Alberto Rodríguez: "El voto democrático de miles de canarios está siendo atacado"

El diputado de Podemos Alberto Rodríguez, condenado por el Tribunal Supremo a una pena de prisión de un mes y medio con una pena accesoria de inhabilitación especial durante el tiempo de esta condena, ha replicado al Alto Tribunal que la retirada de su escaño atacaría el voto democrático.

"Quien niegue la importancia de los símbolos, miente. En tiempos como estos, cuando el voto democrático de decenas de miles de canarios y canarias está siendo atacado sin base jurídica alguna, cobran más valor si cabe", ha señalado en un tuit.

Quien niegue la importancia de los símbolos, miente.

En tiempos como estos, cuando el voto democrático de decenas de miles de canarios y canarias está siendo atacado sin base jurídica alguna, cobran más valor si cabe.

— Alberto Rodríguez (@Alber_Canarias) 22 de octubre de 2021

Esta reacción llega horas después de que el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, haya vuelto a remitir un escrito a la presidenta del Congreso para dejarle claro que la sentencia conlleva la pena de "inhabilitación especial".

En la misiva, que ha remitido en apenas unas horas después de recibir consulta, Marchena le recuerda a la presidenta del Congreso con cierta ironía que, como ella debe conocer, la Ley Orgánica del Poder Judicial no incluye entre las funciones del Tribunal Supremo "la de asesorar a otros órganos judiciales constitucionales acerca de los términos de ejecución de una sentencia ya firme".

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Marchena subraya en el documento la vigencia de la inhabilitación del diputado de Podemos ya que se trata de una pena accesoria que es obligada en virtud del Código Penal, que así lo exige cuando se impone una pena de prisión como es el caso, ya que Rodríguez fue condenado a mes y medio de cárcel, pena que "solo a exclusivos efectos de ejecución" fue sustituida por multa de 540 euros.

Tras el nuevo oficio del Alto Tribunal remitido a Batet, después de que ayer la presidenta del Congreso le reclamara una aclaración sobre la sentencia de Rodríguez, todas las miradas están puestas en la decisión que debe adoptar ella personalmente, aunque fuentes de la presidencia señalan que en todo caso la ejecución de la inhabilitación corresponde a la Junta Electoral Central (JEC).