Batet pide aclaración al Supremo para evitar acusaciones de prevaricación

Meritxel Batet devuelve la pelota al Tribunal Supremo para evitar consecuencias jurídicas. Después que la Mesa se reuniera este jueves durante dos horas y media, la presidenta de la Camara decidió mantener por el momento el acta del diputado de Podemos Alberto Rodríguez. Una decisión que llegó tras múltiples dudas, idas y venidas, rectificaciones y una reflexión personal de Batet que terminó con la incomparecencia y la incertidumbre del resto de partidos.

El caos vivido durante horas en el Parlamento llegó a cuenta del escrito enviado al Congreso por el presidente del Supremo, Manuel Marchena, en el que pedía detalles sobre la ejecución de la sentencia. Éste fue un nuevo detonante después de que este martes PSOE y Unidas Podemos hicieran valer su mayoría para, amparados en un informe de los letrados, rechazar las peticiones de PP, Cs y Vox para despojar del cargo público al dirigente morado. Rodríguez fue condenado a una pena de inhabilitación accesoria a los 45 días de prisión, conmutables por una multa, por delito de atentado contra agente de la autoridad durante unas manifestaciones en 2014.

El acta de Marchena llevó este jueves a volver a convocar de urgencia a la Mesa para tratar el asunto y desató un "galimatías jurídico" en el Congreso que no se ha cerrado a día de hoy, a la espera del Supremo. La sentencia, defienden socialistas y morados, "no es clara" ni precisa que sea necesaria la retirada del acta. Aunque el último escrito del tribunal apuntaba a la inhabilitación, el contundente informe de los letrados sobre la sentencia era contrario a esta decisión.

El informe fue clave en la decisión de Batet, que pidió al Alto Tribunal una nueva aclaración de la sentencia. Una decisión que habría llegado finalmente, y tras muchas dudas, como una forma de trasladar la decisión al órgano judicial y, señalan fuentes parlamentarias, ante la posibilidad de verse acusada de prevaricación, puesto que retirar un acta a un diputado pese al informe contrario de los letrados, "que dice justo lo contrario", podría considerarse por la oposición como una resolución tomada a sabiendas de ser contraria a la ley. Una prevaricación que podría ir "en los dos sentidos", tanto al quitarle al acta como al no hacerlo, de manera que se optó por la vía intermedia de pedir instrucciones precisas al órgano judicial.

La decisión fue calificada por el PP como una forma de "dilatar injustificadamente" la inhabilitación, mientras Vox compareció una hora después de finalizar la reunión, sin haber sido informado del desenlace final y convencido de que la presidenta había puesto en marcha la ejecución de la sentencia del diputado. Advertido de que no había sido así, se mostró tranquilo y confiado en que esto llegaría "en unos días", según afirmó Ignacio Gil Lázaro, el representante en la Mesa del partido de Santiago Abascal.

Fuentes de Unidas Podemos destacan que la reacción será rápida, y que el Tribunal Supremo tiene tres días hábiles para contestar, de manera que el próximo martes, en la reunión ordinaria de la Mesa, podrá volver a abordarse el asunto, si es que la respuesta de Marchena no llega antes.

Rectificaciones, retrasos e incomparecencia

Si la respuesta del Supremo se prevé pronta, pero no fue así la decisión tomada en el día de ayer. Aunque la reunión estaba inicialmente prevista para la una del mediodía, se retrasó una hora y, una vez iniciada, se prolongó durante dos horas y media. Distintas fuentes insisten en que se trató de un "debate jurídico y no político", donde el papel de Batet resultó determinante.

La discusión se abrió en el seno de la Mesa, donde los cinco dirigentes de la izquierda -dos de PSOE y tres de Podemos- se pronunciaron a favor de elevar un escrito de aclaración al Tribunal Supremo, mientras los tres de PP y Vox reclamaron la inmediata retirada del acta.

La reunión llegó a un punto muerto, y fue cuando el representante de Vox advirtió a Batet de que era ella a título personal quien debía tomar la decisión sobre la inhabilitación, que en ningún caso recaía sobre la Mesa. Sorprendida, la presidenta consultó al secretario general de la Cámara y Letrado Mayor de Las Cortes, Carlos Gutiérrez Vicén, que le confirmó este extremo.

Este detalle aumentó la presión sobre la socialista catalana, que por primera vez se avino a expresar su postura, más próxima al bloque conservador: Batet admitió que el escrito recibido por parte del Tribunal Supremo era una señal inequívoca de que la sentencia conllevaba una inhabilitación del diputado de Podemos. Sin embargo, la presidenta no tomó una decisión de inmediato.

"El requerimiento del Supremo ha hecho presión", se quejaba después Gerardo Pisarello, miembro de Unidas Podemos en la Mesa, que también denunciaba las "amenazas" que se produjeron, cuando "miembros de la oposición dijeron que de no tomarse la decisión de inhabilitarle podía incurrir la presidenta en un delito".

Dudas hasta el final

Las dudas de Batet llegaron hasta el final, y con giros de última hora. Después de expresar en la reunión su postura de retirar el acta, finalmente optó por la aclaración. Señalan fuentes socialistas que en un primer momento, recién emitida la sentencia del Supremo, la presidenta estaba convencida de que habría que inhabilitar a Alberto Rodríguez, pero el informe de los letrados le llevó a adherirse a la postura contraria. Una vez recibido el escrito del Supremo este mismo jueves fue cuando Batet volvió sobre sus pasos y consideró esta comunicación era una señal "inequívoca" de que esa inhabilitación debería producirse.

