JUSTICIA
Podemos gana la primera batalla contra el 'Lawfare' con la condena al juez Alba por el caso Rosell
Pablo Iglesias celebraba este jueves la condena al juez Alba: "Irá a la cárcel el juez corrupto Salvador Alba que trató que organizar una operación de 'lawfare' contra Vicky Rosell", denunciaba en redes.
Imagen de archivo del juez Salvador Alba (i) y su abogado durante el juicio. EFE/Elvira Urquijo A.
Podemos celebra la victoria judicial contra lo que considera un caso de 'Lawfare', después de que el Tribunal Supremo haya ratificado la condena de 6 años y medio de prisión y 18 de inhabilitación de la carrera judicial al juez Santiago Alba por delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento público por perjudicar intencionadamente la carrera de la también magistrada Victoria Rosell, actual Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que tuvo que renunciar a ir en las listas de Podemos en las elecciones del 26 de junio de 2016 a causa de estas acusaciones.
La sentencia recurrida por Alba determinó que el juez empleó unas diligencias penales de investigación para introducir datos con la finalidad de perjudicar el prestigio de la anterior juez de instrucción Victoria Rosell. La causa abierta contra la entonces diputada de Podemos se inició a raíz de una querella del ex ministro de Industria, José Manuel Soria (cabeza de lista del PP por Las Palmas en las generales de 2015, al igual que Rosell); una causa en la que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Salvador Alba se reunió con un empresario para preparar la declaración en la incriminara a la juez de Podemos. Esta irregularidad ha llevado ahora a la condena firme al magistrado.
Podemos utiliza habitualmente el término "lawfare", que podría traducirse como "guerra jurídica", entendida como el uso de los tribunales con fines políticos para desactivar a los rivales.
Esta sentencia llega después de que Podemos denunciara hace un mes un caso de 'lawfare' en el caso de Alberto Rodríguez, al que le fue retirado el escaño después de que el Tribunal Supremo le condenara a 45 días de prisión y una condena complementaria de inhabilitación especial. Tras una pugna jurídica, la presidenta del Congreso, Meritxel Batet le retiró la condición de diputado, en lo que fue considerado por los morados como un caso de utilización política de la justicia, algo que el fundador de Podemos y ex vicepresidente de Gobierno, Pablo Iglesias, calificó de 'lawfare'.
Irá a la cárcel el juez corrupto Salvador Alba que trató que organizar una operación de lawfare contra @VickyRosell 👇🏻https://t.co/HoCPAcAdBR
— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) 25 de noviembre de 2021
El propio Iglesias celebraba este jueves la condena al juez Alba: "Irá a la cárcel el juez corrupto Salvador Alba que trató que organizar una operación de lawfare contra Vicky Rosell", denunciaba en redes.
"Ya es firme la condena al juez Alba por prevaricación, cohecho y falsificar pruebas contra mí. Cárcel y expulsión de la carrera judicial. Dedicado a todas las personas a la que dañó, que me mantuvieron viva y con fuerzas. Gracias", celebraba Rosell en las redes sociales tras cononcerse la sentencia.
Las reacciones en las filas de Podemos no se han hecho esperar, y la portavoz de la formación, Isa Serra, ha emitido un mensaje celebrando la resolución: "El juez Alba conspiró contra Vicky Rosell. Consiguió apartarla de la política tras su imputación y dañar su carrera. Era el objetivo del montaje mafioso contra ella", denunciaba la dirigente.
LA SENTENCIA
El alto tribunal considera acreditado que Alba con la finalidad de dar entrada en la causa de hechos relacionados con supuestas relaciones comerciales o empresariales que habrían existido con anterioridad entre uno de los investigados en la causa y la persona que había sido pareja sentimental de Victoria Rosell mantuvo una entrevista privada con uno de los investigados, entrevista en la que pactó introducir datos y documentos en el curso de una declaración cuya práctica acordó acto seguido para fechas posteriores.
La finalidad principal de dicha resolución, según el tribunal, “no era recibir declaración al imputado, lo que también tendría lugar, sino crear y aprovechar una ocasión para introducir en la causa aquellos datos que pudieran perjudicar el crédito o el prestigio de la anterior juez de instrucción”.
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