José Blanco SA, de políticos a consultores y viceversa: "Hay que ser prudente con los contactos"

Pepe Blanco

Pepe Blanco / EPC

¿Aprovechar una posición privilegiada o contribuir a un servicio público? El salto de políticos a consultoras es ya una práctica habitual que en las últimas semanas ha adquirido especial relevancia tras la llegada al Gobierno de Antonio Hernando. El ex diputado socialista, que abandonó la política en 2017, ejercía hasta ahora como director general de Acento Public Affairs, la empresa que impulsó a finales de 2019 junto al ex ministro socialista Pepe Blanco y que el año pasado consiguió 2,1 millones de euros en facturación. 

El trasvase del dirigente, ahora adjunto en el Gabinete de Pedro Sánchez, ha despertado suspicacias y ha puesto el foco en este tipo de 'lobbys', destinados a mediar entre empresas e instituciones con ánimo de influir en las decisiones gubernamentales. Unas consultoras donde es frecuente la presencia de directivos que en su día ocuparon cargos públicos de alta responsabilidad. 

Este perfil, con conocimientos profundos sobre legislación y experiencia en el funcionamiento institucional, permite orientar a sus clientes y ofrecerles soluciones que en último término suelen depender de las propias Administraciones. Sin embargo, la estrecha vinculación que guardan el poder político y el empresarial a través de estas figuras alimenta los recelos en algunos sectores, ante la falta de regulación de estos ‘lobbys’ que impide dotar de transparencia al proceso de toma de decisión. 

¿Con quién se reúne un ministro antes de redactar una norma? ¿Cómo influye la relación personal que mantiene con su interlocutor? ¿Existen tratos preferentes hacia las empresas representadas por antiguos compañeros? Son dudas razonables que abren un debate en el propio sector, donde todos coinciden en regular esta actividad para reducir cualquier sospecha y normalizar este oficio. 

“Es una actividad que se ha mirado con sospecha aunque es algo muy habitual, y que debe estar regulada. Hay que organizar este ámbito, porque la demanda crece como la expresión de la participación de las empresas en el proceso de toma de decisión pública”, defiende el ex ministro de Sanidad del PP y ex vicesecretario popular Alfonso Alonso, que el año pasado se incorporó como presidente de Acento. “Tiene que estar regulado, ordenado y sometido a transparencia. Es importante saber quién está detrás y qué va a hacer”. 

Dos de los dirigentes que hoy se suman a pedir una regulación fueron dos de los políticos que contribuyeron, en distintos momentos y diferentes posiciones, a la actual Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Uno de ellos es Joan Navarro, actual director de Asuntos Públicos de la consultora Llorente & Cuenca, que entre 2004 y 2007 dirigió el Gabinete del ministro de de Administraciones Públicas, cargo ocupado entonces por Jordi Sevilla, hoy también en LLYC. 

Durante su etapa en el Ministerio, Navarro participó en la elaboración del Código de Buen Gobierno que serviría después de base para la actual Ley de Transparencia, que culminó José Luis Ayllón, director de Contexto Político de la misma consultora, que entre 2011 y 2018 ejerció como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en el Ministerio de Presidencia. Desde este puesto elaboró el anteproyecto de la actual ley, aprobada en 2013. 

Provenientes de gobiernos de distinto color y redactores de la actual norma, ahora ambos piden una legislación de los 'lobbys', ya sea dentro de esta norma ya existente o con una medida dirigida expresamente a este fin. Una ley para establecer una regulación, un objetivo que es también uno de los puntos que figuran en el acuerdo del Gobierno de coalición y que a día de hoy sigue pendiente. 

Puertas giratorias, con transparencia

“Estoy a favor de las puertas giratorias, pero con transparencia”, defiende vehemente Navarro, consciente de las críticas que recibe el sector. La publicidad de las reuniones se presenta como un requisito indispensable, considera, “para evitar que los altos cargos tomen decisiones que perjudiquen al interés general”. Una transparencia que también serviría para mejorar y que se vea con normalidad a unos 'lobbys' que ya operan de facto con total naturalidad. 

