un año, con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones desde diciembre de 2018 y la imposibilidad de realizar nombramientos en la cúpula judicial a raíz de una reforma exprés impulsada por el Gobierno de coalición. Entre las consecuencias, una situación insostenible en el Tribunal Supremo, por la imposibilidad de sustituir a los magistrados que se jubilan o abandonan el órgano.

En todo caso, la Justicia seguirá su curso en otros asuntos y en la agenda prevista destacan el carpetazo a la investigación al emérito, la revisión de asuntos como la condena por los ERES de Andalucía y los indultos a los líderes del procés

En la Audiencia Nacional se aproxima el final del juicio de otra de las piezas de la trama Gürtel en las que el PP está acusado como partícipe a título lucrativo (la de la corrupción en Boadilla del Monte), o la continuación de la primera vista contra José Manuel Villarejo mientras se siguen instruyendo la treintena de piezas que aún permanecen abiertas por los tejemanejes presuntamente mafiosos del comisario.

Una de las noticias previstas para las primeras semanas del año es el anunciado archivo de las investigaciones que la Fiscalía abrió al rey emérito Juan Carlos I, una noticia de la que se habla desde el pasado mes de octubre sin que haya sido desmentida por la Fiscalía General del Estado (FGE) de forma oficial. 

Tras la llegada de la última documentación que le restaba remitir a Suiza, que está a disposición de los investigadores desde mediados de diciembre, sólo está pendiente el análisis que realice Hacienda de estos papeles para archivar las tres diligencias abiertas: por comisiones derivadas de la construcción del AVE a La Meca, el uso de tarjetas de crédito opacas y la existencia de una cuenta en el paraíso fiscal de Jersey. Y ello a pesar de que las diligencias, que caducan cada seis meses, acaban de ser recientemente prorrogadas.

Entre los motivos para no judicializar finalmente estas pesquisas, lo que supondrá darles carpetazo definitivo, se encuentra el hecho de que Juan Carlos I fuera penalmente irresponsable antes de su abdicación en 2014; otras actuaciones habrían prescrito y las dos regularizaciones fiscales por cerca de 5 millones de euros que cierran la puerta a atribuirle la comisión de delitos fiscales.

Otro asunto pendiente en la Fiscalía General son nombramientos que deben efectuarse en los próximos meses en puestos entre los que se encuentran la Audiencia Nacional, la Fiscalía Antidroga y la Fiscalía Anticorrupción, cuyos titulares agotan en 2022 sus cinco años de mandato. En febrero corresponde a Dolores Delgado designar los primeros, mientras que la sustitución o permanencia de Alejandro Luzón en Anticorrupción debe decidirse en julio. Antes, las primeras semanas de enero, se elegirá al sustituto del recientemente fallecido Juan Ignacio Campos, número dos de la Fiscalía y que dirigía las investigaciones sobre el Juan Carlos I.

Asuntos pendientes en el Supremo

En el Supremo la Sala de lo Penal, que se salva de la falta de magistrados porque logró llevar a cabo varios nombramientos antes de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), tiene pendiente resolver, entre otros, los recursos presentados contra la sentencia de los ERES en Andalucía, que condenó entre otros a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves. La resolución del asunto, prevista para primavera, podría incidir en la precampaña de las elecciones autonómicas que se celebrará en Andalucía.

La que sí parece tener un problema si no hay nuevos nombramientos es la de lo Social que acumula más de 7.000 asuntos sin resolver a las puertas de que, el próximo mes de marzo, el fin de la prórroga de los ERTE por fuerza mayor vinculados al covid lleven a una situación crítica. Para ese momento, si no se ha renovado el CGPJ, a esta Sala le faltarán casi la mitad de sus 13 miembros entre jubilaciones y bajas de magistrados que se han ido al sector privado. 

