ERC y PNV barajan presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos

Los principales socios de Gobierno amenazan los Presupuestos Generales del Estado ya se preparan para presentar sus respectivas enmiendas a la totalidad a las cuentas, ante la falta de una negociación seria por parte del Ejecutivo. El viernes termina el plazo para presentar estas iniciativas, y el pésimo balance que hacen ERC y PNV sobre las actuales conversaciones les llevan a calentar motores para pasar a la ofensiva. De llegar a presentarse, supondría un duro varapalo a la coalición, ya sacudida por una de las mayores crisis a raíz de la guerra abierta entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz por la reforma laboral.

Los republicanos catalanes revelaban a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA a última hora de este miércoles que han comenzado ya a redactar el texto de la enmienda a la totalidad, en previsión de que continúe la tónica vivida hasta el momento, por la que denuncian la escasa voluntad negociadora del Ejecutivo, pese a la existencia de contactos continuos. Desde ERC no entienden el escaso interés demostrado por su interlocutor en atender su principal demanda: la Ley Audiovisual, que blinda una cuota para las lenguas cooficiales en las plataformas audiovisuales como Netflix o HBO. Las enmiendas a la totalidad presentadas -de momento PP y Vox ha sido los únicos que han presentado una iniciativa de este tipo- se debatirán el próximo miércoles y jueves 3 y 4 de noviembre, aunque pueden retirarse en el último momento, si es que finalmente se llega a un acuerdo.

La sensación entre los socios de Gobierno es compartida, y acusan la falta de iniciativa desde Moncloa en estas negociaciones, a diferencia del año pasado, donde estaban en juego las primeras cuentas de la coalición que evitaran prorrogar de nuevo los presupuestos del Partido Popular. Sospechan que la falta de avances delata que el Ejecutivo intentará llevar a cabo una "negociación relámpago" a última hora; un extremo al que no están dispuestos y, a una semana del debate a la totalidad de las cuentas, exigen más disposición para pactar su apoyo a las cuentas. "Deben pensar que tienen 180 diputados", ironizan.

Los republicanos también acusan los incumplimientos de aquellos acuerdos alcanzados ahora hace un año para sacar el proyecto presupuestario de 2021, como el traspaso a Catalunya de la gestión del Ingreso Mínimo Vital. "Cómo vas a generar confianza si no cumples", destacan. El malestar entre los aliados habituales del Ejecutivo es patente. Sobre una posible prórroga de los actuales presupuestos ante la falta de mayoría para sacar los de 2022, defienden que no supondría graves problemas, puesto que los Fondos Europeos podrían vehicularse a través de reales decretos; algo similar a lo que ocurrió en los presupuestos de 2019, cuando Pedro Sánchez no consiguió el apoyo a sus cuentas y tuvo que sacar una veintena de decretos para rediseñar el proyecto presupuestario.

En la misma línea se muestran desde el PNV, donde también mantienen sobre la mesa el botón nuclear de la enmienda a la totalidad. En su caso, advierten que el planteamiento no será retirar la enmienda a la totalidad en caso de presentarla. Valorarán esta opción hasta el último momento, pero si finalmente es registrada, la idea es mantenerla para su debate en el Pleno. La sensación de los nacionalistas vascos es la misma que la de los republicanos: "Seguimos igual", defienden. Aunque las conversaciones continúan en las últimas horas, no existen avances y ya se preparan para todos los escenarios.

Desde EH Bildu no contemplan lanzar esta ofensiva contra el Gobierno, pero sí comparten la sensación del resto de socios. Aseguran que las turbulencias dentro del Consejo de Ministros ha "realentizado la negociación", y aunque no hay un acuerdo cerrado, confían en que pueda llevarse a cabo. En Compromís el malestar es notable, y se muestran dispuestos a votar contra las cuentas ante la falta de interés del Gobierno. En este sentido se pronunció también el portavoz de BNG este miércoles, que apuntó que el Gobierno "no está demostrando un gran interés" en que la negociación de los Presupuestos "salga adelante". Advirtió además de que "si el PSOE no se mueve", el voto de los nacionalistas gallegos puede ser "en contra".

Los socios se aíslan de la guerra Díaz-Calviño

Los distintos aliados del Gobierno han tratado de aislar su negociación con la guerra Díaz-Calviño, evitando que el choque dentro de la coalición 'contamine' las conversaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado. Los principales partidos que han sustentado hasta ahora las políticas del Ejecutivo, huyen estos días del "ruido" provocado por el enfrentamiento abierto entre Díaz y Calviño a cuenta de la reforma laboral; un conflicto en el que el propio Pedro Sánchez ha tenido que intervenir y para el que se acordó un mecanimo de coordinación para acotar el alcance de la reforma.

Los nacionalistas vascos reprochan que "la exhibición pública de las discrepancias siempre nos ha parecido reflejo de una escasa cultura del acuerdo y de una constante necesidad de postureo", que sobre todo atribuyen al socio minoritario.

Una posición que, creen, "tan solo contribuye a generar inestabilidad y a entorpecer avances en lo realmente importante: la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía". Así, desde el PNV descartan que este choque pueda afectar al diálogo con el Gobierno, y adelantan que no "añadirán más ruido". Precisan, además, que de momento "no son conocidas ni las discrepancias concretas ni los posibles textos en los que el Gobierno de coalición pueda estar trabajando".

Los republicanos consideran que en una negociación "todo cuenta", pero adelantan que "no vamos a alimentar las diferencias" en el Gobierno de coalición, al formar parte de un Govern de coalición en Catalunya donde los equilibrios son también frágiles.

Eso sí, adelantan que más allá de las diferencias entre Unidas Podemos y PSOE, la reforma laboral deberá contar también con algunos ingredientes clave para que tengan el apoyo necesario de los republicanos catalanes. Uno de estos puntos es rescatar las indemnizaciones por despido anteriores a la última reforma, por la que pasarían de 33 días a 44. Un asunto que Díaz tenía aparcado en su proyecto, ante la oposición frontal de la CEOE.