Elvira Rodríguez: “Viendo el puño en alto, Europa está más tranquila con Calviño que con Díaz”

Elvira Rodríguez, vicesecretaria general de Acción Sectorial del PP, mira con preocupación la situación económica en España. Los precios alcistas, la política energética del Gobierno, la insistencia en derogar la reforma laboral y de eliminar el factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones. Está convencida de que en Bruselas da más tranquilidad Nadia Calviño que Yolanda Díaz, e insiste en que las reformas que pide Europa no van en la dirección de anular la reforma de 2012 del PP.

¿Habrá derogación de la reforma laboral del PP? La ministra de Trabajo promete que sí, pero la parte socialista de la coalición habla de “modernizar”. Y no parece que vayan en el mismo sentido.

Hace ya meses que la vicepresidenta Calviño dijo que se habían puesto de acuerdo con el lenguaje. A ella no le gustaba la palabra derogar. Pero lo importante es lo que vaya detrás. Y lo llamen como lo llamen, lo que significa derogar sí les gusta. No hay más que ver lo que han hecho con el factor de sostenibilidad en las pensiones. Como han firmado con los sindicatos que derogarían, pues utilizan un verbo que significa anular algo. ¿Van a anular la reforma laboral de 2012 por las buenas? Si oímos a los sindicatos parece que sí. Pero Europa ha dicho que de eso nada, porque el mercado laboral español no se puede permitir rigideces adicionales. Por mucho que digan, el sistema de 2012, ese que les gusta decir que es tan lesivo para los trabajadores, lo que ha dado es muchos puestos de trabajo. 

Europa pide que se resuelva el problema de la temporalidad. Hay que dar empleabilidad a la gente, para que si se pierde un puesto de trabajo o deja de existir, que esto a veces ocurre en ciertos sectores, que puedan acceder a otro. Europa no dice que se vaya hacia atrás en los convenios colectivos porque eso quita flexibilidad. Modernizar, que es lo que dicen ahora, no es ir hacia atrás. Y al final esto se ha convertido en un problema político de primer orden, cuando es una necesidad para que Europa nos dé los fondos de recuperación.

¿Está en riesgo la recepción de los fondos europeos?

Las broncas, las indefiniciones del Gobierno y la baja ejecución, desde luego, no ayudan. Hace un mes nos dijeron que iban a entrar 10.000 millones de euros más de financiación europea antes de que se acabara el año, en noviembre. Pero al presentar el Presupuesto solamente se ven los 9.000 millones del anticipo. Ellos mismos están diciendo que no van a poder presentar a Bruselas papeles de esa ejecución doble; el gasto realizado y las reformas estructurales.  

¿La intervención de Calviño se produce por la desconfianza que hay en Bruselas con Yolanda Díaz?

La vicepresidenta Calviño es la presidenta de la comisión delegada para asuntos económicos. Siempre, aunque el ministro de Economía no fuera vicepresidente y era presidente de la comisión delegada era un ‘primus inter pares’. Era el que tenía la responsabilidad de que la economía del país fuera bien. Y Empleo, Trabajo, Fomento, Medio Ambiente… estaban en esa comisión. Son los ministerios que tienen impacto económico. El ministro de Economía tenía mucho que decir. Y ahora se entiende que más, puesto que es también vicepresidenta primera.  Es cierto que viendo lo que se ve todos los días, el puño el alto, a Europa le deja un poco más tranquilo la vicepresidenta Calviño que la vicepresidenta Díaz.

¿Cómo dará el PP la batalla en Bruselas para impedir la derogación? Dice Casado que llegarán hasta el final.

Lo que decimos es que no nos vamos a callar en aras de un hipotético patriotismo. Esa es la teoría del avestruz. Somos un partido de Estado y por eso, con estas cosas que tienen efectos estructurales, creemos que no es lo que pide Europa ni lo que le conviene a España para prosperar. Hay quien dice que vamos a poner palos en las ruedas. Si es que llevan ruedas cuadradas, si no le funcionan por sí solas…

Es verdad que les acusan de catastrofistas y de hablar mal de España.

Nosotros no hablamos mal de España, hablamos mucho mejor de España que ellos. Pero no vamos a hablar bien de las cosas que hace el Gobierno y que no compartimos en absoluto.

¿Usted comparte, como dijo Casado, que España se encamina hacia la quiebra?

