El Congreso contempla un segundo referéndum escocés de independencia

La Comisión para la Unión Europea que forman diputados y senadores va a tener un día ajetreado tras meses de trabajo discreto sobre las consecuencias del 'brexit'. Bien por despiste, por ignorancia o por decisión meditada, pues las fuentes parlamentarias consultadas no aclaran la motivación, el PSOE ha permitido que en el informe final de la ponencia creada al respecto figure una clara alusión a la independencia de Escocia. En la votación de este martes, los grupos decidirán si la mención queda en el informe definitivo o si se suprime.

La Cataluña independentista lleva tiempo mirando el espejo de Escocia en busca de semejanzas. Que en un informe oficial del Congreso se defina la independencia escocesa como una de las hipótesis que pueden marcar el rumbo de la Europa del futuro no es baladí. Supone un espaldarazo a los postulados nacionalistas e independentistas que dan prioridad al derecho a decidir. Incluso es un gesto de apoyo a las formaciones de ámbito estatal que propugnan lo mismo. Además, están ahora el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Pere Aragonès dando contenido a próximas ediciones de la mesa de diálogo, que han desdoblado: por un lado, hablarán de economía e inversiones; por otro, del conflicto política catalán.

Sendas enmiendas del PNV y de JxCat, avaladas por el PSOE en la sesión de la ponencia de hace dos semanas, han propiciado la incorporación de dos conclusiones en el informe, al que ha accedido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Son consecutivas, la 31 y la 32. La primera recuerda que el referéndum escocés de septiembre de 2014 fue rechazado porque así se pronunció el 55,3 por ciento de la población, lo que los ponentes estiman que se debió en parte a "la duda sobre si dejarían de ser miembros de la UE".

Y más adelante, se añade: "No puede obviarse que, tal y como ya ha anunciado que solicitará la primera ministra Nicola Sturgeon, se celebre un segundo referéndum de independencia y que el resultado del mismo sea la independencia de Escocia".

Bajo esta apariencia de enunciado informativo reluce una expresión que ha llamado la atención de algunos ponentes, no tanto por el contenido en sí, que también, sino por averiguar que el PSOE lo ha avalado. "No puede obviarse". Estas tres palabras son las que han elevado, sutil pero inevitablemente, el peso político de la mención. No puede obviarse que podría haber otro referéndum en Escocia y que el resultado del mismo sea la independencia.

Las fuentes consultadas recelan de la pertinencia de esta conclusión. En una ponencia de alcance diplomático el lenguaje suele ser calculadamente ambiguo, ya que una de las finalidades consiste en evitar agravios a terceros países. Es cierto que en el informe no figura una apuesta inequívoca por el referéndum escocés, pero la sola alusión puede incordiar a la embajada británica en España, y en consecuencia, al Gobierno de Boris Johnson.

Con todo, es en el siguiente párrafo, la conclusión posterior, en donde termina de completarse la significación política. "Si como consecuencia de las evoluciones políticas e institucionales en el Reino Unido, Escocia solicita su ingreso en la UE, ésta tendrá el derecho a materializar dicha voluntad democrática mediante la preceptiva solicitud de adhesión al Consejo y el cumplimiento de los criterios establecidos por la Unión".

La secuencia es ya más nítida, siempre en el plano de la posibilidad: 1. Escocia convoca un referéndum para la independencia. 2. Gana la opción de la independencia. 3. Escocia pide adherirse a la UE.

La comparación con Cataluña es inevitable.

¿Rectificación o aval?

La Comisión mixta para la Unión Europea, creada en 1985, tiene como objetivo la definición de las condiciones más adecuadas para que España participe en la asimilación del derecho proveniente de las instituciones europeas. Con motivo del referéndum celebrado en Reino Unido para responder si continuaba en la esfera de la Unión o se salía de ella, este órgano parlamentario integrado por diputados y senadores acogió una ponencia para estudiar, primero, el 'brexit', y después, las consecuencias que generaría.

