OTRO BLOQUEO EN EL CONGRESO

El CNI lleva casi tres años y toda la legislatura sin someterse a control parlamentario

  • Es una comisión que para formarse requiere el visto bueno de 210 diputados; bastaría el acuerdo de socialistas y populares, pero es imposible por ahora por un veto cruzado

  • El PP se opone a que ERC y EH Bildu formen parte de una Comisión destinada a conocer y controlar información reservada y secretos oficiales

  • PSOE y Unidas Podemos se oponían a la entrada de Vox, pero fuentes socialistas apuntan a que éste ya no es un problema para ellos

Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, durante la entrevista

Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, durante la entrevista / José Luis Roca

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Del bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) habla todo el mundo. Del bloqueo a la constitución de la Comisión de Gastos Reservados del Congreso apenas se habla.

Las dos situaciones, sin embargo, se han atascado en una realidad similar. Tanto el órgano de gobierno de los jueces como el órgano parlamentario que recaba la información reservada del Estado remodelarán sus estructuras en cuanto socialistas y populares se pongan de acuerdo, pero no hay manera. Socialistas y populares lo van a intentar este mes, según indican fuentes parlamentarias consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. La última vez que se reunió la también conocida como comisión de secretos fue el 3 de marzo de 2019, es decir, no se ha reunido ni en la presente legislatura, ni en la anterior, que apenas duró unos meses.

De entre los matices que impiden el entendimiento, sobresale uno. La Comisión, que se conoce coloquialmente como comisión del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), ha de estar formada por un representante de todos los grupos parlamentarios, tal y como consta en la regulación aprobada en 2004. En la legislatura en curso hay 10. ERC es uno de ellos; EH Bildu otro; y Vox. En estas siglas está el problema.

Las fuentes parlamentarias consultadas subrayan que el PP se opone a que los independentistas catalanes y vascos accedan a una comisión que analiza materias sumamente sensibles, pues atañen a la seguridad del Estado. Puntualizan que Esquerra es una formación dirigida por cargos condenados por sedición. Remarcan que la formación abertzale mantiene vínculos evidentes con el entorno de ETA. Ambos hechos son lo suficientemente serios, arguyen dichas fuentes, como para permitir sendas presencias en la Comisión de Gastos Reservados.

Fuentes socialistas, por su parte, reconocen que han aceptado que estén todos los grupos, incluido Vox, lo que no siempre fue así. El grupo socialista espera que, en contrapartida, ceda también el PP.

Mientras no haya solución, persistirá el bloqueo. Sería grave que el Congreso esté una legislatura entera sin poder controlar el uso de gastos reservados ni analizar la información que maneja el Centro Nacional de Inteligencia, máxime cuando una Ley de 1995 obliga a ello.

Conscientes de la anomalía, las direcciones de los dos grupos han hablado en numerosas ocasiones sobre la idoneidad de constituir la Comisión. De hecho, según indican dichas fuentes, esta renovación aparentemente secundaria se ha integrado en el 'pack' de la renovación claramente prioritaria, la del CGPJ. Los interlocutores socialistas de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA confían en que haya avances la semana que viene.

Al igual que sucede con la renovación del órgano de gobierno de los jueces, la creación de la Comisión de Gastos Reservados necesita el visto bueno de tres quintos de la Cámara, es decir, de 210 diputados. En la aritmética parlamentaria actual, esta suma requiere de la unión de PSOE (120 diputados) y PP (88). En ello están.

Apuntes legislativos

Un repaso a las materias que trata la Comisión da una idea de su singularidad, así como de su relevancia. Es la estructura parlamentaria ante la que comparece el director o directora del Centro Nacional de Inteligencia. Asimismo, los ministros de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores están obligados a asistir para explicar qué destino dan a los fondos reservados. Esta partida representa casi 28 millones de euros del proyecto presupuestario del año que viene. 28 millones que el Congreso, mientras no constituya la Comisión, no podrá controlar.

Varios ejemplos: si España participa en una misión militar en el exterior en la que tiene que gestionar información estratégica, el Gobierno deberá dar las aclaraciones oportunas en dicha Comisión; si el CNI está embarcado en una operación que atañe a la seguridad del Estado, su responsable tendrá que hablar de ella aquí. Programas policiales que no pueden hacerse públicos, desarrollos militares que necesitan secreto para su culminación, seguimientos de casos como el de Corinna Larssen y el rey Juan Carlos... De hecho, en la legislatura 2016-2019 ya se habló de ello.

