PRECEDENTE HACE DIEZ AÑOS

El PNV recurre a la nueva ley de memoria para pedir más documentos del Archivo de Salamanca

  • La negociación parlamentaria sobre la nueva ley de memoria democrática se encuentra en un momento muy difícil, ya que ERC no se mueve del rechazo

  • La negativa de los republicanos, unida a la desconfianza de EH Bildu, ha obligado al Gobierno a tantear apoyos en partidos ajenos a su bloque de aliados

  • Cs ha transmitido al Ejecutivo que también se opone a la norma, salvo que se avenga a negociar propuestas que a priori desagradan al PSOE

El PNV recurre a la nueva ley de memoria para pedir más documentos del Archivo de Salamanca
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El PNV supo jugar sus cartas en 2005 cuando el Parlamento aprobó la ley de restitución a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil y que se guardaron en el llamado Archivo de Salamanca. Va camino de hacer lo mismo 16 años más tarde.

Un repaso rápido al precedente. En aquel entonces, los nacionalistas vascos lograron añadir una disposición adicional en la norma citada que señala lo siguiente: "La restitución de los documentos, fondos documentales y efectos a las personas naturales o jurídicas de carácter privado podrá llevarse a cabo por las Comunidades Autónomas que lo soliciten, de acuerdo con el procedimiento que el Gobierno establezca (...)".

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban

/ EFE

Se produjo una polémica encendida entonces. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, en cumplimiento de uno de sus compromisos, comenzó la redacción de una norma de memoria histórica, de la que España adolecía, para proceder al reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. La ley se aprobó en 2007. Mientras tanto, se activó la iniciativa legislativa citada antes. Cataluña, que gobernaba un tripartito de PSC, ERC e ICV, exigió la devolución de parte de su historia, radicada en el Archivo General de Salamanca. Euskadi hizo lo mismo. El PP se opuso. Se celebraron debates enconados en el Congreso, apasionados al menos.


/ EFE

Pasó el tiempo hasta que en 2011 el PNV consiguió lo que pidió. El entonces portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Josu Erkoreka, expuso ante los medios la consumación de un éxito a caballo entre lo político y lo simbólico. A su partido regresaría documentación como un cruce de correspondencia privada entre el primer lehendakari, José Antonio Aguirre, el dirigente nacionalista Juan de Ajuriaguerra y el ministro Manuel de Irujo. El Gobierno de Zapatero dio su visto bueno, el Patronato del Archivo de Salamanca lo tramitó y el Ejecutivo vasco lo recibió, aunque para dárselo acto seguido al PNV, que es la entidad que había pedido fondos documentales.

La historia se repite

En noviembre de 2021 se ha producido algo muy parecido, o lleva visos de que lo sea. Los grupos parlamentarios se disponen a negociar la ley llamada a reemplazar la de 2007. Tendrá por título "de memoria democrática".

Está la situación francamente complicada para el Gobierno de coalición porque, ahora mismo, el proyecto no concita los apoyos necesarios. PSOE y Unidas Podemos han registrados enmiendas, ERC ha registrados las suyas, al igual que PNV y EH Bildu. Al igual, también, que Más País. En estas formaciones está la ventana de oportunidad, la lógica al menos, pues es el núcleo central del bloque de la investidura y de la mayoría progresista del Congreso. Ninguno, actualmente, está en el "sí".

El Gobierno se ha visto obligado a indagar qué margen hay fuera de esta horquilla. Fuentes parlamentarias han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el secretario de Estad de Memoria Democrática, Fernando Martínez, se puso en contacto el martes por la mañana con el portavoz de Cs, Edmundo Bal.

Le preguntó cómo veía el proyecto de ley y por las posibilidades que habría para acercar posiciones, bastante distanciadas. El dirigente de los liberales le respondió que su partido sólo hablaría con el PSOE si aceptaba dos de sus enmiendas consideradas primordiales y si acataba una propuesta que nada tenía que ver con la memoria democrática. Bal, según las fuentes que han conocido esa conversación, le pidió que los socialistas permitieran la admisión a trámite de la proposición de ley de Cs destinada a la reparación de las víctimas de ETA, que contempla un régimen sancionador muy duro de los homenajes a etarras. No hubo respuesta a ninguna de las pretensiones. Gobierno y Cs, o PSOE y Cs, no han vuelto a hablar.

Así que el colchón que le queda al Ejecutivo para sacar adelante la ley estrella de Carmen Calvo mientras fue vicepresidenta, acogida por su sucesor, Félix Bolaños, con relativo entusiasmo, atraviesa una fase difícil. Le queda el recorrido de la Comisión Constitucional. Lo mejor para el Gobierno de coalición es que el proceso empieza ahora.

La ex vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo

/ Europa Press/Cézaro De Luca

El PNV, en esta tesitura, recibe nuevamente un foco intenso. Fue clave para sacar adelante las medidas de Zapatero sobre memoria histórica. Lo será otra vez.

Peticiones que encajarían

Revisar las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos arroja varias conclusiones. La coalición se ha propuesto adaptar la Ley de Amnistía de 1977 al derecho internacional humanitario, lo que consagraría que crímenes cometidos durante la dictadura sean imprescriptibles y no amnistiables. Además, a través de una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos promueve la investigación y la búsqueda de víctimas. Es más ambiguo en lo relativo a reparaciones económicas, ya que lo deja en manos de una auditoría hecha por la Administración General del Estado en un año. Más adelante, en una disposición adicional, apunta a la creación de una comisión al respecto.

ERC, a través de su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, ha criticado las propuestas de PSOE y de Unidas Podemos, en especial lo que concierne a mecanismos de reparación económica. La formación republicana va más allá porque pide declarar la nulidad de las sentencias judiciales del franquismo, así como su ilegalidad, y en consecuencia, la atribución del derecho a la compensación económica.

Existen coincidencias, pero no integran ese cuerpo de medidas esenciales. Una de ellas tiene que ver con la restitución de bienes incautados durante la guerra civil y el franquismo.

Aquí vive una de las reivindicaciones más relevantes del PNV. Mediante la inclusión de una nueva disposición adicional, quiere que en un año vuelva al Gobierno de Euskadi, a las diputaciones forales y a entidades dependientes la documentación incautada, procedente de la II República y el exilio. Si hace más de una década, se trataba de que el PNV recuperara parte de su archivo, ahora se trata de que lo recupere el Ejecutivo vasco.

Asimismo, en otra disposición adicional, regula el plazo, de un año, para "la restitución a personas naturales o jurídicas de carácter privado, de documentos, fondos documentales y otros efectos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2005". Es la norma mencionada al comienzo de esta información.

La restitución afectará, además, a banderas y enseñas, como recoge esta propuesta: "El derecho de restitución respecto a los partidos políticos, organizaciones sindicales y a sus organizaciones vinculadas, tales como unidades militares o cualesquiera otras, alcanzará a todo tipo de efectos, entre otros enseñas, emblemas y banderas que se conserven en cualquier dependencia u órgano de las Administración General del Estado y su sector público".

Habida cuenta de los precedentes, no parecen peticiones inasumibles para el Gobierno. A diferencia de ERC, aliado preferente, la vía del acuerdo muestra mejor aspecto con el PNV, el otro aliado preferente.

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