La situación es similar en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que tiene entre sus asuntos pendientes la revisión de los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez y varias demandas de particulares y del sector de la hostelería sobre las restricciones impuestas por la pandemia de covid. Esta Sala es además la encargada, tras la creación de un recurso creado 'ex profeso' para el control de legalidad de este tipo de medidas tras el aval o prohibición que reciban de los respectivos tribunales superiores de justicia. 

En esta Sala del alto tribunal la realidad la situación no será crítica del todo hasta la primavera, cuando se jubilan los magistrados Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez y se corre el peligro de que algunas secciones puedan quedar sin el 'quorum' necesario para adoptar decisiones.

Gürtel, ETA, Villarejo y el 'Pollo' Carvajal 

En la Audiencia Nacional, órgano judicial en el que se investiga el terrorismo, la corrupción a gran escala y se decide sobre las extradiciones de presuntos delincuentes a otros países, proseguirá el juicio de la pieza separada del caso Gürtel sobre las actividades de la trama de Francisco Correa en Boadilla del Monte. De este municipio madrileño, considerado el epicentro de la red corrupta, era concejal de un partido independiente el abogado Ángel Galindo, quien promovió la querella de su cliente, José Luis Peñas, que logró levantar las alfombras de la corrupción en España, especialmente la del Partido Popular. También gracias al litigio desarrollado por Galindo este Consistorio madrileño logró recuperar la propiedad pública del Palacio del Infante Don Luis.

Esta vista oral se dirige contra 27 procesados y 13 personas jurídicas. Anticorrupción pide penas de 40 años y siete meses de cárcel para el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero y de 76 años y siete meses de prisión para Francisco Correa por los contratos adjudicados a la trama en este municipio madrileño. Dentro de Gürtel, el magistrado Santiago Pedraz debe decidir sobre la única pieza que queda en instrucción, la de las donaciones finalistas.

También en enero se retomará el juicio que se inició en la Audiencia Nacional por las tres primeras piezas separadas del caso Tándem sobre las actividades presuntamente delictivas del comisario jubilado José Manuel Villarejo, denominadas, Iron, Land y Pintor. Anticorrupción reclama una condena de 109 años para el presunto cabecilla del clan policial.

Asimismo, la Sala de lo Penal decidirá si ordena al juez Manuel García Castellón que siga investigando la denominada operación Kitchen por el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas. También el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tendrá que finalizar sus pesquisas del caso Púnica, en el que Esperanza Aguirre permanece imputada. En el apartado económico la Audiencia Nacional también podría finalizar las pesquisas sobre el hundimiento del Banco Popular.

Por su parte, Santiago Pedraz interrogará a una docena de exdirigentes de la banda terrorista ETA tras admitir a trámite una querella interpuesta por la Asociación Dignidad y Justicia para esclarecer un atentado que tuvo lugar en el año 2000 contra el juez Francisco Querol; contra su chófer, Armando Medina Sánchez; y contra el escolta Jesús Escudero García. Deberán comparecer ante el magistrado la exdirigente de ETA Soledad Iparragire, Anboto; el exjefe del comando Madrid, Gorka Palacios, a Ignacio Miguel Gracia, Iñaki de Renteria; Juan Carlos Iglesias, Gadafi; Javier García, Txapote; Juan Antonio Olarra, Jokin; Ainhoa Mugica, Olga; Asier Oyarzabal, Baltza; Mikel Albisu, Mikel An-tza; Vicente Goikoetxea, Willy; y Ramón Sagarzazu, Ramontxo.

En cuanto a las extradiciones, la Audiencia Nacional tendrá que decidir si accede a la entrega a Estados Unidos del exgeneral del ejército de Venezuela Hugo Armando Carvajal, conocido con el apodo de El Pollo, por su presunta vinculación con el clan de narcotraficantes conocidos como "Los Soles", que planearon inundar de cocaína Estados Unidos en un intento de desestabilizar el país. Carvajal, que llegó a fugarse de la Justicia española, asegura ahora que dispone de información relevante sobre la financiación de Podemos por parte del Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Sin embargo, la investigación del caso Tándem ha demostrado que el Pollo se puso en contacto con el preso de confianza del comisario Villarejo antes de denunciar la presunta financiación de la formación de izquierda.

