Arnaldo y el resto de los nuevos magistrados obtienen el visto bueno del TC con solo un voto en contra

Enrique Arnaldo y el resto de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional designados este jueves por el Congreso de los Diputados han obtenido el apoyo de nueve de sus diez compañeros en el Pleno gubernativo del órgano de garantías. Uno de los miembros del tribunal ha votado en contra de los cuatro nombres propuestos en el pacto PSOE-PP, según fuentes del órgano consultadas por El PERIÓDICO DE ESPAÑA, y su nombre se desconoce por tratarse de una votación secreta.

Este voto en contra es algo poco habitual, pues el Pleno de idoneidad es normalmente de un mero trámite de comprobación de requisitos formales. Se trataba de ver si, como exige la Constitución, todos los candidatos son juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional. 

Los magistrados votaron utilizando una tarjeta en la que debían poner si daban o no el plácet a sus compañeros, por lo que el resultado del recuento ha sido toda una sorpresa. Fuentes consultadas por este diario evitan señalar al responsable de la falta de unanimidad y afirman que la situación, por rara, ha dejado a casi todos "cortados".

Además de Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional y letrado de las Cortes, han obtenido el plácet la hasta ahora presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Concepción Espejel, designada junto con el primero a propuesta del PP; así como la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Inmaculada Montalbán y el también juez de lo Penal de la Audiencia Nacional Ramón Sáez, a propuesta del PSOE. 

Todos ellos tomarán posesión de sus cargos en un acto formal el próximo jueves 18 de noviembre y antes de fin de año, previsiblemente tras el puente de la Constitución, se espera que celebren un primer Pleno jurisdiccional en el que los nuevos magistrados apoyarán con su voto la resolución de asuntos.

La reunión apenas duró diez minutos, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, y se limitó a la emisión del voto secreto sin que ninguno de los magistrados tomara la palabra respecto de ninguno de sus nuevos compañeros. Este miércoles se aventuró con que alguno de los magistrados pudiera expresar su disconformidad con alguno de los candidatos, especialmente con Arnaldo, pero esta situación no ha llegado a producirse.

Arnaldo, un magistrado cuestionado

Informaciones publicadas esa semana por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y otros medios de comunicación han apuntado a los fuertes vínculos de Arnaldo con el PP, a lo que se suman presuntas irregularidades en las que habría incurrido a través de la actividad de su bufete Estudios Jurídicos y Procesales S.L. Se han desvelado asimismo sus relaciones personales con investigados y presuntos testaferros de las tramas en las que se investiga a miembros del partido, por lo que tanto en ámbitos tanto políticos como judiciales se ha cuestionado el perfil independiente del profesor.

En el Congreso, sin embargo, solo una decena de diputados se han mostrado díscolos con Arnaldo, y un centenar de diputados de otras formaciones o no han votado, o si lo han hecho, han eludido poner nombres, tal y como ha informado Ángel Alonso.

De los cuatro candidatos sometidos a votación, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez (propuestos por el Gobierno) y Concepción Espejel y Enrique Arnaldo (por el PP) los más votados han sido Montalbán y Sáez con 240 votos. Luego, Espejel con 237. Al final Arnaldo 232, el que ha tenido menos respaldo. Todos han rebasado el umbral mínimo exigido por la Constitución: 210, tres quintos de la Cámara.

Cumplen los requisitos

En cuanto al trámite en el Tribunal Constitucioinal, según una nota distribuida por el órgano, el Pleno gubernativo se ha limitado a verificar que los cuatro juristas nuevos propuestos por el Congreso los requisitos exigidos por la Constitución, en cumplimiento con el artículo 10.1 que la Ley Orgánica que regula este órgano.

 Así, se ha acordado "expresar que las propuestas de nombramiento de nuevos magistrados reúnen los requisitos exigidos por la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal". La nota añade que el acuerdo se ha adoptado en los cuatro casos por mayoría de 9 votos favorables y uno en contra; y que se comunicará al Congreso de los Diputados, a la Casa de S. M. el Rey, al Senado, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial.

Los nuevos magistrados tomarán posesión el próximo día 18 en un acto formal que será presidido por el magistrado de más edad, que es Santiago Martínez-Vares. Para dicho momento ya habrán abandonado el órgano los cuatro magistrados que se renuevan, entre los cuales está el actual presidente, Juan José González-Rivas. También se van la vicepresidenta Encarnación Roca y el magistrado Andrés Ollero, mientras que el cuarto en renovar, Fernando Valdés, ya lo hizo hace unas meses tras ser imputado en una causa por violencia de género.

El precedente de López

El Pleno gubernativo de idoneidad es normalmente una reunión pacífica de mero trámite, pero no siempre ha sido así. Existe el precedente de 2013, cuando el entonces nuevo magistrado a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy y hoy consejero en la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia del PP, Enrique López, necesitó el voto de calidad del entonces presidente del TC Pascual Sala para obtener la declaración de idoneidad por parte de sus compañeros.

En dicha ocasión, tal y como informó Europa Press, ninguno nuevos magistrados tuvo problemas excepto López. El inconveniente para designarlo se debía a una cuestión formal, la de su antigüedad como magistrado, pues para ser integrante del TC se precisan 15 años de experiencia y a López algunos le atribuían solo 14 al no tener en cuenta el periodo en el que el magistrado propuesto por el Gobierno fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La designación de López, pese a la polémica generada, apenas duró un año, pues el 10 de junio de 2014 presentó su dimisión después de haber dado positivo en un test de alcoholemia interceptado en el Paseo de la Castellana de Madrid por circular con su moto sin casco y saltarse un semáforo en rojo. El entonces presidente del TC aceptó su dimisión tras imputarle la Policía Municipal de Madrid un posible delito contra la seguridad vial.