Somos democratizadores de las Administraciones”; apunta Ayllón, que razona su argumento en que estas consultoras prestan servicios a empresas de todo tipo, desde grandes multinacionales a pequeñas compañías que buscan orientarse sobre cómo actuar ante un nuevo horizonte legislativo, o cómo trasladar su posición al ámbito de las decisiones. “Algunas empresas que no saben adónde acudir nos llaman a nosotros y les damos mecanismos”, continúa Navarro.

“Las puertas de la Administración están abiertas, pero hay que saber a cuál dirigirte”, sostiene José Luis Ayllón

Matiza Ayllón que su principal labor no es reunirse con políticos o personas de confianza, lejos de la creencia extendida: ”Nosotros apenas hacemos representación de la empresa”, sostiene. Los tres ex dirigentes consultados coinciden en restar importancia a los contactos logrados durante su paso por las instituciones, y enfocan el valor de su puesto en el conocimiento: “La agenda caduca”, dice Navarro, que apunta a que es una labor más enfocada a guiar y diseñar estrategias que de interlocución directa con el poder.

“Los directivos de empresas tienen un enorme desconocimiento de la legislación de España y de su funcionamiento, o de las políticas impositivas, y ese conocimiento les hace ser más competitivos”, advierte Ayllón. En este sentido, señala que su labor consiste más en guiar la acción empresarial que interceder directamente: “Las puertas de la Administración están abiertas, pero hay que saber a cuál dirigirte”, continúa, asegurando que “el 90% de los políticos están deseando hablar con el sector privado”. 

Alonso coincide en este punto y defiende que la labor de estas consultoras es mostrar el camino más que trazarlo directamente mediante posiciones privilegiadas: “Hay un sector que tiene interés en la tramitación de una ley, pues tiene pautas de participación, períodos de consulta, puede presentar alegaciones...es una forma de participar en el debate trasladando sus puntos de vista mientras la decisión está en el Gobierno”. 

Lo importante, sostiene, es “conocer cómo es el proceso y que pueda existir una participación que ayude a todos”. “El juego político es libre pero para tomar una decisión tienes que tener toda la información. Nuestra labor es que conozcan el punto de vista de los otros”.

"Un retorno a la sociedad"

Ayllón va más allá en la descripción, y considera su trabajo como otro tipo de servicio público: “Es un retorno a la sociedad de lo aprendido durante el paso por las instituciones”. “La Administración también debe conocer la realidad sobre la que va a legislar y en muchos casos no sabe a quién dirigirse. Nosotros contribuimos a que la legislación refleje a la sociedad y se tomen decisiones dirigidas al bien común. Es un problema que los políticos legislen a espaldas del sector privado”.

La permeabilidad entre política y mundo de la empresa es clara y, lejos de verlo como un perjuicio, todos coinciden en considerarlo una forma de enriquecer la sociedad. “Un político que haya trabajado en una empresa privada toma mejores decisiones, y el que pase de la empresa a la política tiene mejor conocimiento del sector privado”, defiende Navarro. 

Sin embargo, las diferencias en cuanto a los modos de dar este ‘salto’ entre lo público y lo privado son notables entre los distintos actores. Desde la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), organización que representa a lobbys o grupos de interés, desaprueban de manera tajante el salto directo entre la política y el mundo de las consultoras y, ante la falta de regulación, tienen un código de conducta que requiere una “desconexión” de los cargos públicos de tres años antes de incorporarse a una consultora, y el mismo tiempo para quienes, desde un puesto en una empresa, pase a ocupar un cargo en la Administración donde tome decisiones que influyan en su sector anterior; unas reglas internas que van más allá de la actual normativa de incompatibilidades para altos cargos, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. 

Según el artículo 15 de esta ley, quien haya ocupado un puesto de este tipo tendrán restringida la actividad en el sector privado durante los dos años siguientes a su cese, debiendo comunicar y solicitar autorización sobre cualquier trabajo a la Oficina de Conflicto de Intereses -dependiente de Hacienda-. Durante este tiempo, además, se impide a los políticos recalar en empresas que hayan sido objeto de su ámbito de decisión para evitar los conflictos de interés o el posible cobro de favores. 