Además, si estuviera formada actualmente, es probable que algún grupo hubiera cursado ya la petición de explicaciones sobre los presuntos vínculos del Centro Nacional de Inteligencia con el excomisario José Manuel Villarejo.

GRAFCAN4495. La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó este domingo la isla de La Palma, en donde se reunió con el comité del Pevolca, habló con vecinos afectados por la erupción y tuvo la oportunidad de ver el volcán desde el mirador de Tajuya. EFE/ Elvira Urquijo A.

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Como las materias que abarca son sensibles, también lo es su regulación. Las reuniones son siempre a puerta cerrada, lo que se hable dentro no puede divulgarse ni difundirse y a los diputados que la forman sólo se les permite tomar nota. Nada más.

Pues bien, esta comisión va a cumplir tres años sin reunirse. La gravedad se desdobla. Además del mensaje político que trasciende, nuevamente el de la imposibilidad del acuerdo en un clima bronco y enrarecido, está el incumplimiento de la Ley 11/1995, reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados.

Los objetivos de la norma saltan a la vista nada más empezar a leer la exposición de motivos: delimitar el concepto y régimen jurídico de tales fondos dentro de la administración del Estado y establecer un canal de control parlamentario directo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acaricia a un perro en el acto de entrega de las primeras menciones de honor del mérito canino de la Guardia Civil

/ Europa Press/Isabel Infantes

Así, estarán obligados a comparecer periódicamente ante ella "los ministros que tengan a su disposición gastos reservados", que suelen ser los de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores. Fernando Grande-Marlaska, que es ministro desde el triunfo de la moción de censura en junio de 2018, y Margarita Robles, a quien le sucede lo mismo, llevan casi tres años sin dar las explicaciones oportunas.

Por si no ha quedado claro aún qué es un gasto reservado, la propia ley señala que son los destinados a sufragar "la defensa y seguridad del Estado", por lo que, dados su naturaleza, alcance y calado, "se caracterizan respecto a los demás gastos públicos por la prohibición de publicidad y por estar dotados de un especial sistema de justificación y control".

Estos retazos normativos trazan el contorno en el que chocan los intereses políticos de los grupos parlamentarios.

El papel de la Presidencia del Congreso

El problema está más o menos callado, pero ocasionalmente sobrevuela por la Presidencia del Congreso y por su órgano de gobierno.

Fuentes de la Mesa de la Cámara precisan que la anomalía se ha discutido en algunas sesiones, aunque hace ya varias semanas que la presidenta, Meritxell Batet, no promueve el debate o recuerda la carencia que para el Parlamento supone esta ruptura de la conexión con el CNI. Entre las principales funciones de su cargo, si no la principal, se encuentra la salvaguarda del reglamento y de las normas que lo desarrollan. Y por extensión, de las leyes.

Una opción a meditar es la modificación de la resolución de Presidencia que regula el funcionamiento de la Comisión de Gastos Reservados, de hace 17 años. Las fuentes de la Mesa consultadas la descartan, puesto que supondría naturalizar una anomalía.

Dicha resolución fue la que materializó las instrucciones de la Ley de 1995. Con un retraso de nueve años, el presidente del Congreso entonces, el socialista Manuel Marín, sometió al beneplácito de la Mesa y de la Junta de Portavoces una regulación que daba cabida a todos los grupos parlamentarios. La lista, de un diputado por cada uno de esos grupos, la debe aprobar el pleno por mayoría de tres quintos, es decir, de 210 señorías. Esto, en la aritmética parlamentaria actual, necesita al PSOE y al PP, de ahí la trascendencia de que el acuerdo sea, en primer lugar, entre ambos partidos.

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián (i) junto a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua (d).

/ EFE

Cuando en 2004 la resolución salió adelante, había ocho grupos, ERC entre ellos. Pudo formarse. Los catalanes, desde entonces, han sido asiduos de la Comisión. Durante la legislatura 2016-2019 su portavoz, Joan Tardà, fue quién más alto denunció la demora que sufrió la creación de dicho órgano, que finalmente vio la luz. No se reunió demasiado porque la legislatura terminó anticipadamente al convocar Pedro Sánchez elecciones.

En la legislatura en curso, hay diez grupos. Más que el número, influye el tipo de grupos. Mientras prevalezcan esas reticencias, la Comisión será misión imposible.

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