Sin embargo, la presidenta optó por no dar una respuesta inmediata al resto de grupos parlamentarios, ya que la decisión -y la consiguiente responsabilidad- recaía sobre ella misma. Así, la dirigente pidió un "tiempo de reflexión" de aproximadamente media hora tras el cual, aseguran testigos, comunicaría al resto de grupos la decisión tomada.

Transcurrieron las horas y no llegó ninguna comunicación a ningún partido, ni siquiera a Unidas Podemos, socio de Gobierno. Zanjó el asunto con un breve comunicado en el que anunciaba que pediría aclaración al Supremo. Se amparaba en el criterio de cinco miembros de la Mesa a favor de esta postura frente a los tres en contra. La presidenta no hizo constar su postura.

A última hora del jueves, los miembros de la Mesa aseguraban, algunos visiblemente molestos, no haber recibido comunicación alguna al respecto por parte de la Presidencia del Gobierno. "Hemos esperado tres horas después de que acabara la reunión para pronunciarnos, confiando en que nos dirían algo", señalaban desde el PP a la salida de la rueda de prensa en el Congreso, pasadas las siete de la tarde. Una vez que comenzaron a comparecer públicamente los distintos grupos, Batet abandonó el Congreso sin hacer declaración alguna.

Podemos exige "valentía"

Desde Unidas Podemos recibieron con críticas la reacción inicial de Batet de abogar por la inhabilitación. Le pedían a la presidenta del Congreso "valentía" a la hora de defender las garantías de sus diputados. "Es la tercera institución del Estado", censuraban desde las filas moradas.

"No podemos ocultar que nos ha sorprendido la intervención de la presidenta del Congreso, que el martes se pronunció en sentido contrario. Hoy parece ser que, por ese oficio del Supremo, ha cambiado de opinión", criticaba después en rueda de prensa Javier Sánchez Serna, miembro de Unidas Podemos en la Mesa.

El otro objeto de las críticas fue el presidente del Supremo, al que acusaron de "inventarse" unas penas inexistentes en las sentencias. Pisarello, al pedir al tribunal una aclaración, precisó que "aclarar no quiere decir inventar algo que no se dijo en la sentencia", como valora que hizo el tribunal.

"Según los letrados, la sentencia no dice en ningún momento de manera expresa que se pueda privar de su cargo a Alberto Rodríguez de diputado". Por ello, defendió como miembro de la Mesa del Congreso, que "no es nuestra función retirarle el acta a nadie". "Cuando te dicen que tienes que ejecutar una sentencia, lees esa sentencia y esperas que sea clara para poder ejecutarla",

Duro informe de los letrados

El informe de los letrados del Congreso de los Diputados, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, era contrario a despojar de su escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, al incidir en que la condena de un mes y 15 días de prisión e inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo no afecta a su condición de diputado porque esta "fue adquirida con carácter previo a la condena".

Esto es porque, al haber sido condenado con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, debe estarse a lo que dice el artículo 44 del Código Penal, que priva al penado del “derecho a ser elegido para cargos públicos” durante el tiempo que dure la condena "sin que tal privación comporte la inhabilitación respecto de cargos ya obtenidos", según el informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Añaden que, en tanto la pena de cárcel fue sustituida "ab origine" por multa (90 días con cuota diaria de 6 euros), puede concluirse que ésta "no ha llegado a nacer en ningún momento" y no concurre la causa de inelegibilidad sobrevenida prevista en el artículo 6.2 a) de la Ley Electoral (LOREG). Esta es la norma que los partidos oposición quieren que aplique la Junta Electoral Central apuntando al precedente del expresident de la Generalitat Quim Torra.

El texto del informe destaca por la contundencia de sus afirmaciones al subrayar, entre otros aspectos, que el Tribunal Supremo "no impone ninguna actuación a la Cámara" y que la sentencia "pudiendo imponer la pena privativa de libertad, no lo hizo". También alude a abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional que pide interpretaciones favorables al ejercicio de los derechos políticos de los diputados.

En otro de los puntos del informe, los letrados se refieren al "literal del auto de ejecución" del Supremo, del que destacan que "no impone ninguna obligación para la Cámara y, en particular, no prevé la privación del cargo".

Consecuencia "de máxima gravedad"

Consideran que dicha consecuencia sería "de máxima gravedad", puesto que incide de forma directa en el derecho en el derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución, que es el que declara el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. De haber sido procedente suspender este derecho, insisten los letrados, "se hubiera contemplado de forma expresa y taxativa por el Tribunal", cosa que no ha ocurrido.

A la misma conclusión llegan analizando el asunto desde la perspectiva de los artículos 21 y 22 del Reglamento del Congreso, "toda vez que los mismos establecen como causa de suspensión o de pérdida de la condición de diputado, respectivamente, que una sentencia firme condenatoria lo comporte o que se haya declarado la incapacitación del diputado por decisión judicial firme, lo que no se contempla, ni en el fallo de la sentencia ni en su auto de ejecución". 

En este punto recuerdan "la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con el principio de interpretación más favorable al ejercicio de los derechos Congreso de los Diputados". Ello comporta no solo el derecho a acceder a los cargos de naturaleza representativa sino también “el de mantenerse en ellos y desempeñarlos de acuerdo con la ley, sin constricciones o perturbaciones ilegítimas”, lo que implica, adicionalmente, el derecho a “no ser removidos (...) si no es por causas justificadas y de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos”.

Finalmente, el informe alude a la proporcionalidad. "Será siempre preferible aquella interpretación que conduzca a la conclusión más respetuosa con el ejercicio de los derechos fundamentales del señor diputado establecidos en el artículo 23 de la Constitución", de forma que la "consecuencia extra penal de la sentencia condenatoria a la que se llegue no sea más gravosa que la propia condena, agravando ésta sin el debido soporte jurídico", indican.