CASO TÁNDEM

El exjefe de Asuntos Internos pide al juez que investigue un supuesto plan de Villarejo para defenestrarle

Martín Blas reclama que se abra una pieza separada para ahondar en la llamada 'guerra de comisarios'

Comisario Villarejo

Comisario Villarejo / EFE

El exjefe de la Unidad Asuntos Internos (UAI) Marcelino Martín Blas ha solicitado al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Tándem que sume una nueva pieza separada a las más de 30 que componen esta macrocausa para investigar en una línea propia el plan que, según denuncia, habría orquestado el comisario José Manuel Villarejo para defendestrarle, precisamente, por las pesquisas que dirigía contra él.

En un escrito del pasado 20 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, Martín Blas solicita formalmente al Juzgado Central de Instrucción Número 6 que abra una pieza separada para indagar en los hechos que viene denunciando a lo largo de sus alegaciones en Tándem, apuntando ya que, en caso de que el magistrado acceda a tal petición, una a esta eventual pieza las agendas personales de Villarejo y las grabaciones que hacía de sus conversaciones con terceras personas.

Martín Blas indica que el objeto de esta nueva investigación deberían ser las supuestas maniobras de Villarejo para difamarle y apartarle con el objetivo de frenar las indagaciones que estaba llevando a cabo desde Asuntos Internos contra el ahora policía jubilado en el contexto de lo que se ha venido a llamar 'guerra de comisarios'.

En este sentido, Martín Blas recuerda que, "primero desde la Unidad de Asuntos Internos y luego desde la Comisión Judicial del Juzgado de Instrucción Número 2 de Madrid, investigó y denunció dichos ilícitos de la organización criminal inserta en la cúpula de la Policía que precisamente cometían, entre otros, delitos de descubrimiento y revelación de secretos y blanqueo de capitales, sufriendo todo tipo de represalias".

El otrora responsable de la UAI hace esta petición con motivo de un informe policial emitido en octubre de 2020 en el marco de la pieza 7 -relativa al presunto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas en la 'Operación Kitchen'- que plasma el material intervenido en una entrada y registro en el domicilio del socio de Villarejo, Rafael Redondo. Martín Blas llama la atención sobre una carpeta denominada 'Party' que contiene información registral y empresarial sobre él y su entorno personal y familiar y que se habría obtenido en 2016 como parte de una investigación de CENYT, el grupo empresarial de Villarejo. A su juicio, "es evidente el carácter intimidatorio" de este material.

"Aniquilación personal"

Además, subraya que "ha tenido conocimiento de la existencia de mucho más material documental relativo a los graves hechos denunciados" por él, un conjunto de archivos del que destaca las agendas y grabaciones de Villarejo, donde "se hacen múltiples referencias a Martín Blas, las investigaciones policiales que realizaba, cómo obstaculizarlas y acosarle, y los intentos para neutralizarle".

Ello le lleva a pensar que "existe mucho mas material que obra en manos de la Unidad de Asuntos Internos que pondría de manifiesto las maniobras de obstrucción a la Justicia de la organización criminal objeto del presente procedimiento para impedir las investigaciones dirigidas por Martín Blas, consistentes en su acoso y aniquilación personal y profesional, interponiendo denuncias falsas y orquestando junto a periodistas campañas de difamación".

En este contexto, el también comisario recuerda dos pesquisas importantes que realizó en torno a la figura de Villarejo, una relativa a la 'Operación Emperador' y otra sobre las supuestas filtraciones de 'Gürtel' a una agencia de detectives, un asunto que dio lugar al 'Informe Colombo', el cual apunta que se remitió a la Fiscalía pero no se llegó a investigar. Así las cosas, Martín Blas lamenta que, pese a sus reiteradas denuncias sobre el supuesto complot en su contra para neutralizar sus averiguaciones sobre Villarejo, "el Juzgado Central de Instrucción nada hace por instruir los graves hechos" expuestos, estimando que con ello se vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva.