El Gobierno aparca por ahora la ley de memoria para centrarse en la agenda económica

La tramitación de la

ley de memoria democrática

tendrá que esperar. Al menos, unas semanas, pero quizá sea mucho más tiempo. El Gobierno no tiene en absoluto asegurada su aprobación por la falta de apoyos parlamentarios, y en concreto por el choque total con

ERC

. Por el momento, el Ejecutivo prefiere centrarse en su agenda económica y en sacar adelante los compromisos contraídos con Bruselas, y deja el proyecto de ley de memoria para más adelante. Eso sí, promete no renunciar a él: no lo guardará en un cajón, ni lo paralizará, seguirá su tramitación "normal", sin que ponga el énfasis en él de aquí a que concluya 2021. En ERC reconocen que "sugirieron" al Gabinete de Pedro Sánchez que enfriara el debate porque de lo contrario no tenía posibilidades de prosperar.

El Gobierno tiene fijadas tres "prioridades" de aquí a final de año, incidían este martes fuentes de la Moncloa: culminar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, del cambio en el sistema de pensiones y de la reforma laboral. Esos son los tres objetivos marcados en rojo, y dos de ellos los tiene encarrilados. Las cuentas saldrán del pleno del Congreso esta semana sin sobresaltos —este martes amarró el acuerdo con ERC, que consiguió que el 6% del catálogo de las grandes productoras audiovisuales tenga que estar en lenguas cooficiales—, y la

reforma de las pensiones

ya está también cerrada con los republicanos y con PNV después de que se alcanzara el acuerdo con los sindicatos la pasada semana. La nueva legislación del mercado de trabajo está todavía en la mesa del diálogo social, y el Gobierno tiene como reto que la patronal entre en el consenso. El ministerio de

Yolanda Díaz

aún tiene unos días más de margen para cerrar la reforma, antes de que traducirla a un real decreto ley que el Congreso habrá de convalidar en un plazo máximo de un mes desde su publicación en el BOE.

Esas tres "prioridades" ya están "encarriladas", a juicio de la Moncloa. Pero no lo está aún la ley de memoria. El pasado miércoles se cerró el plazo de presentación de enmiendas parciales, de modo que el siguiente paso debiera ser la convocatoria de la ponencia, discusión en la que participan todos los partidos. Después, su informe se elevaría a la comisión, para integrar las modificaciones parciales en su dictamen, y este se aprobaría por el pleno antes de viajar al Senado. Pero PSOE y Unidas Podemos pueden estirar los tiempos.

Fuentes de la dirección del PSOE en la Cámara baja confirman a este diario que, de momento, no se avanzará en el trámite parlamentario. No antes de final de año. Al menos, esa es la instrucción a día de hoy. Desde el Ministerio de la Presidencia, que lidera Félix Bolaños, se subraya que no hay una "paralización" de la ley ni esta se guarda en ningún cajón: se sigue la "tramitación normal", aunque admiten que no está fijado aún el siguiente paso, la designación de los ponentes y el arranque de las deliberaciones entre los grupos para la incorporación de cambios al articulado. "Digamos que ahora el texto inicia su curso parlamentario, y no se pospone ni se aparca definitivamente la ley, aunque somos conscientes de las dificultades para sacarla adelante, están ahí", explican fuentes gubernamentales. Eso sí, insisten desde la Moncloa en que la "prioridad" está puesta en las leyes económicas, de las que depende la recepción de los fondos europeos. De hecho, antes de fin de año el Consejo de Ministros pretende remitir al Parlamento la nueva ley audiovisual, una vez que se ha alcanzado el acuerdo con los republicanos.

"Hemos sugerido que metieran en 'stand by' la ley de memoria, porque si no, no salía", apuntan por su parte desde la dirección de la formación independentista catalana en la Cámara baja. No obstante, los importantes escollos se mantienen: "Si no se mueven, no hay opciones".

ERC: "No podemos legitimar esta nueva trampa"

Socialistas y morados pactaron la semana pasada una treintena de enmiendas, pero no satisficieron en absoluto a ERC, el principal socio de legislatura del Gobierno, junto con el PNV. Los republicanos insisten en que la ley ha de declarar ilegal el franquismo, y que tenga efectos jurídicos, y en que se ha de modificar el artículo 2 de la ley de amnistía de 1977, la que permitió la "impunidad" de los represores de la dictadura. No renuncian, al menos por ahora, a ninguna de las dos peticiones. El Gobierno, sin embargo, remarca que su línea roja es precisamente la norma de 1977, porque fue una conquista de la izquierda en la Transición, y justo con una de las enmiendas pactadas entre los dos miembros de la coalición se buscó orientar la interpretación de los tribunales, al advertir de que la ley de amnistía ha de leerse conforme a lo estipulado en el Derecho internacional, que estipula que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura "tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.

ERC ya votó en contra de la ley de memoria histórica que impulsó el Gobierno de

José Luis Rodríguez Zapatero

en 2007, y asegura que está dispuesto a hacerlo ahora con el proyecto del bipartito: el texto actual, afirmaba el principal negociador de ERC, el exdiputado Joan Tardà, es "un maquillaje de la de hace 14 años y se queda en la epidermis". "Durante todo este tiempo hemos denunciado esta vergüenza. Nos dijeron que éramos unos radicales. Estamos convencidos de que buena parte de la banalización de los derechos humanos que hay hoy en día, incluso del auge del fascismo, tiene que ver con que no se ha cerrado bien el franquismo. No podemos legitimar esta nueva trampa", apuntó el exportavoz de ERC en la Cámara baja en una entrevista en

El Periódico de España,

diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica.

El Gobierno, en cualquier caso, entiende que ahora urge sacar adelante medidas para la "dinamización de la economía" y cumplir con los compromisos contraídos con Bruselas en el plan de recuperación para la liberación de los fondos europeos. A fin de cuentas, en la Moncloa y en el PSOE siguen insistiendo en que la tendencia desfavorable a Sánchez en las encuestas (salvo el CIS) se logrará revertir en los dos años que quedan de legislatura gracias a que el rebote económico acabará sintiéndose en el bolsillo de los ciudadanos.

"Buscar huecos"

La ley de memoria, no obstante, es uno de los grandes proyectos para la coalición, y si finalmente naufragara sería un fuerte varapalo. Sobre todo en el terreno simbólico, porque la supervivencia del Ejecutivo está asegurada con la aprobación de los Presupuestos de 2022. Es una norma icónica para

PSOE

y Unidas Podemos, pero también nuclear para ERC, lo que dificulta las cesiones. Al menos por ahora.

El Gobierno no ha dado orden, como confirman fuentes parlamentarias, para que arranque el debate en ponencia del proyecto. Quien tiene que activar el proceso es el presidente de la Comisión Constitucional, el socialista Patxi López. El órgano del Congreso tiene por delante la finalización de los trabajos de la subcomisión del voto rogado y tendría que "buscar huecos" para introducir la discusión. La mesa de la comisión, además, está controlada por PSOE y

Unidas Podemos.

"No creemos que interese a nadie meterse en una pelea para que no salga nada", reflexionan desde la dirección del partido.

Para el Ejecutivo, no obstante, el dato clave de este martes es que los PGE de 2022 ya están asegurados, lo que allana la legislatura para el presidente. Serán las segundas cuentas que el Gobierno apruebe, dijo tras el Consejo de Ministros la portavoz,

 Isabel Rodríguez

, "en tiempo y forma", dando respuesta a las necesidades de protección social, transformación económica, empleo de calidad y cohesión territorial que a su juicio el país requiere tras sufrir el zarpazo del

covid

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