INHABILITADO
Alberto Rodríguez pide recuperar su escaño al terminar su condena
Considera que no hay motivo para que no se le devuelva una vez liquidada la condena

Alberto Rodríguez. / David Castro
Ángeles Vázquez / Cristina Gallardo
El exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez se ha propuesto que su pérdida del escaño por la condena que le impuso el Tribunal Supremo no quede ahí. Ahora, aprovechando que el alto tribunal ya le ha comunicado el cumplimiento de su pena, de mes y medio de prisión, que se sustituía por multa, ha pedido a la Junta Electoral Central (JEC) que le restituya el acta de diputado, según el escrito al que ha tenido acceso este diario.
Su abogado, Gonzalo Boye, ha decidido dar un nuevo paso cuando menos novedoso y ha solicitado a la JEC que una vez que el Supremo ha dado por liquidada la condena que se le impuso por dar una patada a un policía durante una manifestación ante la ley de educación del PP, en 2014, debe serle devuelto el puesto que perdió por ella.
Restitución
"Teniendo presente la inexistencia de norma legal o constitucional alguna que a usted (en referencia a la JEC) le habilite para privarme de mi cargo de diputado electo, le solicito tenga a bien, sin más demoras, restituirme en el mismo al no existir ya pena alguna pendiente de cumplir", señala Rodríguez.
El exdiputado de la formación morada aprovecha para quejarse también de que la condena quedó cumplida el 5 de diciembre, pero no se le notificó por el Supremo hasta el pasado día 23 en un auto fechado el día 20 y que firman todos los magistrados que formaron la Sala que le juzgó.
La restitución de un escaño a un condenado a pena de prisión no ha ocurrido nunca. Ni siquiera una vez cumplida la pena. No obstante, en su caso no plantearía problemas, porque ninguna de las personas que le seguían en la lista electoral aceptaron ocupar el escaño que había quedado vacante.
Rodríguez anunció en el propio juicio que llegaría hasta los tribunales europeos, si no era absuelto. El Supremo ya rechazó hace unos días anular el procedimiento, requisito imprescindible para que pueda acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
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