CON BELARRA A LA CABEZA

Choque institucional y la mayor crisis interna en el Gobierno de coalición

El anuncio de una querella contra Batet por parte de Podemos y el choque frontal entre Ejecutivo (de la mano de Belarra) y el Poder Judicial pone en serias dudas la salud de la coalición del Gobierno, que ya atraviesa su peor crisis.

Pedro Sánchez y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, a la derecha de la imagen, en los actos de celebración del Día de la Hispanidad.

Pedro Sánchez y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, a la derecha de la imagen, en los actos de celebración del Día de la Hispanidad. / EFE

La coalición de PSOE y Unidas Podemos atraviesa, fuera de toda duda su momento más delicado. La crisis desatada por el diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, al que la presidenta del Congreso ya comunicó que perdía su condición de diputado con la aclaración del Tribunal Supremo en la mano y después de ser condenado por patear a un policía, podría acarrear consecuencias importantes en el seno del Gobierno. El choque institucional que se produjo durante unas horas entre el Congreso y el Poder Judicial ha alcanzado ya al Ejecutivo.

La formación morada decidió a última hora del viernes declararle la guerra a Meritxell Batet anunciando una querella por prevaricación que, aunque está por ver cómo se materializa, encendió todas las alarmas dentro del PSOE. El partido que encabeza Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, cargó contra Batet por actuar “de manera unilateral” y retirarle el escaño a Rodríguez tras “la presión” del Supremo cuando “ambos saben que no es lo que dice la sentencia”. “Prevaricación”, zanjaba el mensaje de la sucesora de Pablo Iglesias en el partido y en el Ministerio.

Los socialistas emitieron poco después un comunicado de respaldo total a la presidenta de la Cámara Baja “por su escrupulosa actuación”, dejando claro que “se limitó a dar cumplimiento a la ley y a las sentencias emanadas de los tribunales”, añadiendo un recado sin matices a sus socios: “Las sentencias se pueden recurrir pero no se pueden incumplir”. La crisis, que no tiene precedentes, coincidió con la vuelta del presidente del Gobierno desde Bruselas, donde se celebró el Consejo Europeo. En la oposición las reacciones tampoco se hicieron esperar. El PP, que hace dos días llegó a su primer gran pacto de legislatura con el Gobierno, exige el cese inmediato de Belarra “por su ataque” al Poder Judicial. Fuentes del partido que lidera Pablo Casado aseguran que la situación generada es “insostenible” y dan por hecho que Pedro Sánchez tendrá que actuar.

Precisamente, el viernes comenzó con la exigencia de Unidas Podemos para reunir de urgencia a la mesa de seguimiento de la coalición. El trasfondo del asunto era la reforma laboral y la molestia de los morados con lo que entendían una “injerencia” por parte de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Sánchez, sin embargo, despejó cualquier duda respecto a su posición, respaldando que es la titular de Economía la que debe coordinar los trabajos en los que están implicados varios ministerios. Dicho de otra manera: el asunto lo pilotará Calviño y no Díaz. 

Parecía el plato fuerte de la jornada (y el primer enfrentamiento entre Sánchez y la líder de Podemos en el Gobierno) cuando se desató la segunda crisis porque afecta directamente al poder ejecutivo, al judicial y al propio Congreso. La anunciada querella contra Batet deja en una situación complicada la relación entre PSOE y Unidas Podemos. Ambos partidos reconocen que el escenario actual no es comparable a ningún otro. Pero más allá de este choque, el enfrentamiento entre la ministra Belarra y el Poder Judicial abre un nuevo capítulo con el que el presidente tendrá que lidiar antes o después.

Tras el tuit de la ministra de Derechos Sociales (afirmando que Alberto Rodríguez “fue condenado a pesar de que las pruebas que demuestran que él no estuvo allí” y que “el objetivo era quitarle el escaño”) la comisión permanente del CGPJ reaccionó con un durísimo comunicado en el que rechazaba “la sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación” vertida por Belarra, que llega a “atribuir la comisión de un delito a sus magistrados”.

Una afirmación, siguen los jueces, “que excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza las manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo”. “Esto sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable”, zanja el órgano de gobierno de los jueces, evidenciando el crítico choque provocado. Horas antes Felipe VI insistía en la necesidad de “defender la democracia” en la entrega de los Premios Princesa de Asturias, una cita anual clave para la jefatura del Estado. También el líder de la oposición estuvo en Oviedo en la ceremonia. 

Después de semanas algo convulsas a cuenta de la negociación presupuestaria y la relativa a la ley de vivienda, la coalición de PSOE y Unidas Podemos parecía haber restablecido el camino de la estabilidad. En realidad, el caso del diputado Alberto Rodríguez presagiaba que la tensión entre los dos partidos subiría. Ya la jornada del jueves en el Congreso y la tensa reunión de la Mesa para debatir lo que haría Batet auguró un desenlace complicado. Pero, definitivamente, la crisis ha escalado hasta cotas difíciles de imaginar. La anunciada querella contra la presidenta de la Cámara y el choque frontal entre el Poder Ejecutivo (de la mano de Belarra) y el Poder Judicial pone en serias dudas la salud de la coalición del Gobierno nacional, que también tiene ya encima de la mesa un conflicto entre Sánchez y Díaz.