La auditoría externa a la Casa Real se limita sólo a comprobar que cuadran ingresos y gastos

La llegada al trono de Felipe VI provocó que la Casa Real se sometiera por primera vez a una auditoría externa de sus cuentas. Hasta ese momento el control de la gestión económica había recaído únicamente en el interventor, una figura interna presente en Zarzuela sólo desde el año 2007 y seleccionada para el cargo. Pero la promesa del nuevo Rey de una conducta "íntegra, honesta y transparente", realizada en su discurso de su coronación, se tradujo en la apuesta por una mayor fiscalización.

En 2014 la Casa del Rey suscribió un convenio de colaboración con la Intervención General del Estado (IGAE) para que auditara sus cuentas anualmente. Zarzuela dejó claro entonces que lo hacía "voluntariamente" porque el artículo 65 de la Constitución consagra la independencia económica del Monarca. "El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma", señala.

Pero la decisión se envolvió entre muchas otras decisiones -un código de conducta para el personal de la Casa, una normativa de regalos- con el objetivo de acabar con años de opacidad. El primer informe de la IGAE vio la luz en mayo de 2016, relativo al ejercicio de 2015, el primero completo de Felipe VI. El último disponible es el de 2020. Lo que sucede es que esta fiscalización es muy superficial, destinada a comprobar que las normas contables se han aplicado correctamente.

Una auditoría de contabilidad

Hay tres tipos de auditoría en la Administración del Estado y la que la Intervención General realiza a la Casa Real es la más básica de todas, dirigida a certificar que la información que se recoge en sus cuentas es veraz y que permite conocer la situación económica, financiera y patrimonial y la ejecución de ingresos y gastos del año.

En resumen, una auditoría de contabilidad y no de legalidad, de cumplimiento, cuyo objetivo es mucho más ambicioso ya que consiste en la verificación de que los actos, operaciones y procedimientos de gestión económico-financiera se han desarrollado de conformidad con las normas que se le son de aplicación. Por ejemplo, certificar si los gastos se han realizado cumpliendo o no con la ley de contratos públicos.

Este nivel reforzado de control es el que existe en toda la Administración pública, Ministerios, comunidades autónomas, y sus empresas públicas. Primero, por parte de la propia Intervención General del Estado, y posteriormente por el Tribunal de Cuentas. Cuando se alude a una "auditoría externa" lo más natural es pensar en una fiscalización minuciosa de la gestión económica. Es lo que pareció reflejar el desembarco de tres auditores del IGAE a finales de 2014 en Zarzuela, que fue proyectado como un cambio histórico.

Pero no es lo que sucede en la Casa Real y así se ha constatado en sucesivos informes. La conclusión del primero de ellos de 2015 ya ponía blanco sobre negro a qué se limitaba. "Las cuentas anuales expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Casa de Su Majestad el Rey". "La contabilidad recoge el estado de liquidación de su presupuesto correspondiente al ejercicio anual terminado, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de la aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo". Es decir, cuadra el debe y el haber, y las cantidades cuantificadas en las distintas partidas se corresponden con el Plan de Contabilidad.

Instrucciones de contratación

Los propios auditores asumen en el informe de 2020 que su objetivo es únicamente "obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error". Sin más profundidad. Señalan que los contratos en Casa Real se rigen por las “Instrucciones de Contratación (otro hito de regulación interna) que Zarzuela empezó a aplicar desde el 1 de octubre de 2015 y por las normas del derecho privado que resulten de aplicación según el tipo de contrato". Toda la contratación, concluye la IGAE, se ha realizado "de acuerdo" con esta orden interna.

La Casa Real publica en su web los contratos que suscribe con datos como la fecha de inicio, de finalización, importe de licitación, de adjudicación, número de empresas invitadas, de licitadores y adjudicatario final. Pero sobre esto no existe la fiscalización posterior, que sí se produciría si se realizase una auditoría de legalidad de nivel dos. El único control sobre la los gastos es el que hace la interventora de Zarzuela. Según su informe de 2020, "se ha verificado el adecuado cumplimiento de la legalidad vigente y de los procedimientos aplicables en relación con la gestión de las actividades económicas, presupuestarias y contables llevadas a cabo por la Casa de S.M. el Rey".

La institución de la Monarquía ha sufrido en los últimos años una profunda crisis de reputación. Primero por los escándalos que afectaron a Iñaki Urdangarin y después por los que apuntaron directamente a Juan Carlos I. Felipe VI ha tratado de sofocarlos con algunos cambios en Zarzuela, sobre todo al principio de su reinado. Pero no han logrado aún apagar la exigencia de una mayor transparencia en esta nueva etapa.