Teresa Rodríguez culpa al Gobierno de la crisis del metal en Cádiz y aleja el acercamiento con Yolanda Díaz

Si hace unas semanas Teresa Rodríguez se ofrecía a Yolanda Díaz como una posible aliada a la izquierda del PSOE para construir su candidatura, este lunes la líder de Adelante Andalucía se ha alejado del perfil conciliador, señalando directamente al Gobierno como el culpable de la crisis del metal que tiene lugar en Cádiz, y después de los incidentes que se han producido en las últimas horas por la huelga de los trabajadores siderúrgicos de la provincia.

"El Gobierno es propietario de Navantia, parte de Alestis y de Airbus, es responsable de gran parte de la carga de trabajo y de la inspección laboral que permite jornadas de 12 horas de lunes a domingo", denunciaba la diputada andaluza en redes sociales en un mensaje que acompañaba con un vídeo donde se podía ver una tanqueta con un camión de agua de la Unidad de Intervención Policial (UIP). "Esta es su intervención en el conflicto del metal", añadía.

La dirigente andaluza ha trasladado su apoyo total a los trabajadores de la provincia, que mantienen la séptima jornada de huelga indefinida después de que descarrilara el acuerdo sobre el convenio colectivo con la patronal. Pero, además criticaba la actuación del Ejecutivo, del que Unidas Podemos forma parte, afeando que empresas como Navantia, de capital 100% estatal, permitiera las condiciones laborales contra las que se ha organizado la huelga. También cargaba contra un elemento especialmente sensible para los morados, la Inspección de Trabajo, dependiente del departamento de Yolanda Díaz.

Esta dura postura contra el Ejecutivo llega en un momento especialmente delicado en Andalucía, donde se da por hecho un adelanto electoral y donde las fuerzas a la izquierda del PSOE están más fragmentadas que en ningún otro lugar, con la presencia de Adelante Andalucía, Más Andalucía y Unidas Podemos por Andalucía. Una situación que ha llevado a la propia Rodríguez a tender la mano a la vicepresidenta segunda del Gobierno para explorar una posible alianza en el frente amplio en el que trabaja la también ministra de Trabajo.

La dureza de las acusaciones vertidas este lunes por la dirigente andaluza hacen aún más difícil un acercamiento ya de por sí complicado, puesto que la tradicional postura de Rodríguez ha sido el rechazo a cualquier pacto con el PSOE, con el que Díaz comparte Consejo de Ministros.

En el mismo sentido se expresaba el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, otro de los principales dirigentes de Adelante Andalucía, que se solidarizaba con los trabajadores por "las condiciones precarias e inestables en un sector del metal que pelea ahora por un convenio digno y contra los recortes en derechos". El regidor aprovechaba también para criticar al Ejecutivo de coalición: "La respuesta del Gobierno no es un plan de industrialización, no es una alternativa al desempleo estructural de esta tierra, no es, siquiera, una reunión, como tantas veces hemos solicitado para abordar una situación insostenible. Sino que la respuesta es tanquetas y cargas..", censuraba.

UN ASUNTO SENSIBLE

El empleo en la provincia de Cádiz siempre ha sido un asunto sensible para Unidas Podemos, que tradicionalmente siempre ha estado del lado del trabajador. En 2018, cuando se produjo una huelga similar en la ciudad andaluza, Yolanda Díaz, hoy vicepresidenta del Gobierno, mostró abiertamente su apoyo a la causa, alegando que los trabajadores estaban "en huelga contra la precariedad laboral para exigir que se cumpla el convenio colectivo. Seguimos defendiendo en las calles los derechos laborales", aseguraba.

Ahora, con los morados en el Gobierno, la postura se ha suavizado. Unidas Podemos ha impulsado en el Congreso de los Diputados una declaración institucional que, lejos de la beligerancia de otros tiempos, muestra un apoyo más contenido a los empleados del sector.

Esta propuesta de declaración, enviada a todos los grupos parlamentarios para recabar sus apoyos, llama a la patronal y a los representantes de los trabajadores a que sigan negociando para llegar a un "acuerdo beneficioso" para la provincia de Cádiz, que permita "reactivar la actividad productiva del sector industrial y garantice la calidad de vida de sus trabajadores", al tiempo en que "reconoce asimismo el derecho de huelga y los derechos concomitantes de manifestación y reunión", con un apoyo a las movilizaciones que en esta ocasión, a diferencia de otras, es implícito.

Asimismo, los morados llaman en ese manifiesto a "todas las instituciones públicas a tomar medidas para garantizar y aumentar la producción industrial en la provincia de Cádiz (...) para llevar a cabo una modernización de nuestra economía y garantizar empleo de calidad para decenas de miles de familias y como apuesta de futuro alineada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia".

En rueda de prensa en el Congreso, Pablo Echenique ha asegurado que hay "acuerdo con el PSOE" en el fondo de esta cuestión, en la defensa de los derechos de los trabajadores, aunque ha eludido la responsabilidad del Ejecutivo en este asunto, como propietario de empresas de carácter público que aplican las condiciones laborales hoy en cuestión.

Más lejos ha ido Íñigo Errejón, líder de Más País, que sí ha señalado al Gobierno. "La labor del legislativo y sobre todo del ejecutivo es poner las condiciones para que esas movilizaciones no sean necesarias. Es muy importante decirlo", ha advertido, en una comparecencia en el Congreso donde ha destacado que la solución "pasa por que el Gobierno se comprometa a mantener la carga de trabajo y a un plan de industrialización en que los fondos europeos sean decisivos".

"Tenemos que encargarnos de que los que más sufren obtengan respuestas institucionales. Lo importante es que el Gobierno apoye [las movilizaciones], pero no con las declaraciones sino con las políticas públicas", ha afeado Errejón.