Yo ya lo he dicho. Si le aplicamos a las cuentas públicas el criterio de una empresa privada tendríamos verdaderos problemas. ¿Cuál es la ventaja o inconveniente que tiene el sector público en relación a entrar en quiebra? Que acude al mercado de capitales y le financian. Esa financiación fácil y esa relajación de las reglas fiscales que ha seguido Europa porque ha entendido que en un caso de pandemia y paralización física de la economía se necesitaban impulsos fiscales, el Gobierno los ha mal utilizado y ha aprovechado para hacer un incremento de gasto estructural que pone en grave riesgo las cuentas futuras. 

Si se cortara esa financiación fácil, que en este momento la tenemos y la secretaría general del Tesoro ha seguido una política de endeudamiento en España con bastante buen sentido, tenemos la deuda que cada vez baja más el tipo medio porque se sustituyen emisiones caras por emisiones más baratas a medio y largo plazo. Lo vemos en perspectiva: si tú tienes muchos gastos estructurales e impides que la economía crezca y tienes un montante de deuda muy importante, entras en un riesgo de subida de intereses que te colapsan y tienes problemas para la refinanciación. Cuando se levanten los programas pandémicos, al margen del tipo medio que tengamos del coste de la deuda, sí es cierto que le va a resultar a los países con peor política fiscal (y nosotros estamos los primeros) mucho más difícil financiarse que los países con la casa más ordenada.

Esta semana la Audiencia Nacional confirmó que las obras de la sede de Génova se pagaron con dinero negro. Anunciaron una mudanza que aún no ha llegado. ¿Le parece suficiente para desprenderse de la corrupción del pasado?

La Justicia se ha pronunciado sobre hechos ocurridos ya hace más de 15 años con los que la actual dirección no se siente concernida. Respeto, acatamiento y mucho trabajo porque la situación del país es muy grave.

¿Se han reconducido las relaciones entre el PP y la CEOE? En junio hubo un distanciamiento evidente.

A ver, la patronal es la patronal, y nosotros somos un partido que creemos en las empresas. Distanciamiento… Bueno, yo creo que ahora tenemos confluencia de intereses. Pero nosotros no somos el partido que defiende a la CEOE. Defendemos al tejido empresarial porque creemos que es la única manera de salir de esta.

El líder de su partido ha estado esta semana en un acto con Garamendi y en el Congreso Nacional de la Empresa Familiar. El Gobierno no estuvo en ninguno de los dos. ¿Se está distanciado de los empresarios?

Pues cualquiera sabe. Hoy por hoy, indudablemente y visto desde fuera, solo se ven reuniones con los sindicatos y da la sensación de que son ellos los que marcan el paso. Nosotros vamos a seguir como siempre. Que el gobierno rompa relaciones con el tejido empresarial del país me parece francamente grave porque ya no sé adónde vamos. 

Sobre los Presupuestos: ustedes dicen que nacen muertos porque no tienen un cuadro macro realista. El Banco de España, la AiRef y otros organismos los tildan de optimistas. Este viernes el INE dijo que la economía española creció un 2% en el verano. La cifra es inferior a lo previsto.

Los Presupuestos no son lo que eran en la época franquista, que tenían detrás un Banco de España que le daba a la maquinita y se lo financiaba con dinero hubiera o no inflación. Iban con las cuentas al Parlamento y el Parlamento autorizaba el escenario de gastos. Pero ahora, por varias razones, el Gobierno ha perdido la política monetaria con Europa. Solo tiene política fiscal para conseguir su objetivo que es crecer y tener empleo. El cuadro macro, que no sea correcto, que sea mentira o incierto, el adjetivo que queramos poner, hace que el Gobierno no esté planteándose la herramienta de política económica que tiene el Presupuesto como tal. ¿Qué le interesa al Gobierno? Gastar, gastar y gastar. A mí vender el Presupuesto como una cifra de gasto histórico me da vergüenza. Yo lo vendería en cifras de gasto porque tenemos una política de educación que dobla, por ejemplo. Pero el gasto a globo… Lo que deja sobre la economía son datos malos. 

Y el tipo de gasto dicen que tiene mucha inversión que viene de los mecanismos de recuperación. Pero el gasto estructural no es inversión. La inversión es coyuntural y el incremento de gasto estructural va en todas esas partidas en las que ellos se defienden diciendo que apoyan a los vulnerables. Lo que nosotros decimos es que los puestos de trabajo es lo que da futuro. 

No parece que ninguna enmienda a la totalidad pueda prosperar la semana que viene. ¿Pero qué le parece que Vox vaya a seguir con su estrategia de no presentar enmiendas parciales como hizo el año pasado?

