El cerebro de ERC en memoria democrática: "No legitimaremos la nueva trampa del Gobierno"

Joan Tardà, histórico dirigente de ERC, jubilado actualmente, es el arquitecto de esta formación en la negociación sobre la nueva ley de memoria democrática. Sabe mucho de la cuestión. Hace 15 años, fue una de las voces que más alto y claro pidió una normativa que permitiera cicatrizar heridas del pasado. Eran en los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero.

La llegada del dirigente socialista a la Moncloa propició una serie de cambios revolucionarios. Hay quienes opinan que sus mandatos sirvieron para impulsar la transición social que necesitaba España. Una nueva ley del aborto, el reconocimiento de los matrimonios de personas del mismo sexo, la Ley de Dependencia, la Ley de Violencia de Género, que es un referente en el mundo... Y la ley de memoria histórica para la justicia, reparación y verdad de las víctimas de la guerra civil y del franquismo.

En esos debates estuvo Tardà. Lideró la posición de ERC, una formación histórica. En sus anales, un expresidente y medio centenar de alcaldes fusilados e incontables bienes incautados. Su ambición sobrepasaba la del PSOE con creces y Esquerra no apoyó la ley de Zapatero. En este campo, en su opinión, aquel Gobierno del PSOE no fue tan avanzado.

Esquerra, en 2021, va camino de no apoyar la ley de Pedro Sánchez. Tardà, diputado en el Congreso desde 2004 a 2019, cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA por qué.

La necesidad del perdón en España: un marco conceptual

Sobre legislación de reparación, verdad y justicia podría estar hablando horas y horas. Para empezar, un marco conceptual. "Cualquier régimen que no es capaz de metabolizar su pasado es un régimen que se abona a la relativización de los crímenes de lesa humanidad y a relativizar la corrupción". Pone como ejemplo lo que está sucediendo con el rey emérito. "Si el rey no se ha visto en la obligación de pedir perdón por asumir los principios del franquismo, ¿por qué iba a tener precaución para acumular bienes que no le pertenecían?".

"En Sudáfrica se activaron comisiones de la verdad y en Chile o Argentina han ido derogando leyes de punto final para que prevaleciera la justicia, la reparación y la verdad. En todas las sociedades, con más o menos dificultades, se ha ido metabolizando el pasado para generar antídotos", repasa el exdirigente republicano. "Antídotos -continúa- que han de funcionar ante este renacimiento de ideas fascistas".

Para Tardà es significativo que en otros países se hayan desplegado una serie de actuaciones para formar y educar a las generaciones más jóvenes en valores democráticos. Cree que en España no está pasando exactamente lo mismo.

Altas autoridades alemanas -Willy Brandt en 1970, en Varsovia- se han arrodillado frente a monumentos conmemorativos de víctimas polacas, en señal de perdón. En España, falta mucho. Pone dos ejemplos. No se ha anulado la sentencia contra el presidente Lluis Companys, fusilado, porque el tribunal que la falló era legal entonces -un consejo de guerra-. Y en el Congreso hay una sala con el nombre de Manuel Fraga Iribarne, lo que reprueba.

Aporta uno más que le afecta de lleno. A UGT, vía decreto, se le devolvieron bienes y patrimonio por valor de más de 140 millones a raíz de un decreto ley aprobado en 2005, siendo ministro de Trabajo el socialista Jesús Caldera. A ERC no se le ha facilitado la devolución de nada. Pese a ello, recuerda el exdiputado, su partido votó a favor de aquel decreto en coherencia con una exigencia que cíclicamente enarbola: que se le restituya el vasto patrimonio que durante la guerra civil y el franquismo le fue arrebatado.

"Edificio de amnesia": sobre la polémica enmienda de PSOE-UP

Joan Tardá no está sorprendido por la controversia que ha provocado la enmienda de PSOE y Unidas Podemos, los socios en el Gobierno, a la ley de memoria democrática, actualmente un proyecto en el Congreso de los Diputados. No está sorprendido porque es muy crítico con la osadía de los socialistas en este campo.

La Comisión Constitucional de la Cámara se dispone a debatir y votar un texto que para su aprobación requiere mayoría simple. Ahora mismo esa mayoría de más síes que noes no existe. Sólo están asegurados, entre los votos a favor, los 155 de PSOE (120) y Unidas Podemos (35). Podrían entrar, ya que no atesoran ahora un posicionamiento tan enconado, el PNV (6), Más País (2), Compromìs (1), Nueva Canarias (1) y PRC (1). La suma hipotética llegaría a los 166 apoyos. El sector del rechazo es más fuerte, de momento: PP, Vox, Cs, ERC, EH Bildu, la CUP, UPN, Foro... Por encima de los 170 votos. Al ministro Félix Bolaños le queda un durísimo trabajo por delante.

Con Esquerra, el aliado parlamentario preferente, va a tener que sudar. Las enmiendas presentadas por socialistas y "morados" no han ayudado a recortar ni un ápice la abismal distancia. El argumento de la impunidad que propugna el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, negociador de Podemos, no es compartida por la formación independentista.