Fue así porque no dio tiempo a acabar la función inicial. El adelanto electoral convocado en febrero de 2019 y luego la repetición de comicios de noviembre de ese mismo año provocaron un retraso irresoluble. Para cuando se hizo oficial la salida de los ingleses de la UE, en enero pasado, la comisión carecía de texto cerrado. No obstante, se creó otra en junio de 2020 para analizar qué relación habrían de llevar Europa y España con el Reino Unido.

Durante estos más de doce meses han tenido lugar numerosas comparecencias, entre ellas la del negociador de la Unión, Michel Barnier. Las aportaciones dadas, así como las enmiendas presentadas por los grupos, han germinado en un dictamen que la Comisión votará este martes.

Fuentes parlamentarias han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que habrá dos votaciones. En una, todo el texto; en la otra, sólo esos dos párrafos. Si así sucede, lo que se comprobará a partir de las 10.30 horas de este martes, el PSOE tendrá la oportunidad de corroborar su posición o de rectificarla y confirmar que ha sido un desliz.

El papel del Ministerio de Asuntos Exteriores

El esqueleto del documento comenzó a perfilarse hace semanas mediante diversas reuniones de los ponentes. Fuentes parlamentarias inmersas en el proceso han explicado que las sesiones nunca fueron crispadas. PSOE, PP, Unidas Podemos, PNV y JxCat han jugado papeles determinantes. Hace dos semanas, la última reunión, acogió un episodio llamativo. Los grupos estaban filtrando las enmiendas presentadas para incorporarlas al texto que habría de votarse antes de trasladarlo al pleno. Al menos dos de los presentes se quedaron extrañados cuando vieron que entre las aprobadas se habían colado dos con alusiones expresas a la independencia escocesa, previo referéndum. Preguntaron al portavoz adjunto del grupo socialista en este órgano, el senador José Manuel Bolaños, quien corroboró lo ocurrido. Este medio se ha puesto en contacto con el grupo socialista para recabar su versión, pero no ha obtenido respuesta.

Las citadas fuentes dudan del nivel de interlocución que el PSOE haya tenido al respecto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es el departamento del Gobierno que ha de estar pendiente de lo que se acuerde en el seno de la ponencia. La extrañeza ha llevado a varios de los diputados y senadores que forman la comisión a preguntarse si efectivamente el equipo del ministro José Manuel Albares conoce lo ocurrido. En las relaciones internacionales conviene ser cauto. Que en un informe oficial de un Parlamento nacional conste una alusión tan nítida a la vía escocesa hacia la independencia, "un asunto de política interna británica", llama la atención. Es como si una Cámara legislativa de un país del entorno se pronuncia en una línea parecida sobre la independencia de Cataluña.

El futuro de Gibraltar

También resulta destacable que las líneas acerca de Escocia queden plasmadas en un texto que, en líneas generales, resulta un ejemplo de equidistancia. Hasta el asunto que vincula directamente a España y a Reino Unido, el estatus de Gibraltar, se resuelve con generalizaciones. Así, la conclusión 17 aboga por "impulsar iniciativas que permitan lograr un acuerdo que garantice la prosperidad compartida en todo el Campo de Gibraltar".

La comisión, al fin y al cabo, se ha limitado a secundar el acuerdo alcanzado entre los dos países apenas unas horas antes de que acabara 2020. La entonces ministra Arancha González Laya lo explicó ante el citado órgano parlamentario. Estaba a punto de expirar el periodo transitorio dado por las partes para encauzar el 'brexit' y la incertidumbre acechaba al Peñón y al Campo. Quedaron difuminados efectos negativos como la aplicación de restricciones severas en los accesos y salidas. Cabe puntualizar que muchos ciudadanos españoles deben cruzar la verja todos los días para ir a trabajar.

Dicho acuerdo, que no afecta a las pretensiones sobre la soberanía de los Estados español y británico, preserva por tanto la libertad de movilidad.