Sánchez y las comunidades evitan medidas duras para no dañar a la economía

La negativa coral a grandes restricciones, a excepción de las propuestas de País Vasco y Cataluña, lleva al Gobierno a aprobar sólo y sin unanimidad la vuelta a la obligación de mascarilla en el exterior

El actual decreto en vigor ya contempla que deba llevarse en la calle cuando no se pueda guardar un metro y medio de distancia

El Consejo de Ministros hará hoy una nueva redacción que sólo aporta que la obligatoriedad será absoluta y se fijarán excepciones para no tener que ponérsela en el campo o en la playa

Pedro Sánchez, en el Senado.

Pedro Sánchez, en el Senado. / JOSE LUIS ROCA

El enorme impacto que el confinamiento de marzo de 2020 tuvo en la economía española llevó al Gobierno al convencimiento de que, siempre que se pudiera evitar, no se repetiría. Desde que España dio los primeros pasos, antes del verano del año pasado, para volver a la normalidad el Ejecutivo se conjuró para mantener viva la actividad económica. Las sucesivas olas de coronavirus pusieron a prueba esa determinación. Pedro Sánchez dejó en manos de las comunidades todas estas decisiones con el argumento de que había que incidir en la cogobernanza. Impuso durante unos meses el toque de queda bajo el paraguas del estado de alarma. Pero en todo momento quiso que fueran las autonomías quienes acordaran posibles cierres. Algunas lo hicieron, otras como Madrid optaron por que todo permaneciera abierto.

El espectacular aumento de los contagios que ha supuesto la variante ómicron ha puesto a prueba esta teoría. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, establecer de nuevo limitaciones horarias para el ocio nocturna, restringir a 10 personas las reuniones o cerrar el ocio nocturno, quería que estas medidas duras se extendieran a toda España. Pero ni el Gobierno ni muchas comunidades han accedido. Nadie le resta importancia al incremento de infecciones pero la tesis es que la situación no es la de hace un año. Así lo defendió en su discurso el jefe del Ejecutivo en la reunión telemática de la Conferencia de Presidentes. "La variante ómicron se puede atacar con una dosis de refuerzo". "No estamos ni en marzo ni en diciembre de 2020", señaló.

En los prolegómenos de esta reunión varios territorios consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA apuntaban ya a sus reticencias a estas restricciones. Y ofrecían dos razones. Una, que no querían frenar la actividad económica. Y dos, que no se puede sobrecargar a los ciudadanos con más prohibiciones, la llamada fatiga pandémica. Todo esto sumado a los datos que se ofrecen desde la mayoría de las regiones: el aumento de los contagios no está suponiendo ni más hospitalizaciones ni más muertes. Pero al final si que el Gobierno anunció en la Conferencia de Presidentes una medida que no deja de ser polémica: la obligación de llevar mascarilla en el exterior que un Consejo de Ministros extraordinario aprobará este jueves, con algunas excepciones.

Pero hasta esta iniciativa, que habían pedido previamente siete autonomías, Castilla y León, Navarra, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco, también tiene un componente económico porque puede normalizar la presencia en la calle en las fiestas navideñas, sin temor a los contagios, y contribuir a no desincentivar el turismo ni actos multitudinarios como las cabalgatas de Reyes. La cancelación de este tipo de eventos queda en manos de las comunidades aunque el presidente abogó ayer abiertamente por su celebración. «Ya se celebraron cabalgatas el año pasado y no existían vacunas, creo que los niños españoles se merecen tenerlas este año», dijo.

Hace unas semanas cuando la sexta ola de ómicron golpeaba sólo a otros países europeos y no a España, el Gobierno aún confiaba en que nuestro país sería destino turístico, precisamente porque nuestra incidencia era menor, y que en todo caso la falta de viajeros internacionales se compensaría con el turismo nacional. La subida de los contagios ha puesto todo esto patas arriba y, sin embargo, el Ejecutivo, en consonancia con otros presidentes ha huido de restricciones en el interior de bares o restaurantes como propusieron el lehedakari, Iñigo Urkullu, y el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Urkullu hizo una serie de propuestas como un horario máximo de cierre de bares y restaurantes a la 1 de la madrugada; aforo al 60%; limitar también aforos en eventos sociales, culturales o deportivos; el consumo de no más de 10 personas por mesa; prohibición del consumo de pie; prácticas deportivas también sólo de 10; un horario comercial hasta las 21 horas con excepción de cenas en restaurantes hasta las 23.30 horas y la recomendación de que en comidas y cenas navideñas haya 10 personas y dos unidades familiares sin variar la composición.

Aragonès ya había pedido extender su propio plan y en la línea del lehendakari consideró que "la vacunación no puede ser lo único". "Si no tomamos medidas es una grave irresponsabilidad". De hecho fuentes del Govern defendieron después que fue una Conferencia de Presidentes "poco útil", que como dijo Urkullu la obligación de llevar otra vez mascarillas en el exterior la podía haber aprobado una comisión interterritorial de salud y que ambas cosas es "no hacer nada". El presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, también consideró "insuficientes" las medidas del Ejecutivo, y dijo, como el vasco y el catalán, que "existen motivos de preocupación por el aumento de los contagios".

La realidad fue que ni las autonomías del PP hicieron mucho ruido, que se centraron en dos cuestiones no vinculadas a la variante ómicron -la ley de pandemias y el fondo covid- y que sólo Isabel Díaz Ayuso puso reparos a la decisión de volver a llevar mascarilla en la calle. Algo que también hizo Lambán.

YA SE OBLIGA A MASCARILLA SI NO HAY DISTANCIA

De hecho, la obligatoriedad de llevar la mascarilla en exteriores siempre y cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas está en vigor desde el 26 de junio, desde hace medio año. El Consejo de Ministros, entonces, aprobó un decreto que modificaba una ley previa de marzo para flexibilizar el uso al aire libre. Los españoles mayores de seis años, desde entonces, pueden ir sin mascarilla por la calle salvo en los espacios en los que “por la aglomeración de personas no resulte posible” guardar dicha distancia y "salvo grupos de convivientes”.

Fuentes de Moncloa, preguntadas por esta aparente reiteración de una medida que entró en vigor en junio, explican que la regulación que el Gobierno aprobará este jueves “no tiene nada que ver al cambiar completamente el marco”. “Antes no había que llevar mascarilla salvo en los supuestos que recoge el decreto, pero con el nuevo decreto estaremos obligados a llevarla en cualquier circunstancia salvo en los supuestos que se concreten”, algunos de los cuales ya ha avanzado el presidente, recalcan dichas fuentes. 

Sánchez, en la rueda de prensa posterior a la Conferencia telemática con sus homólogos autonómicos, precisó algunas de esas excepciones a la obligación de la mascarilla: “cuando estemos haciendo deporte y también cuando estemos en espacios naturales, ya sea el monte, ya sea la playa y, evidentemente, cuando estemos solos o estemos con nuestra unidad familiar o con alguien que no sea de nuestra unidad familiar pero con una distancia de 1,5 metros".

Esta última salvedad es exactamente la misma que la contemplada en el decreto que publicó el Boletín Oficial del Estado el 25 de junio y que el Congreso convalidó el 21 de julio. Moncloa, en la nota de prensa que emitió ese día, explica así la norma: “Tal y como ha recordado la ministra de Sanidad, el Real Decreto por el que se flexibiliza el uso de la mascarilla es una regulación de mínimos, y exime de la obligatoriedad de llevarla sólo cuando, en espacios exteriores, se pueda mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros entre personas no convivientes. Para el resto de situaciones, la mascarilla será obligatoria".