Tardà lo explica así: "Teniendo en cuenta que la Constitución española ya incorporaba la asunción de tratados internacionales en lo que atañe a los derechos humanos, y teniendo en cuenta que el comportamiento durante estos 40 años por los poderes políticos del Estado, que han usado la ley de amnistía como coartada para que no prevaleciera la verdad, la reparación y la justicia, la enmienda no es suficiente". Este "modelo basado en la ley de 1977" ha incurrido en "una paradoja vergonzante": "las leyes han permitido investigar crímenes ocurridos fuera (Baltasar Garzón con el dictador chileno Augusto Pinochet) mientras víctimas españolas tenían que recurrir a la Justicia argentina (Martín Villa)".

El exdirigente de ERC acusa a los poderes judicial, legislativo y ejecutivo españoles de "complicidad activa" con este modelo que, mediante "una ingeniería muy depurada", ha construido "un edificio de amnesia".

La ley de amnistía irrumpe para colocarse en el núcleo del debate. Según el exdiputado, tendría que haberse modificado poco después de la aprobación de la Constitución. La demanda sigue siendo pertinente. Pugnar por una adaptación interpretativa, cuando la Carta Magna ya lo hizo, no tiene sentido. "Casi no quedan jerarcas ni funcionarios del franquismo que vulneraron los derechos humanos, e incluso quedan pocas víctimas", puntualiza Tardà. Es algo en lo que Santiago también reparó, si bien esgrimió acto seguido que la propuesta persigue, sobre todo, acabar con la impunidad.

Pero lo que toca no es eso. Toca la modificación de la ley de amnistía. Se trata de "la última oportunidad para llevar a cabo lo que debió hacerse hace muchos años: llevar a los tribunales a los que cometieron los crímenes. Aun cuando fuese testimonial, al menos que se metabolice en clave de justicia lo que provocó la dictadura", zanja, no sin antes lanzar una última reflexión a este respecto: "se lo debemos a las víctimas que han sufrido una doble victimización: la de la dictadura, y a lo largo de estos 40 años, la de un menosprecio absoluto".

El artículo 2 de la norma es la clave. Cambiarlo. "Es una modificación troncal que no sólo pide Esquerra, sino además JxCat, PDeCAT, EH Bildu y el BNG", recuerda antes de usar otras palabras para recalcar la posición de su partido: "Una condición 'sine qua non'".

Declarar ilegal el franquismo

No es la única. Ya lo viene diciendo el portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, desde hace dos meses. La otra es la tipificación del franquismo como un régimen ilegal.

Tan inamovibles son las demandas que justo hace dos meses ERC registró una enmienda a la totalidad y un texto alternativo al proyecto de ley. Fue un síntoma nítido de que la formación catalana iba a ser muy ambiciosa con la normativa. Los planes de los independentistas quedaron truncados en el pleno del Congreso cuando hubo que debatirlos, pero no se resignaron. Han intentado aprovechar los tiempos abiertos con las enmiendas parciales para buscar vías de acuerdo. Hace 15 días mandaron al PSOE una selección de enmiendas consideradas prioritarias. No ha habido respuesta ni por 'mail' ni por teléfono, ni mucho menos presencial.

Explica Tardà que si el régimen nació de un golpe de Estado, debe declararse ilegal. La petición es antigua, porque en 2007 ya la puso encima de la mesa. Fue en vano. Vuelve ahora con ella, 14 años después. Ha pasado suficiente tiempo como para que el atrevimiento del PSOE no sea tan timorato, en opinión del exdiputado.

"La ley debe reconocer que los tribunales del franquismo y sus sentencias son ilegales. Y si son ilegales, es evidente que eso generará una serie de responsabilidades patrimoniales por parte del Estado", apunta. Más adelante ahonda en la reivindicación: "No se trata de que el Gobierno español dé un certificado; se trata de que el poder judicial, en el expediente, ponga la anulación de la sentencia. Si se reconoce jurídicamente la condición de víctima de un ciudadano, podrá actuar en consecuencia".

ERC ha presentado una enmienda que pide modificar el artículo 5.4 de la ley para, precisamente, tipificar que la anulación conlleva el derecho de reparación. Ni PSOE ni Unidas Podemos plantean nada parecido.

Asimismo, el grupo republicano propone que una auditoría enumere los bienes incautados y que del resultado se deriven restituciones. Los socios del Gobierno no son tan tajantes. Se limitan a asegurar que se analizarán las posibilidades que hagan efectiva dicha restitución.

Recado al PSOE

El balance de Tardà no deja al PSOE en buen lugar. Lo hace alguien que se reunió con la ex vicepresidenta primera Carmen Calvo cuando comenzó a pergeñar la nueva ley. Y quien se ha entrevistado en dos ocasiones con el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, para rastrear puntos de coincidencia. No han sido muchos.

La ley que el Congreso tiene que evaluar es un conjunto de "sinsentidos", en opinión del exdiputado. "El PSOE no quiere reconocer por ahora la ilegalidad de las sentencias y de los tribunales, no quieren modificar la ley de amnistía, no quieren asumir las responsabilidades patrimoniales, desde la incautación de bienes inmuebles a la reparación a personas físicas y jurídicas, o el trabajo esclavo o la asunción de las deportaciones a los campos nazis".

"Y no ha hecho nada desde 2007. Se les acumulan los deberes. La ley actual es un maquillaje de la de hace 14 años y se queda en la epidermis. Durante todo este tiempo hemos denunciado esta vergüenza. Nos dijeron que éramos unos radicales. Estamos convencidos de que buena parte de la banalización de los derechos humanos que hay hoy en día, incluso del auge del fascismo, tiene que ver con que no se ha cerrado bien el franquismo. No podemos legitimar esta nueva trampa".