En el caso de APRI, aumenta a tres años el periodo de incompatibilidad, y todas las consultoras que quieran inscribirse deben cumplir los requisitos. Es precisamente por esta razón por la que rechazaron a la consultora Acento cuando ésta solicitó su inclusión en la Asociación. La modificación de dos a tres años que impidió su entrada -en 2019 Hernando cumplía dos años fuera de la política- se llevó a cabo de manera casi simultánea a la petición de entrada de la empresa fundada por Pepe Blanco. 

Un límite con el que no están de acuerdo los ex dirigentes que ahora trabajan en consultoras, que consideran que esto dificultará la entrada de talento en la política. “Sería la muerte civil de los políticos”, sostiene Ayllon. “No es que sean puertas giratorias, es que son puertas cerradas”, critica duramente. Navarro advierte de la suficiencia de la actual legislación en materia de compatibilidad, advirtiendo de que ya impide trabajar dos años en una empresa que haya estado en el ámbito objeto de decisión cuando ostentaba un puesto de poder.

Contra la "influencia indebida"

Pero desde APRI consideran que hay que elevar las exigencias. “Tenemos un código de conducta ante la falta de regulación de los ‘lobbys’ y el deseo de conseguir que sea una profesión respetada”, explica su presidenta, María Rosa Rotondo, que considera esencial “dar transparencia, levantar la opacidad y liberar de sospechas el sector”, más aún ante la gravedad de lo que, en su opinión, representa el salto directo de políticos a consultorías de relaciones institucionales. 

Rotondo considera que hay casos que van dirigidos “claramente al mundo de la influencia indebida”, por lo que llama a “huir del conflicto de intereses y tráfico de influencias”. Defiende que los políticos, antes de pasar al ámbito de la consultoría, deberían “romper la cadena de favores” en un periodo de “enfriamiento” que garantice que no se empleen posiciones privilegiadas para inducir a determinadas decisiones. 

“Este código de conducta determina cómo y cuándo pasar del sector público al privado o viceversa”, detalla, señalando que este último camino “es la primera vez que lo vemos con esta magnitud”, en referencia al caso de Antonio Hernando. La presidenta de APRI cuestiona abiertamente el nuevo papel de Hernando como adjunto a la dirección del Gabinete de Presidencia: “Quién verifica que no va a actuar al servicio de sus intereses”, se pregunta, advirtiendo del riesgo de que pueda emplear su actual influencia en beneficio de pasados o futuros clientes, en caso de que tuviera en el horizonte reincoporarse al sector. 

Aunque considera que la permeabilidad entre mundo político y empresas es buena y que “no se puede castigar a nadie por haber estado en un Gobierno”, sí advierte del riesgo de que “se pervierta esta permeabilidad”, y pide una ley que ponga límites a este tipo de puertas giratorias. 

“Corremos el riesgo de volver a la cultura del ‘pelotazo’” en un momento en que los Fondos Europeos podrían repartirse “sin ningún control”. “Si hay alguien en puestos de decisión que ha trabajado para Hawei o Iberia, va a tener mejor interlocución con porque han sido clientes”, advierte, en referencia a los clientes de Acento. 

El caso de Acento

Políticos en consultoras ha habido siempre

“En este caso Pepe Blanco decide hacer su propia consultora con su marca, que es un caso novedoso. La novedad reside en que, en vez de estar en una posición discreta, en este caso los ex dirigentes son los titulares, quizá por eso ha llamado la atención”, defiende, y añade que esto “forma parte de un proceso que debe asentarse” con el objetivo de lograr la normalización.

Sin embargo, el ex dirigente popular resta importancia a los vínculos establecidos durante la etapa política: “La gente cree que lo decisivo es que uno tenga contactos y eso está bien, pero no es decisivo. Uno debe ser muy prudente con los contactos, tampoco se trata de fatigar a la gente ni nadie va a tomar una decisión porque te conozca”, asegura. “Lo importante es que por tu experiencia sabes cómo funciona este sistema, y puedes explicarlo al mundo de la empresa, donde a veces no se comprende”.

 Alonso lamenta que “hay muchos mitos” en torno a este sector, y apunta a que el trabajo se centra en “la elaboración de estrategias, de ayudar a comprender qué pasa, adaptarse a los cambios y adelantarse a las decisiones de Gobierno”. 

