DEBATE EN EL CONGRESO

Ciudadanos cerca al Gobierno con las víctimas de ETA y le obliga a votar una nueva ley

La alianza parlamentaria del PSOE con EH Bildu contraría a parte del electorado socialista; PP y Cs quieren aprovecharlo

El anuncio del colectivo de presos de ETA de acabar con los 'ongi etorri' condicionará la sesión del Congreso

  • La formación de Inés Arrimadas defenderá este martes una proposición de ley sobre reparación de las víctimas del terrorismo, y entre sus novedades destaca una: sanciones hasta 250.000 euros por la organización de los homenajes a los expresos

  • Es una propuesta que Cs pide tramitar y negociar en el Congreso, hasta tal punto que si los socialistas votan en contra de la tramitación, los liberales darán por acabado cualquier intento de entendimiento

Vista aérea del hemiciclo del Congreso de los Diputados

Vista aérea del hemiciclo del Congreso de los Diputados / Europa Press/Marta Fernández Jara

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Durante el debate del proyecto presupuestario de 2022, la semana pasada en el Congreso, se produjeron momentos muy tensos por culpa de un asunto que no tiene nada que ver con los presupuestos. Tienen que ver con ETA.

En las redes no se viralizó una encendida defensa de las cuentas de un ministro o ministra, o de un diputado socialista. Tampoco corrió a toda velocidad por Twitter el vídeo con la más enconada crítica a los números del Gobierno. Lo que trascendió fue una disputa entre Odón Elorza, Guillermo Díaz y Vox... Por ETA.

El diputado de Cs reprobó el proyecto por estar impregnado de las propuestas de EH Bildu. Lamentó que la formación independentista vasca haya entrado en la ecuación de la mayoría legislativa. El exalcalde de San Sebastián y parlamentario del PSOE Odón Elorza salió minutos después a la tribuna para denunciar semejante crítica y proclamar que "ETA no está ya en el Congreso". Los que están, dijo, son "los franquistas", y apuntó a la bancada de Vox con la mirada.

Diez años después del anuncio del fin de ETA, el debate sobre ETA sigue. En el Congreso es habitual que los grupos progresistas y conservadores se enzarcen en unas trifulcas tremendas. La semana pasada, tras las palabras de Elorza, podría pensarse que acabó el cruce. Pues no. Díaz volvió a hablar y dedicó su tiempo a recordar testimonios de víctimas de ETA o de sus familiares en contra de acuerdos con EH Bildu. Y por si fuera poco: un diputado de Vox puso unos guantes blancos en la tribuna, lo que la Presidencia le obligó a quitar, y hasta la portavoz abertzale, Mertxe Aizpurua, no pudo evitar alusiones a la controversia. Criticó el tono de la derecha. "Ladran", llegó a decir.

Días después, el Congreso se prepara para más momentos de tensión y enojo. A instancias de Cs, autor de la iniciativa, el pleno debatirá este martes la toma en consideración de una proposición de ley que establece sanciones de hasta 250.000 euros a quienes promuevan o participen en actos que lesionen el honor y la memoria de las víctimas. Por expresarlo con otras palabras: acabar con los 'ongi etorri', los actos de recibimiento a presos etarras.

Trasfondo político

La empresa Metroscopia hizo un sondeo electoral entre finales de octubre y primeros de noviembre con motivo del segundo aniversario del 10N, la fecha electoral que consagró el primer Gobierno de coalición de España a escala estatal. Una de sus conclusiones más importantes apuntaba a la desmovilización de la izquierda, lo que achaca a la configuración de una red de pactos estables con formaciones como ERC y EH Bildu.

Según esta tesis, al PSOE le penaliza, de momento, esta nueva trama de apoyos externos. De propulsar su agenda legislativa con ayuda de partidos nacionalistas como CiU, PNV o Coalición Canaria ha pasado a impulsarla junto a siglas de sello independentista. Esto no gusta a un puñado considerable de electores y de potenciales electores. "Cerca de un tercio de sus votantes se refugia en la indecisión o en la abstención, un desencanto que explica en parte el actual desequilibrio entre los bloques", señala Metroscopia en su último estudio, al que ha accedido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Que los presupuestos de 2022 estén a punto de hacerse realidad (el proyecto ha superado con creces el trámite del Congreso al ser aprobado con 188 votos) gracias al respaldo de ERC o de la izquierda abertzale desconcierta en gran medida al sector socialista, en particular en comunidades de la mitad sur. Cuesta entender en federaciones del PSOE en Extremadura o en Andalucía que determinados acuerdos se sustenten en organizaciones denominadas en numerosas ocasiones con expresiones como "herederos de ETA" o "hijos de ETA", o directamente "filoetarras".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

/ EFE

PP y Cs saben que debatir sobre ETA en el Congreso, o por ser más preciso, sobre las víctimas de ETA, hace daño al PSOE. O puede hacerlo. Otro asunto es la pertinencia del debate, o la legitimidad del objetivo. Para los diputados socialistas, los partidos del centroderecha, de la derecha y de la extrema derecha tienen interés en realzar la polémica para patrimonializar las demandas de las víctimas, cuando no de obtener réditos políticos y/o electorales por ello. Para los diputados conservadores y liberales, se tratan de actos de justicia. Las víctimas no están siendo ahora bien tratadas, opinan en privado y en público, y por ello, abanderan y rivalizan por abanderar su causas.

