Casado da una tregua a Sánchez con su primer pacto pero mantendrá la oposición dura

La renovación de cuatro órganos constitucionales pactada entre el Gobierno y el PP constituye el primer gran acuerdo de la legislatura entre los dos grandes partidos, que se une al de RTVE de hace meses y, eso sí, deja fuera la institución de mayor relevancia: el Consejo General del Poder Judicial, sobre el que las dos partes siguen siendo incapaces de llegar a un acuerdo. La interlocución PP-PSOE (en manos de Teodoro García Egea y Félix Bolaños) atraviesa por uno de sus mejores momentos, hasta el punto de que la negociación sobrevivió a un choque importante por ETA y la irrupción de Arnaldo Otegui en la escena política.

Entre los nombres acordados está el de Ángel Gabilondo como nuevo Defensor del Pueblo, y el de Teresa Jiménez Becerril (diputada del PP y víctima de la banda terrorista, que asesinó a su hermano siendo concejal del mismo partido en 1998) como número dos. La propuesta de los populares tiene especial relevancia en una semana marcada por el décimo aniversario del fin de la violencia de ETA.

PSOE y PP cierran el primer gran pacto de la legislatura pero apartan el CGPJ

A pesar del acercamiento entre los dos grandes partidos, los populares no prevén que el pacto con el Ejecutivo afecte en nada a su estrategia y mantendrán la oposición dura por la que Pablo Casado apuesta desde hace tiempo. El acuerdo es en realidad un paréntesis, una especie de tregua que no influirá en su posición durante el resto de legislatura, como demostró ayer el líder popular desde Bruselas mientras su número dos cerraba los últimos flecos de la renovación institucional. 

El líder del PP, que se vio con los principales líderes de la familia conservadora antes del Consejo Europeo, no dudó en arremeter contra Pedro Sánchez, al que acusó de mentir en Europa con compromisos que no cumplirá. “Que diga la verdad, que diga que va a derogar la reforma laboral del PP que fue aplaudida en la UE y que ha usado para los ERTE durante la pandemia. Que diga que propone la subida masiva de impuestos que Draghi y Macron rechazan o que usa los fondos europeos para comprar votos con videojuegos”, afirmó refiriéndose al reciente bono cultural para jóvenes. “Su agenda para los Presupuestos es mantenerse en el poder con socios radicales que no tiene ningún otro país europeo”, llegó a decir Casado.

En la cúpula popular insistían casi al mismo tiempo en que “renovar las instituciones no está reñido con seguir denunciando los abusos del Gobierno", dejando claro que el acuerdo alcanzado cumple con los criterios exigidos por Casado y enmarcándolo en "el reforzamiento institucional" que jefe de la oposición lleva prometiendo más de dos años.

La realidad es que después de meses en los que las negociaciones para renovar las instituciones parecían del todo bloqueadas, el PP lanzó una oferta definitiva hace justo una semana que en el Gobierno no esperaban. Lo hizo en persona Casado, desde su escaño, para cubrir de una vez por todas las vacantes de varios órganos constitucionales. Y coincidió con un momento en el que el PP recibía críticas por unas recientes declaraciones en las que afirmó que España se encaminaba hacia la quiebra. En Génova temían perder perfil institucional y consideraron que defender al PP como un partido de Estado estaba por encima de lo demás. De ahí, el golpe de efecto y retomar la iniciativa de un acuerdo con el Gobierno.

Así empezó todo, cuando además ya habían pasado dos semanas de la convención nacional en la que Casado se hizo fuerte como líder en un cónclave que internamente era crucial. Algunos diputados y miembros del partido no han escondido las dudas que les sugería cerrar un pacto con el PSOE en las actuales circunstancias, en mitad de la negociación presupuestaria y el acercamiento, no solo a ERC, sino a Bildu. Dos socios que Sánchez necesita para sacar adelante las cuentas públicas y el resto de reformas a las que los populares se oponen con total rotundidad. 

Pero en núcleo duro del PP apostó por diferenciar ambas cosas y seguir adelante. Los populares son conscientes de que la renovación institucional (especialmente la que se cerró ayer) no podía seguir demorándose. Los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional encajan con los “perfiles profesionales y apolíticos” que exigía la formación de Casado. En Génova destacan, sobre todo, la propuesta de Concha Espejel (actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional) que además es la primera mujer jueza propuesta por el PP. El reparto del Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos tampoco levantaba suspicacias entre los interlocutores. (Aquí se pueden ver todos los nombramientos).

Cosa distinta es el Consejo General del Poder Judicial. Tanto PP como PSOE insisten en su voluntad de avanzar también en esa renovación, a pesar de que no llegaron a incluirlo en estas conversaciones, como publicó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Pero llegar a un punto intermedio sigue pareciendo muy difícil: los populares no renuncian a una reforma legal en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces (que los magistrados elijan a doce de los veinte vocales sin ninguna mediación del Parlamento), y los socialistas no comparten un cambio del mecanismo actual. La cuestión es si ambos consiguen pactar una fórmula que satisfaga la ambición del PP de avanzar en la independencia judicial y, al tiempo, no implique un modelo corporativo que el Gobierno rechaza.

El PSOE, en todo caso, aprovechó el acuerdo de ayer para exigir que se extienda cuanto antes al órgano de gobierno de los jueces y lanzó una advertencia: "El Gobierno y los grupos parlamentarios que lo apoyan están dispuestos a lograrlo sin dejar pasar más tiempo".