La salida de Hernando de Acento al Gobierno fue un salto que no gustó en exceso dentro de la empresa, pero no ha sido la primera polémica de la consultora, a la que en septiembre se le relacionó con una propuesta aprobada por Las Cortes que abrió un agujero de 1.500 millones de euros a la empresa pública AENA, al obligarle a bajar el alquiler a los comercios de los aeropuertos para paliar las caídas en ventas sufridas en la pandemia. 

"El trabajo para los Fondos Europeos los lleva otro tipo de consultoras encargadas de definit el proyecto. No es algo que entre en nuestra actividad", defiende Alfonso Alonso, presidente de Acento

Desde esta consultora se desvinculan de esta medida, que salió adelante gracias a una enmienda presentada por Coalición Canaria en el Senado. Una enmienda que, destacan, no estuvo relacionada con Acento. “Nosotros teníamos algunos clientes afectados pero había muchos actores y nosotros no presentamos esa enmienda”, detallan. 

Sí aseguran que trasladaron a sus clientes que existía una proposición de ley y que “intentamos que hubiera una negociación para resolver este problema”. Una interlocución que habrían mantenido con el propio presidente de AENA, Maurici Lucena, y que no habría llegado a buen término. Sería después de este intento fallido cuando se habría presentado la enmienda al texto, un movimiento que desvinculan de Acento. Gracias a esta enmienda se aprobó la medida en el Congreso, con la oposición del PSOE, abriendo un frente en los departamentos económicos del Gobierno. 

A Acento también se les ha relacionado con la labor de facilitar a empresas su entrada en el reparto de Fondos Europeos, tras la firma de un convenio con YGroup, una consultora internacional especializada en asuntos económicos, para asesorar a empresas que quieran acceder a estos fondos. Sin embargo, desde la consultora de Blanco defienden que el acuerdo fue puntual y desvinculan su trabajo del reparto de los 140.000 millones de la UE. Alonso apunta a que este tipo trabajo suele encargarse a consultoras más grandes y no tan enfocadas en relaciones institucionales. “Es otro tipo de consultoría donde tienen que definir bien los proyectos y, no hay una clave de incidencia en el decisor, porque es concurso público, y ahí hay poco que aportar. No es algo que centre nuestra actividad”. 

De políticos a consultores, y viceversa

En Llorente y Cuenca, por ejemplo, además del ex dirigentes de PP José Luis Ayllón y del PSOE Jordi Sevilla están el que fuera secretario de Estado de Comunicación en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, Fernando Moraleda, y Constantino Méndez, quien fuera secretario de Estado Defensa durante la segunda del ex presidente socialista. 

En Ernst & Young (EY), una de las cuatro grandes consultoras, las llamadas big four, ha recalado Isabel García Tejerina, la ex ministra de Agricultura con Mariano Rajoy, pero también otro de los dirigentes populares de ámbito autonómico con más renombre: Borja Sémper; o Juan Costa, que fue ministro de Ciencia en el último Gobierno de José María Aznar. Más reciente es el caso de Ramón Escolano, que fue ministro de Economía sólo tres meses con Rajoy, hasta su desalojo en la moción de censura. También está en esta consultora Marta Fernández Curras, quien fuera hasta 2016 secretaria de Estado de Presupuestos en el Gobierno del PP.

En 2019 generó cierta polémica el fichaje por EY de Juan Pablo Riesgo, ex secretario de Estado de Empleo con la popular Fátima Báñez, al darse el salto después de que su ministerio concediera dos contratos entre 2016 y 2017 por valor total de 3,5 millones de euros a la consultora que después le dio trabajo.

Daniel Fuentes, el que fue hasta mayo jefe de información económica de la Moncloa del Gobierno -un puesto creado por Iván Redondo-, también fichó en septiembre por Kreab Research, donde es director de su unidad de análisis. También en esta consultora está Miguel Ferre, ex secretario de Estado de Hacienda con Cristóbal Montoro, o el ex ministro de Justicia hasta 2018, Rafael Catalá, además del ex diputado de CiU en el Parlament de Cataluña, Xavier Cima, que es también marido de Inés Arrimadas. También formó parte de esta empresa el ex diputado socialista Eduardo Madina, que después se incorporó a la firma Harmon.