La habilidad de Ciudadanos

El pleno del Congreso de esta semana comenzará con el debate para la toma en consideración de una proposición de ley de Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo. No hay nadie con un mínimo de experiencia en el Congreso, sea diputado, periodista o ujier, que no intuya un comienzo de sesión bronco. Argumentos originales, en el plano oratorio, no cabe esperar muchos, ni siquiera que sean originales; tampoco los de los partidos que acusarán de nuevo a la derecha de ensalzar un debate en el que no deberían existir partidismos o siglas.

Pero el texto de la iniciativa de Ciudadanos, que previsiblemente defenderá en la tribuna el portavoz, Edmundo Bal, sí tiene elementos novedosos. El más destacado es la articulación de un régimen sancionador. La formación liberal enumera una serie de infracciones antes de establecer la cuantía, y son:

  • Incumplir la obligación de poner una placa conmemorativa de la víctimas de ETA que sea natural del municipio.

  • No renombrar el callejero con los nombres de las víctimas que sean naturales del municipios.

  • Incluir en el callejero referencias directas o indirectas a actos terroristas, a sus autores o a sus cooperadores.

  • Incumplir la obligación de señalización de los monumentos de homenaje a las víctimas.

  • El deterioro deliberado de estos lugares.

En estos casos, y siempre con la graduación debida de la cuantía a imponer, la sanción oscilará entre los 2.000 y los 150.000 euros.

Asimismo, Ciudadanos incluye un supuesto más que acarrea multa: aquellos actos que, por su afectación a la seguridad ciudadana, supongan "menoscabo del honor y la dignidad de las víctimas". Sin mencionarlo explícitamente, se trata de una alusión a los 'ongi etorri'. La cuantía a imponer estará entre los 50.000 y 250.000 euros.

Esta propuesta, considerada la estelar por el grupo proponente, tiene visos de quedar completamente aguada. Este lunes, por medio de un comunicado, el colectivo de presos de ETA (EPPK) anunció que acabará con los recibimientos públicos a reclusos etarras excarcelados; los sustituirá por recepciones "discretas" en "el ámbito privado".

Ángel Altuna, víctima de ETA, en el monumento a las víctimas en Vitoria

/ José Luis Roca

Ni siquiera ha pasado una semana desde la aprobación de los presupuestos, que la derecha ha denostado por razones económicas y políticas. Entre las primeras, la falta de adecuación a la realidad; entre las segundas, la irrupción de EH Bildu como un acto más del respaldo. Ya sucedió con las cuentas vigentes, los mismos argumentos y los mismos protagonistas. Ciudadanos espera "retratar" a los socialistas con su propuesta. Les gustaría que su apoyo diera el visto bueno al trámite de la iniciativa, pero fuentes de la dirección del grupo parlamentario reconocen que las opciones de que ocurra son exiguas.

Punto de inflexión

Cuando el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, se puso en contacto con Edmund Bal hace un mes para sondear un posible apoyo de Ciudadanos al proyecto de ley, el portavoz de los liberales le puso una serie de condiciones, aunque una por encima de las demás. Antes de hablar, que el PSOE aceptara la toma en consideración de la proposición de ley sobre víctimas de ETA. No hubo respuesta.

Ciudadanos ha dejado claro que no piensa apoyar la norma de memoria democrática tal y como la quieren PSOE y Unidas Podemos, enmiendas incluidas. Las relaciones entre socialistas y "naranjas" es ahora mismo inexistente. Durante la tarde del lunes no hubo diálogo cara a la admisión a trámite. Ciudadanos, según sus fuentes, desea ante todo que haya tramitación; a partir de ahí está dispuesto a negociar cada punto de su propuesta, aunque sin deslucirla.

Si el PSOE cierra la puerta, Ciudadanos clausurará los puentes. No es que haya muchos entre ambos partidos, pero cerrará los que queden (en el Congreso sobre todo) y ejercerá una oposición constante. "Es un punto de inflexión: si el grupo socialista quiere negociar nuestra propuesta, el entendimiento podrá abarcar muchos campos; si no quiere, si la tumba, se habrá acabado cualquier apoyo de Ciudadanos para lo que queda de legislatura", sentencian las fuentes.

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