TC y TJUE

En el Tribunal Constitucional recién renovado también se acumulan decisiones de las que se espera tener respuesta durante los primeros meses del año. Será el nuevo presidente, Pedro González-Trevijano, el que decidirá el momento en el que se incluyen el Orden del día del Pleno, siempre buscando, tal y como ha adelantado en diferentes ámbitos, acabar con la actual división de 'bloques' que se evidenció en las sentencias sobre los estados de alarma por covid y lograr la máxima unanimidad. 

En el horizonte de junio, una nueva renovación pendiente, que tiene previsto un vuelco hacia un órgano progresista -actualmente son siete los magistrados conservadores del total de doce que componen el órgano- que también peligra por el bloqueo institucional. La razón es que corresponde nombrar en esta ocasión al Gobierno y al CGPJ, y existen dudas de que el Ejecutivo de Sánchez pueda imponer a sus dos candidatos por libre mientras el órgano de gobierno de los jueces sigue sin poder hacerlo tras la última reforma.

Entre las cuestiones más candentes sobre la mesa del Tribunal Constitucional están dos de las ponencias ya turnadas a los nuevos magistrados, como son el recurso contra la ley del aborto, que ha correspondido por reparto al conservador Enrique Arnaldo; y el recurso contra la eutanasia, cuya propuesta a debatir por este órgano ha correspondido al progresista Ramón Sáez.

También está pendiente recurso por los juramentos atípicos que utilizaron algunos diputados del Congreso en el Pleno de constitución de la presente legislatura, también de Arnaldo; y los presentados contra la denominada 'Ley Celaá' en materia educativa, que tienen que redactar los conservadores Antonio Narváez y Ricardo Enríquez. En manos de magistrados progresistas --Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer- han recaído las ponencias sobre impugnaciones presentadas por el PP y Vox contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que es la que impide, precisamente, que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos.

Otro grupo de recursos pendientes son los presentados por algunos de los condenados por el procés independentista en Cataluña aún pendientes del resolver como es el exvicepresidente Oriol Junqueras, contra la condena dictada por el Supremo. La mayoría de las condenas han sido confirmadas, por lo que no se esperan sorpresas respecto a las que aún quedan por resolver.

A ellos hay que sumar los de la defensa del expresidente huido, Carles Puigdemont contra varias decisiones del Constitucional, como fue la que rechazó la recusación de los magistrados conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, así como otras peticiones referidas a la condición de europarlamentario de Puigdemont o las órdenes de búsqueda vigentes en su contra. Sobre este último asunto, también se espera respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a petición del propio Tribunal Supremo español.

Otros temas pendientes 

Otros asuntos que pueden tener relevancia informativa a lo largo del próximo año pasan por la celebración de vistas como la que tendrá lugar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del próximo 11 de enero para revisar la absolución del ex número dos de la Policía Nacional Eugenio Pino y al inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano por la entrega a la UDEF del denominado 'pendrive fantasma' con datos personales reservados y referencias a sociedades y proyectos empresariales para la causa que investiga a la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol.

Además, ya tiene fecha de celebración el juicio contra el líder de Más Madrid, Iñigo Errejón, por una presunta agresión, fijado para el 25 de enero. Para febrero está previsto que exista ya fecha para celebrar otro juicio en el que el ex comisario Villarejo acudirá como testigo, en el que se juzga a dos trabajadores contratados Dirección General de la Policía a través de la empresa Seprotec para traducir conversaciones incautadas en una investigación del Juzgado de Instrucción 5 de Fuenlabrada (Madrid) sobre un empresario.

Ya para el 20 de abril está señalado el juicio contra el exdiputado de Vox Carlos Hugo Fernández-Roca por un presunto delito de abuso sexual. Sin fecha concreta aún, el juicio contra el empresario Javier López Madrid y Villarejo por el acoso y agresión a la dermatóloga Elisa Pinto.

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