Pero el trasvase también se da en nivel inverso, y Antonio Hernando no es el único que ha dado el salto a la política desde consultoras intermediarias con empresas. Fue el caso de Luis de Guindos, que fue secretario de Estado de Economía con José María Aznar hasta 2004 y que, tras su salida, fue el responsable de servicios financieros de PricewaterhouseCoopers, un puesto que ocupó hasta su nombramiento en 2011 como ministro de Economía en el Gobierno de Rajoy. En PwC también están los ex diputados populares Vicente Martínez Pujalte o el ex ministro José Bono o la ex diputada del PP Ana Torme

Los ‘lobbys’, en el pacto de coalición

La legislación sobre los lobbys forma parte del acuerdo de coalición firmado en diciembre de 2019 entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, donde se comprometían a “abordar la regulación de los lobbies para hacer transparente su incidencia política, con registro obligatorio y público de sus entrevistas y agendas".Sin embargo, este punto del pacto parece haber quedado en el papel mojado. 

No hay voluntad política", critican desde APRI, donde relacionan los intentos de aportar transparencia a este sector a la llegada de los nuevos partidos, y con la creciente restauración del bipartidismo es asunto que ha vuelto a quedar encallado. 

En los últimos meses sí hubo avances legislativos por parte del Gobierno, aunque han quedado de nuevo paralizados. La llegada de Miquel Iceta al Ministerio de Política Territorial y Función Pública a principios de año supuso un gran acelerón para la ley de los lobbys, y el ministro sometió a consulta pública el llamado “Anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés”, que estuvo abierto a aportaciones entre abril y mayo. 

Pero el breve paso de Iceta por este departamento, con el cambio de Gobierno y la redistribución de carteras en verano, llevó a que Función Pública -área de la que depende esta materia- pasara a depender de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La norma se encuentra ahora paralizada, y fuentes del ministerio aseguran que está en “fase de redacción” y de “trabajos internos” sin que exista ningún plazo previsto para que salga a la luz. 

Más allá de una legislación de Gobierno, sí que ha existido cierta regulación de los grupos de interés en su relación con los políticos de Las Cortes, aunque estas normas nunca han terminado de aplicarse. Fue en febrero de 2019 cuando se aprobó un Código de Conducta en el Congreso de los Diputados, bajo la presidencia de la popular Ana Pastor, que establecía que los políticos y grupos parlamentarios debían publicar sus reuniones en una agenda pública, aunque este código nunca ha llegado a cumplirse, al no haberse establecido sanciones o mecanismos de control. “La Mesa y la presidenta, Meritxel Batet, deberían encargarse de su cumplimiento”, lamenta Rotondo. 

En la actualidad hay una proposición de ley en el Congreso presentada por el Grupo Socialista destinada a modificar el Reglamento de la Cámara de nuevo y obligar a los grupos de interés a inscribirse en un Registro público y que toda su actividad y relación con diputados sea transparente, con carácter obligatorio, al igual que los contenidos tratados en esos encuentros. La medida, que se admitió a trámite este verano, lleva desde entonces paralizada mediante sucesivas ampliaciones del periodo de enmiendas, un método habitual para retrasar la tramitación de leyes que, en muchos casos, acaban muriendo en el proceso, como ya ocurrió con el último intento serio por establecer esta regulación, hace ahora cinco años. 

La regulación de los lobbys por parte del Gobierno es un compromiso que ha pasado de legislatura en legislatura sin que los principales partidos le dieran el impulso definitivo. En 2016, Ciudadanos registró en el Congreso la llamada Ley Ómnibus contra la corrupción - Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes-, que fue una de sus primeras iniciativas de calado tras su irrupción en política y que incluía la regulación de los lobbies.

 La propuesta estuvo casi tres años en el Parlamento, pero el bloqueo del PP llevó a que muriera sin superar los trámites. Después de un año y medio a la espera de un informe que permitiera avanzar, la legislatura decayó en 2019 con la convocatoria de elecciones anticipadas. Ahora, el nuevo compromiso del Gobierno de coalición se mantiene en stand by, y sin haberse iniciado siquiera la tramitación, el reloj vuelve a jugar en contra.