La investigación del caso 'Kitchen' enfrenta al PSOE con sus aliados en plena recta final

Faltan dos días para que la comisión de investigación de la llamada "operación Kitchen" presente sus conclusiones y los partidos que forman la mayoría parlamentaria no están de acuerdo. El cisma afecta al PSOE y al resto de sus aliados, empezando por Unidas Podemos. El grupo que dirige Pablo Echenique ha compartido con la firma de su portavoz el documento que suscriben, además, ERC, EH Bildu, el Grupo Plural (representado por JxCat) y el Mixto (representado por la CUP).

Fuentes parlamentarias partícipes del acuerdo entre estas formaciones han expresado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA sus dudas por el papel que adopte el PSOE, que creen que buscará un marco de entendimiento con el PP y no aumentar el daño que le pueda infligir. Hace dos legislaturas, una comisión similar, aunque centrada genéricamente en la presunta corrupción que afectaba al Partido Popular, tuvo un cierre precipitado y algunos de los hoy aliados, sobre todo ERC, reprocharon a los socialistas cierta condescendencia con los populares. De hecho, no fue posible que aquella comisión, que presidió el diputado canario Pedro Quevedo, pactara un dictamen.

Temen las fuentes que ahora pase lo mismo, y usan como argumento la actitud del Ministerio de Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska cuando se le ha requerido determinada documentación relacionada con lo que ha investigado la Comisión. "Puntual e incompleta", dicen los grupos firmantes que ha sido la entrega de dicha información.

Preguntado por las críticas de los actuales aliados, el portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, quien ha sido además el portavoz de su grupo en la Comisión 'Kitchen, ha confiado en que durante las próximas 48 horas sea posible el pacto sobre las conclusiones, ya que la coincidencia es evidente en dos aspectos: "Ha quedado demostrado que el Ministerio del Interior, durante el Gobierno del Partido Popular, se usó para tapar la corrupción de la sede de Génova", ha dicho en rueda de prensa en Ferraz. Ha añadido que el mayor interés en que se persiguiera al extesorero Luis Bárcenas lo tenían "los máximos dirigentes" en aquel entonces, tanto Mariano Rajoy como María Dolores de Cospedal.

Las conclusiones en las que no está el PSOE

Además de las carencias en forma y fondo de la entrega de documentación por parte de la actual cúpula de Interior, los aliados de los socialistas que han consensuado ya sus conclusiones destacan que algunos de los comparecientes (por la comisión de investigación desfilaron Jorge Fernández, Díaz, María Dolores de Cospedal y Mariano Rajoy), durante sus intervenciones, "han faltado a la verdad", por lo que registrarán las consiguientes querellas por vulneración del Código Penal, en concreto del artículo 502.3, que es el siguiente: "El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses".

Que hubo una estructura policial bajo el "mandato" de Jorge Fernández Díaz destinada a sustraer documentación de Bárcenas, de funcionamiento similar a la que desarrolló la "Operación Catalunya", es otra conclusión, al igual que para ello se usaron los fondos reservados. De todo ello, así como de las presiones a la investigación del entonces inspector Manuel Morocho, fueron responsables políticos Rajoy, Cospedal y su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

La sensación de "impunidad" heredada de "regímenes anteriores" y la "deficiente" legislación sobre los gastos reservados serían argumentos que llevaron al desarrollo de las prácticas descritas, aunque también de otras como "la fabricación de pruebas" y la "discrecionalidad" de nombramientos concretos en la cúpula policial.

Los firmantes abogan por la implantación de un modelo de absoluta transparencia de las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado, de manera que sea un avance para su, dicen, "democratización". Además de una investigación profunda, reclaman la revocación de emolumentos y condecoraciones dados a mandos policiales afectados, y además, la remisión al Tribunal de Cuentas de los movimientos financieros descritos cara a la fijación de eventuales responsabilidades patrimoniales, incluidos los embargos.