Me parece irresponsable. Más que dejadez veo que no es hacer frente a la responsabilidad que tienes por haber sido elegido por los españoles. Eso de “yo a esto no juego” es como de niños. Ya sabemos que no nos van a aceptar ninguna enmienda, pero que no lo hagan y se retraten. Nosotros pondremos encima de la mesa muchas cosas, además de las enmiendas de infraestructuras en los territorios que lo necesitan, bajadas de impuestos… Aquello que creemos que se debe aprobar.

Otra reforma que sigue pendiente para noviembre es la segunda parte de las pensiones, que también está vinculada a los fondos europeos. No parece que los socios del Gobierno vean con buenos ojos el mecanismo de equidad intergeneracional.

El Gobierno ha puesto una ley en el Parlamento por el trámite de urgencia y se han ido retrasando las enmiendas parciales semana a semana en las que se deroga el factor de sostenibilidad. La sostenibilidad del sistema de pensiones a largo y medio plazo se daba con dos factores: el de revisión y el de sostenibilidad. Y era un reparto entre pensionistas presentes y futuros. El Gobierno, en su ley, habla de revalorización con el IPC y de derogar el factor de sostenibilidad. Y promete que, con acuerdo o sin acuerdo social, en noviembre meterá el nuevo mecanismo que llama de equidad intergeneracional. 

Ese mecanismo hay que aprobarlo y sin esa reforma no nos van a dar los fondos europeos, porque eso formaba parte del primer hito. Lo que hacen es dar otra vez una patada hacia adelante, pero con fecha término. Y es que no hablamos de 2027, hay que decir algo antes del 31 de diciembre. Y en el hipotético caso de que todo el mundo lo aprobara, que es muy difícil, Europa le pondrá la lupa de cien aumentos. Gentiloni (el comisario europeo de Economía) ha sido muy claro estos días cuando ha dicho que le manden la propuesta que ya lo analizarán. En Europa no son tontos y se enteran de todo.

Pero el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional tienen que aprobarlo ya.

Curiosamente, yo creo que no van a meter la enmienda. El miércoles se acaba el plazo, porque lo han retrasado tres semanas. Nos puede sorprender el Gobierno metiendo una enmienda sin acuerdo o puede dejarlo para el Senado, que ya es de traca. 

¿Y si mete la enmienda? Escrivá ha sondeado a otros grupos como Ciudadanos para aprobarla.

A nosotros no nos tiene que sondear, nos tiene que convencer. Y a Ciudadanos entiendo que también. Nosotros hablamos muchas veces con el ministro, pero cuando llega el momento de meter las manos en la masa no nos da detalles.

Usted era partidaria de revisar los ERTE a la vuelta del verano, ahora se alargarán hasta febrero de 2022. ¿Qué consecuencias ve?

Acaban de incorporar algo que debía estar desde el principio, que es el impulso a la formación de las personas en ERTE. Empezaron en marzo de 2020 y estamos en noviembre de 2021. Es un año y ocho meses de un mecanismo que tiene que ser temporal y que se está convirtiendo, para según qué colectivos, en estructural. ¿Qué problemas tiene? Deberían haber empezado a darle empleabilidad a esos trabajadores antes.  ¿Qué tipo de empleabilidad? Desbloquear la prohibición para que las empresas se reestructuren. 

Estamos viendo en Europa que empezamos a tener tensiones en el mercado de trabajo en donde la oferta no casa con la demanda. Se ofrecen puestos de trabajo para los que no hay capacitación. A las empresas hay que dejarlas adaptarse y reestructurarse. Pero con la ampliación de los ERTE a febrero sigue estando la prohibición de despedir y quien lo haga ha de devolver todas las ayudas. La realidad es que 18 meses después la empresa que no haya podido salir tras el verano difícilmente puede tener un horizonte positivo.

La inflación se ha convertido en una de las peores amenazas para la recuperación.

El gobernador del Banco de España dijo en la comisión de Presupuestos que la inflación era temporal pero más persistente de lo que pensaban hace unos meses. Lo preocupante, al margen de los efectos que tiene sobre la economía, que los tiene, es la causa que la provoca en este momento. Y las altas probabilidades de que nos encontremos con que la inflación entre en una segunda vuelta. En España, los pasos que hemos conocido es que la subyacente ya está en el 1,4%, lo que muestra que se está pasando el incremento de costes a lo que no es la cesta de la compra, los productos perecederos o la energía. 

