DIÁLOGO INSTITUCIONAL

Nuevo acercamiento: Gobierno y PP mantienen contactos para reformar la ley de Seguridad Nacional

  • Los populares se abren al acuerdo si se regulan las indemnizaciones a particulares en caso de "situaciones de interés para la seguridad nacional"

  • Ya han existido conversaciones pero la negociación final depende de Félix Bolaños y Teodoro García Egea, que se están reuniendo para renovar el CGPJ

El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, durante un Pleno del Congreso.

El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, durante un Pleno del Congreso. / David Castro/EPC

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El canal de comunicación entre el Gobierno y el PP se agranda. Se abrió en octubre con el inicio de las conversaciones entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y tuvo como primer resultado la renovación de órganos como el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Los contactos prosiguen para intentar pactar un nuevo Consejo General del Poder Judicial, que está a punto de cumplir tres años caducado. Y se ha incorporado ahora un nuevo asunto de los que se consideran claramente 'de Estado'.

El Ejecutivo y el principal partido de la oposición han tenido un nuevo acercamiento para acordar la reforma de la Ley de Seguridad Nacional. Al principio fue periférico entre el director general del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno, Miguel Ángel Ballesteros, y el diputado del PP, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu. Los dos son generales de las Fuerzas Armadas y eso les ha permitido abrir una vía inexplorada de interlocución. Una suerte de oasis entre Gobierno y PP, que han caminado toda la legislatura dándose la espalda.

Ambos, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, han abordado en varias ocasiones esta reforma legislativa y Moncloa está abierta a introducir algunos cambios en el texto, que fue aprobado en junio por el Consejo de Ministros en primera lectura, para poder contar con el voto de Pablo Casado. La negociación está encarrilada y, por ello, se ha elevado hacia "arriba", en referencia a los contactos discretos que están manteniendo Bolaños y García Egea para la renovación del CGPJ.

Ley del PP de 2015

La reforma de la normativa de Seguridad Nacional es uno de los compromisos legislativos que el Ejecutivo ha incluido en su calendario para este año y que dimana de la ley del PP de 2015 que, en su disposición adicional tercera, obligaba el Gobierno a remitir una ley reguladora de la preparación y disposición de la contribución de recursos a la Seguridad Nacional en el plazo -incumplido- de un año.

Fruto de ese mandato el Gobierno optó por modificar la ley, en lugar de hacer una nueva, y remitió su anteproyecto a las comunidades autónomas sin que ninguna, salvo el País Vasco, pusiera reparos. La filtración del texto a principios de julio provocó una polémica artificial, al concluir que se otorgaba al presidente máximos poderes en situaciones de emergencia sin pasar por el Congreso o por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN). La realidad es que la ley del PP, que contó con el apoyo de los socialistas, ya incluía todas estas prerrogativas. En su artículo 15 establecía que corresponde al presidente del Gobierno "declarar la Situación de Interés para la Seguridad Nacional". En el 24 que fuera mediante real decreto, que pudiera determinar "los recursos humanos y materiales necesarios", la comunicación posterior a la Cámara Baja (inmediata pero no previa) y la limitación del CSN de órgano de coordinación.

El Gobierno, dispuesto a ceder

Es relevante porque, si no fuera calcado, al PP le puede costar mucho explicar por qué ahora está dispuesto a negociar el texto. Moncloa sí llegó a valorar la opción de ampliar las atribuciones del presidente pero la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, lo frenó. El objetivo del proyecto fue únicamente "desarrollar el catálogo de recursos disponibles y la coordinación entre administraciones públicas". La ley de la anterior Administración ya permitía disponer de recursos humanos y materiales, pero el borrador del Ejecutivo va mucho más allá y establece cómo se reclutarían bienes, empresas y a los propios ciudadanos, en una situación de crisis. En el último caso, en el de las prestaciones personales, no se establecía el pago de una indemnización.

Eso puede suponer que si la Administración moviliza un vulcanólogo por el volcán de La Palma, no estaría obligado a abonar sus servicios. Y aunque los ayuntamientos normalmente lo hacen, el texto del Gobierno abre la puerta a que no suceda. Este punto es uno de los que no comparte el PP, según las fuentes consultadas, y que el Ejecutivo estaría dispuesto a modificar para conseguir su voto. Los populares exigen que esa contribución al Estado sea compensada económicamente y en Moncloa son conscientes de que tienen que aceptar sus reclamaciones para propiciar un entendimiento.

"La anterior ley se aprobó con el voto del PP y del PSOE. Ahora parece que Casado está decidido a trabajar un perfil más institucional".

La Seguridad Nacional es una asunto capital que compromete a los dos grandes partidos que se han alternado el Ejecutivo en democracia. La prueba es que la anterior ley se aprobó con el voto del PP y del PSOE. Ahora parece que Casado, con las encuestas a favor, está decidido a trabajar un perfil más institucional. Y el Gobierno quiere sacar adelante este proyecto, sobre todo tras el impacto que ha supuesto la pandemia. La falta de mascarillas o de respiradores, en manos de empresas chinas, el incremento de precios de estos productos que se produjo en la crisis sanitaria ha llevado al Ejecutivo a crear una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI), para contrarrestar la dependencia del abastecimiento exterior y la fragilidad del flujo comercial internacional.

Pese al trauma que ha supuesto el Covid, no parece fácil implicar a socios del Ejecutivo como Bildu y ERC, en cuestiones de Seguridad Nacional. Superado el ecuador de la legislatura, y sin que sea imposible aventurar si habrá más temas susceptibles de consenso, da la impresión de que PSOE y PP se necesitan y que han dejado atrás los dos años de exclusión mutua.

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