Presidentes del PSOE y del PP piden que la financiación dé más peso al gasto en sanidad tras el covid

El descontento de las comunidades de la llamada España vaciada va mucho más allá de la reclamación para que la reforma de la financiación autonómica tenga en cuenta la dispersión y en el envejecimiento de la población, en el reparto de dinero. El foro de Santiago, que ha reunido este martes a ocho presidentes autonómicos, de PP y de PSOE, más el regionalista, Miguel Ángel Revilla, se ha saldado con un documento muy explícito en temas financieros, pero ha incluido también una larga lista de demandas al Gobierno.

En concreto, a lo que se comprometió María Jesús Montero fue a presentar este noviembre de 2021 el criterio de población ajustada, la base del nuevo modelo de financiación autonómica, y que pretende corregir la financiación por habitante con variables sociodemográficas y geográficas. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró este martes tras la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, que Hacienda "está trabajando" en el concepto y, dado que "aún no ha terminado el mes de noviembre", el Ejecutivo está "en tiempo de poderla avanzar", informa Juanma Romero desde Madrid.

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La reunión ha convocado en Galicia, con Alberto Núñez Feijóo como anfitrión, al también popular Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), a los socialistas Adrián Barbón (Asturias), Javier Lambán (Aragón), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Concha Andreu (La Rioja) y Guillermo Fernández Vara (Extremadura) y al presidente cántabro Revilla, que representan a un 24,13% del total de la población española en una superficie global del 61,97% .

El texto habla de "emergencia demográfica" y pide la creación de un fondo específico de carácter estatal para paliar las desventajas de las zonas con caída de la natalidad, envejecimiento de la población y dispersión. También que el Ejecutivo de coalición cumpla su compromiso de universalizar el acceso a la educación de 0 a 3 años, para favorecer la conciliación familiar y laboral, que propicie el retorno de los españoles en el extranjero y el regreso de ciudadanos de las zonas urbanas las rurales, que ha acentuado el covid, entre otros asuntos.

Según ha dicho Lambán, es un intento de frenar el "abandono de la España interior" porque financiación y despoblación "son dos caras de la misma moneda". En este sentido hacen un llamamiento a un acuerdo global, del Gobierno con el PSOE y el PP, que ellos dirigentes de colores políticos distintos, han sido capaces de suscribir. Reclaman que se pueda llegar a un "consenso multilateral" en el seno del Consejo de Política Financiera y Fiscal. Hoy, ha señalado Feijóo, "no es noticia la bronca sino el acuerdo y el diálogo".

Justo cuando el Ministerio de Hacienda está a punto de presentar el nuevo criterio de población ajustada, la declaración del Foro de Santiago aboga porque se atienda no sólo el peso del gasto por habitante sino el coste real de los servicios, en base a la densidad, la propia orografía, la baja natalidad o el envejecimiento que "debe cuantificarse de forma completa y ponderarse en mayor medida que en el actual sistema", tanto en sanidad como en educación y servicios sociales. Además hace una propuesta concreta sobre sanidad, que supone reformular la petición de la mayoría de autonomías de que el Gobierno consolide el Fondo Covid, que ha supuesto un chorro de ingresos adicionales.

Demandan que la sanidad pública y la "dinámica de crecimiento de gasto" ocasionada por la pandemia "todavía vigente" sea objeto de un "análisis especial" en la negociación. "El peso de la sanidad en el sistema debe adecuarse al gasto real de las comunidades, incluidos los gastos estructurales que ha dejado la pandemia". Y debe valorar, prosiguen, la atención en función de los grupos de edad, no sólo ya mayores de 65 sino también mayores de 85. El documento plantea además una revisión periódica del gasto sanitario para garantizar su suficiencia, teniendo en cuenta todos estos indicadores.

También solicitan que se haga realidad la cogobernanza del Ejecutivo y las regiones con "una mayor capacidad de decisión" en la asignación de los Fondos Next Generation de la UE y que se cumpla el compromiso de que el 50% del total se destinen a las comunidades autónomas.

Ha sido una dura negociación para acordar un texto común, que el Gobierno no interprete como una afrenta pero que recoja la defensa que todos hacen de sus territorios, frente al peso de la España del arco mediterráneo, más poblada -Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares- y la singularidad, por distintas razones, de Madrid y de Cataluña. Precisamente, la suspicacia que genera en muchas regiones, también socialistas, la negociación con ERC, en la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, ha llevado a incluir que el nuevo modelo de financiación debe " respetar la igualdad de todos los españoles" y "rechazar privilegios económicos o sociales".   

Pero no ha sido posible incorporar todas las propuestas. Cantabria había propuesto introducir el rechazo del tratamiento que el Ministerio de Transición Ecológica ha dado al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial pero no ha habido consenso suficiente. Por eso el documento contiene una adenda final, que no han suscrito ni La Rioja ni Extremadura -los más críticos con que hubiera referencias explícitas en contra del Gobierno- en la que se pide al Ejecutivo que "recupere los espacios de consenso y diálogo" en este asunto y respete los planes de gestión regionales y se da apoyo a la ganadería extensiva, fundamental en las zonas rurales, y que amenaza este mamífero carnicero.

La reunión ha servido también para, en línea con la defensa de la España interior, advertir de que la proliferación de partidos provinciales, basados en injusticias territoriales como Teruel Existe, puede profundizar en la actual fragmentación del Congreso. Según Lambán eso supondrá "más atomización" y "más inestabilidad".

La respuesta del Gobierno

 El Gobierno de Pedro Sánchez, que había observado con ciertas reservas iniciales el foro de Santiago, finalmente le dio su bendición. Y es que sus cinco presidentes concernidos ya advirtieron de que irían para defender sus intereses y de que no tolerarían que se convirtiera en un "frente" contra el Gobierno. "Valoramos positivamente que haya habido presidentes de comunidades autónomas que manifiestan cuáles son las singularidades de sus territorios. Ahora bien, han de ponerse de acuerdo, debemos ponernos de acuerdo con aquellos otros territorios que tienen diferentes circunstancias", declaró ayer la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

La también ministra de Política Territorial. subrayó que el actual sistema se aprobó en 2009 y caducó en 2014, de modo que es una "cuestión pendiente", "es de las reformas que sí o sí es preciso afrontar", aunque para ello se requiere un "previo consenso". 

La portavoz saludó el "esfuerzo" de los ocho presidentes para ir "allanando ese camino de posibles vías de acuerdo y de consenso, manifestando las posiciones que tienen como consecuencia de la singularidad de los territorios a los que representan". Es decir que la cumbre de este martes hay que valorarla en un "ámbito de normalidad en las relaciones institucionales de los gobiernos autonómicos" que puede ayudar a "fijar esos consensos previos" a la reforma del modelo. Además, el Gobierno cree que los puntos de la declaración conjunta coinciden con los "principios inspiradores" de la Constitución, "que tienen que ver con la solidaridad de los territorios y con la igualdad de los españoles, vivan donde vivan, y con la garantía de esos servicios básicos".