La energía está por las nubes, tenemos problemas con el gas, que produce un incremento en los precios. La decisión de electrificar las economías del primer mundo con energías renovables contribuye a que los productores de gas suban los precios porque tienen menos años de explotación y, además, llega en el peor momento. Cuando hay que aplicarlo en una crisis como la pandemia, que afortunadamente parece que la vamos superando, pero nos estamos enfrentando a otro problema de cara al invierno. Y a eso se ha sumado también que al abrirse la actividad de golpe en todo el mundo los que suministran no dan abasto. Con lo cual, la situación es muy preocupante. Y habría que ir tomando medidas, procurando no entrar en la segunda ronda de inflación, que es lo que la convertiría en estructural.

No queda mucho para encender la calefacción y los ciudadanos temen el invierno por los precios. El Gobierno quería medidas a nivel europeo, pero no parece que en el último Consejo hubiera avances.

Porque las decisiones que puso encima de la mesa eran estrambóticas. El Gobierno no puede pedir que le resuelva los problemas Europa una vez más. Lo que le han dicho, además, es que no está como otros países y que debe mirar lo que ellos hacen. ¿Cuál es el problema de España? Pues la apuesta radical y rápida por la electrificación renovable con unas fuentes que en este momento no existen, con una estructura de recibo particular (el PP pide que el recibo no soporte los costes que no sean de consumo de energía propiamente dicho y que se bajen los impuestos). 

El Gobierno lo que hace es enviar al mercado una señal contradictoria. ¿Qué le interesa a España para avanzar en la electrificación renovable? Precisamente, que las renovables cada vez avancen más. Pero ha conseguido hacer que las empresas que generan renovable paren las inversiones. ¿Entonces? ¿No habría que ir por el camino renovable? ¿Por qué ahora lo penaliza con una medida populista? Es lo que han hecho. Me parece muy bien que ayudes a la gente que no puede pagar el recibo, pero igual se podía ayudar a todos para que el recibo no fuera tan caro. Y además bajaría la inflación.

Y en mitad de este problema nos encontramos con que se han abandonado las fuentes de generación bases. Alemania ha quemado carbón con el problema del gas y Francia no ha dejado la energía nuclear. Es más, acaba de sacar un programa de centrales nucleares dejando claro que son muy eficientes.

Pero España cerró esa puerta.

En España se cierra esta puerta y ahora resulta que lo sabíamos, porque lo sabíamos, que buena parte del gas que se consume que no es gas licuado, viene del gasoducto que se cierra en Argelia este fin de semana. El otro día se fue in extremis la vicepresidenta Ribera a hablar con los argelinos y resulta que nos tiene que entrar gas licuado. Afortunadamente tenemos instalaciones que lo pueden gasificar. Pero ahora lo que no hay son barcos. Pero bueno, ¿qué tipo de política de energía es esta?

Los ayuntamientos están muy nerviosos por lo que van a dejar de ingresar a través del impuesto de plusvalía. ¿Ha habido dejadez por parte del Gobierno ante los avisos del TC?

Claramente. El Constitucional, que no se caracteriza por que saque las cosas de hoy para mañana, ya tenía dos sentencias en las que había avisado. Y ya se sabía que llegaría una sentencia que iba a desmantelar el impuesto de plusvalías. Es un impuesto muy particular. Yo estoy de acuerdo con el TC, pero también es cierto que los ayuntamientos prestan unos servicios públicos y que ese sistema de financiación es una parte de sus ingresos. La obligación del Gobierno, que ya lo sabía, era dar una solución a las cuentas de los ayuntamientos, no colocarlos en el déficit. Tal vez ahora nos hagan un real decreto ley, no sé cómo lo repartirán. Pero esta es la solución a corto. Tienen que salir a resolver el problema de los ayuntamientos, y a medio plazo, deben hacer un sistema justo y equitativo 

que sirva para complementar los ingresos.

Último asunto dejando a un lado lo económico. El caso del diputado Alberto Rodríguez ha provocado un choque institucional entre miembros del Gobierno y el Tribunal Supremo. También se abre un debate: ¿Es proporcionado que una condena de un mes y medio de prisión, traducida en poco más de 500 euros de multa, sirva para que un diputado pierda el escaño?

Nosotros hemos pedido la reprobación de Belarra. Es una ministra que cada vez que abre la boca dice una barbaridad mayor a la anterior. Pero claro, es comunista y más. Tiene una concepción dictatorial de la cosa pública. Ellos llaman fascistas a los que no lo son y se comportan como dictadores, que por ser de izquierdas no van a tener mejor condición que los de derechas.

Yo creo que una persona que patea a un policía no se merece estar en el Congreso. Cuando lo eligen no es por patear policías, y si lo hacen, como es un delito tiene que estar fuera. Igual es que ese delito tendría que tener mucha más pena de cárcel y más multa.