El Gobierno no ve "inminente" la renovación del Poder Judicial

El chaparrón por la renovación del Tribunal Constitucional —y del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo— ya pasó con la elección por el Congreso de cuatro magistrados, pero la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aún tendrá que esperar. El Gobierno no ve por ahora "inminente" el relevo en el órgano de gobierno de los jueces. La negociación con el PP, que continúa de manera discreta, no arroja luz.

El mensaje del Ejecutivo de que no se alberga la esperanza de un reemplazo próximo de los vocales del Poder Judicial contrasta con lo manifestado, esta semana, por el propio CGPJ: el "pálpito" en el órgano es que el acuerdo pueda cerrarse pronto, incluso este mismo mes de noviembre, aunque también advertían de que no tenían información concreta sobre las conversaciones que pilotan el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general de los conservadores, Teodoro García Egea.

Fuentes del máximo nivel del Gobierno consultadas por EL PERIÓDICO, perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio, no se atreven a hacer cábalas sobre cuándo podrá desatascarse el pacto. Ni siquiera si es posible que pueda quedar sellado antes de Navidad. El 4 de diciembre se cumplirán tres años desde que venció el mandato del actual CGPJ, elegido en 2013 —cuando el PP disfrutaba de una mayoría absoluta amplísima— y presidido por Carlos Lesmes, pero todo apunta a que se superará esa nueva marca. En los socios de coalición ha generado malestar y no poca tensión el pacto con el PP para la actualización del TC, por proponer sobre todo a Enrique Arnaldo, un jurista muy ligado a la formación conservadora. Él fue, de hecho, el aspirante menos votado el jueves por la Cámara baja.

Los populares siguen poniendo como condición que se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que en el próximo proceso de renovación del órgano (no la actual, que discurriría con la normativa vigente porque el proceso arrancó en 2018, cuando caducó el mandato de los 20 vocales y de su presidente) los jueces elijan directamente a sus compañeros, a los 12 miembros del turno judicial. Exigencia que reiteró el pasado viernes el líder del partido, Pablo Casado, desde la isla de La Palma. Su argumento es que, "entre otras cuestiones", Bruselas ha dicho a Polonia "que su órgano de los jueces lo tienen que elegir de forma mayoritaria los jueces, y eso está poniendo en juego los fondos europeos".

Argumentos de ida y vuelta

El Ejecutivo, sin embargo, responde que es "total y absolutamente imposible" que se modifique la ley, según volvían a remarcar este domingo fuentes de la Moncloa. Los socialistas esgrimen que, con la redacción vigente, Congreso y Senado seleccionan a los vocales de extracción judicial a partir de la lista de candidatos que le remite el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, que habrán de estar avalados bien por una asociación judicial o bien por 25 miembros de la carrera judicial en servicio activo. Además, consideran que el sistema actual, por el que las Cámaras eligen a esos 12 vocales del turno judicial (además de a los ocho juristas), es perfectamente válido porque así lo respaldó en 1986 el Tribunal Constitucional y porque a fin de cuentas la soberanía reside en el poder legislativo. Los socialistas y Unidas Podemos se niegan al modelo que preconiza el PP porque la carrera judicial es mayoritariamente conservadora. El pacto entre partidos favorece una composición más equilibrada del CGPJ.

En el Gobierno, por tanto, se niegan a modificar la ley. Tampoco se abren a un ligero retoque para que se restrinja más el poder de elección de las Cámaras. Es decir, para que tengan menos candidatos de entre los cuales designar a los vocales. El propio presidente, Pedro Sánchez, ha reiterado en numerosas ocasiones que el PP no dispone de una mayoría en el Congreso para cambiar la ley. La salida que le queda a los populares, ha insistido él, al igual que Bolaños o la portavoz, Isabel Rodríguez, es que "cumpla con la Constitución" y proceda a la renovación del CGPJ sin más "excusas". Porque ya acumula más de 1.070 días de retraso.

Los populares dan por hecho que los candidatos sugeridos por Unidas Podemos en la negociación frustrada del pasado febrero, el juez José Ricardo de Prada —uno de los autores de la primera sentencia de la 'Gürtel' que acabó con Mariano Rajoy fuera de la Moncloa— y Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, se caen de la actual negociación. "Nunca los hemos retirado. Por eso no se cerró el pacto en febrero", responden en el Ejecutivo. Fuentes próximas a la vicepresidenta segunda y líder de los morados en el Gabinete, Yolanda Díaz, aseguran que esos nombres siguen sobre la mesa.

Así las cosas, alcanzar un acuerdo no parece sencillo, ya que por ahora ninguna de las formaciones cede en sus planteamientos de partida. En el Gobierno consideran que el pacto ya estaría hecho si quisiera el PP, y sienten que es el propio Casado quien lo frena por las "presiones" internas (de su partido) y externas (de Vox) que recibe. Todavía están calientes los rescoldos de la polémica con Arnaldo, pero es evidente que según avance la legislatura, todo se complicará. En el horizonte asoman las elecciones autonómicas en Andalucía, y toda proximidad de urnas casa mal con una distensión entre PSOE y PP. Por lo pronto, las conversaciones, muy discretas, continúan, y eso ya es una novedad respecto a momentos anteriores. Clima que se extiende a otros asuntos, como la negociación de la Ley de Seguridad Nacional, tal y como adelantó este domingo EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.