Ayuso contraataca a la JEC: recurrirá la multa al Supremo y pide investigar la "filtración"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere ir hasta el final para evitar ser sancionada por infracción de la ley electoral. La Junta Electoral Central (JEC) acordó este jueves imponerle una multa de 960 euros por tres actos celebrados en abril, durante la precampaña del 4-M. Actos que vulneraron el artículo 50.2 de la norma, el precepto que protege la objetividad de los poderes públicos en los periodos previos a los comicios. 

Fuentes del entorno de la presidenta han informado a este medio que recurrirá a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, algo que contempla la legislación electoral. Esto mismo es lo que hizo Pedro Sánchez cuando fue multado con 500 euros por la misma infracción antes de las elecciones del 10 de noviembre de 2019. El Supremo no le dio la razón, y además, le obligó a pagar al PP, que fue el partido que denunció la infracción, las costas del proceso.

La Junta Electoral multa a Ayuso con 960 euros por tres infracciones de la ley antes del 4-M

Pero, además, las mismas fuentes han indicado que Ayuso se ha dirigido este viernes a la Junta Electoral Central para que haga una investigación interna con el fin de dilucidar quién o quiénes confirmaron la sanción a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Al escrito ha tenido acceso este medio.

Cabe recordar, en primer lugar, que la presidenta sabía desde el pasado mes de septiembre que la JEC había iniciado dos procedimientos sancionadores contra ella; sabía, también, y si no ella, sus servicios jurídicos, que el plazo de tramitación es de unos tres meses, aproximadamente. Plazo que vencía justo a mediados de diciembre. 

Asimismo, la Junta Electoral Provincial ya decidió en verano de este año multar a Ayuso exactamente con la misma cantidad, 960 euros, pero no se le pudo aplicar la multa porque sus abogados encontraron defectos de forma en los expedientes y los notificaron a la JEC. El máximo árbitro electoral los identificó y anuló los trámites de la Provincial, pero, a la vez, detectó indicios de infracción de la ley e inició dos nuevos. Estos son los que acaba de resolver. 

Incluso el pasado día 3, la presidenta madrileña fue ya informada de que los expedientes sancionadores habían llegado a su fase final. Las instructoras de los mismos se lo notificaron, así como la cuantía, 360 euros por un acto del 8 de abril de 2021 en la plaza de toros de Las Ventas y 600 euros por otros dos eventos los días 12 y 16 de abril. 960 en total. Como es preceptivo, le informaron de que disponía de un plazo de alegaciones, que la presidenta aprovechó. Su representación jurídica las envió a la Junta Electoral Central y el pleno del órgano analizó toda la documentación este pasado jueves. Y tomó la decisión.

Investigación interna por perjuicio a su imagen

Con fecha de este viernes, el escrito de Ayuso comienza haciéndose eco de la información que adelantó este medio sobre la sanción de 960 euros. “A quien esto firma no le consta que el pleno de la Junta Electoral Central haya aprobado una resolución al respecto”, afirma la presidenta para, acto seguido, destacar: “No obstante, el contenido de la información publicada es en gran medida correcto y, desde luego, coincide con el tenor de las dos propuestas de resolución previamente notificadas y sobre las que se presentaron el pasado viernes 3 de diciembre las correspondientes alegaciones”. A juicio de la dirigente del PP, “no debe resultar especialmente complicado detectar quién ha podido tener contacto con el periodista”.

Concluye que “la difusión de la noticia supone una infracción manifiesta de la reserva que pesa sobre cualquier expediente sancionador” y menciona la ley de Protección de Datos” y la Ley 19/2013 que “limita el acceso a la información que obre en poder de las Administraciones Públicas, en los casos en que suponga un perjuicio, entre otros, para ‘la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios y para ‘la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión’”.

Señala que la Junta Electoral Central, “a diferencia de lo que sucede en otros procedimientos sancionadores”, no está obligada ni puede hacer pública “la imposición de una sanción, y menos aún antes de que la conozca la interesada”. Refiere más leyes la presidenta de la Comunidad de Madrid, hasta la de la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Por todo ello, Ayuso ve “una irregularidad muy grave” la información porque cree que busca su “perjuicio” y la generación de “un ambiente en la opinión pública que haga imposible el efectivo ejercicio de su derecho al recurso ante los tribunales”. Cree, siempre según el escrito, que la actuación podría incurrir en tipos penales o en infracciones disciplinarias.

“Naturalmente, quien esto firma no tiene medios para conocer el origen de la información, pero la Junta Electoral Central sí conoce la identidad de los iniciados en la información y puede llevar a cabo las actuaciones necesarias para averiguar lo sucedido”, recalca. Juzga “imprescindible” una investigación interna por todos estos argumentos con el fin, precisa, de “averiguar la identidad del autor o autores de esta filtración interesada”.