GOBIERNO

Podemos teme que el PSOE eternice la Ley de Vivienda en el Congreso

El pacto entre los socios de la coalición posibilitó el respaldo de Unidas Podemos a los Presupuestos Generales del Estado

Irene Montero y Ione Belarra.

Irene Montero y Ione Belarra. / EFE

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Una victoria a medias. El acuerdo en materia de vivienda alcanzado por los socios de coalición la primera semana de octubre fue públicamente celebrado por Unidas Podemos, que lleva por bandera la regulación del precio del alquiler. Sin embargo, desde el espacio morado se muestran ahora escépticos con que el PSOE vaya a facilitar su puesta en marcha. Este pacto, que finalmente fue desencallado en una reunión entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, contemplaba incluir en la ley la congelación de precios para los pequeños propietarios (hasta diez viviendas), quienes podrían recibir incentivos fiscales para recudir las rentas. En el caso de los grandes propietarios, aquellos que disponen de más de diez inmuebles, se acordó un plazo de 18 meses para regular los precios por ley.

Este margen temporal ya pone en alerta a los morados, conscientes de que estas medidas regulatorias -las que Podemos defendió con más ahínco- tardarán en implantarse en la sociedad. Y eso, si se llegan a implantar. Fuentes del espacio de Unidas Podemos muestran, en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, su desconfianza hacia los socialistas a la hora de dar vía libre a la ley de vivienda en el Congreso de los Diputados.

Temen que sus aliados de Gobierno torpedeen una de los logros dentro del Gobierno más publicitados por la formación y que opten por dilatar la tramitación de esta propuesta o de eternizarla a base de ampliaciones del plazo de enmiendas; un método que, en el caso de la Ley Mordaza, ha sido atascada durante más de un año por el Grupo Socialista, que esta semana impulsaba la 40º prórroga del periodo de modificación del texto.

Está previsto que el Consejo de Ministros remita a los órganos consultivos el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda el próximo martes 26, tras casi un año de negociación entre los socios de gobierno, tras lo cual el texto volverá al Gobierno, que introducirá las oportunas modificaciones y aprobará el proyecto de ley que remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Un proceso que el PSOE podría dilatar para jugar con los tiempos y adaptarlo a sus propios intereses políticos.

Cabe recordar, en este sentido, que Pedro Sánchez eclipsó el acuerdo de coalición con el anuncio de una medida estrella: un bono joven para el alquiler por el que se dará a partir del 1 de enero 250 euros a los jóvenes de entre 18 y 35 años que tengan un contrato inferior a 23.725 euros para sufragar el arrendamiento. Una medida a la que Podemos se opone abiertamente y cuyos réditos políticos recaerán sobre el ala socialista, que se colgó esta medalla.

"No obliga a nadie"

El acuerdo en materia de alquiler, si bien consiguió desencallar los Presupuestos Generales del Estado, también queda lejos de la propuesta de máximos que perseguía en un primer momento el partido morado. Si Pablo Iglesias tildó el acuerdo de "mejorable" a través de las redes sociales, los dirigentes morados rebajan la euforia en privado, conscientes de que no se llegará a aplicar en algunas de las zonas más tensionadas del mercado del alquiler, como la Comunidad de Madrid.

"Es una ley que no obliga a nadie", aseguran en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del grupo parlamentario. "Habilita una herramienta para las administraciones que quieran", continúan estas mismas fuentes, que añaden que el plantamiento de este acuerdo siempre pasó por asumir que las competencias eran autonómicas y que su aplicación dependía en último término de las comunidades.

Sin embargo, la nueva Ley de Vivienda fue recibida con alivio entre las filas moradas, donde pudieron exhibir por fin un acuerdo en uno de sus principales campos de batalla como es el alquiler. Sin embargo, el pacto llegó ocho meses después de que expirase el plazo para esta norma, que ya se firmó en las pasadas negociaciones presupuestarias y que, sobre el papel, tenía que estar lista para el pasado febrero.

El proceso

En octubre de 2020, Pablo Iglesias forzó una negociación in extremis para tramitar los presupuestos, en la que consiguió la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital y la tramitación en cuatro meses de una regulación del alquiler; al igual que la recién anunciado Ley de Vivienda, estas medidas no se incluían dentro del proyecto presupuestario, sino que se acordó aprobarlas en un proceso parlamentario posterior; un año después, Unidas Podemos volvió a acordar medidas del alquiler rebajando ostensiblemente sus pretensiones iniciales.

En marzo, una vez vencido ya el plazo dado incialmente, la entonces secretaria de Estado de Agenda 2030 se negó a aceptar las bonificaciones a los arrendadores que bajaran la renta a sus inquilinos, al considerarlo una medida opuesta a las propias tesis de Podemos, contrario a cualquier beneficio fiscal para los propietarios. Sólo aceptarían si se hacía efectiva una limitación de precios del alquiler. Siete meses después, el socio minoritario de la coalición ha terminado por aceptar este extremo en el nuevo acuerdo de vivienda.

Si bien los beneficios fiscales serán para los pequeños tenedores -hasta diez inmuebles en propiedad-, no acaba de avistarse la intervención de precios que se ha firmado sobre el papel para los grandes propietarios. Los dos partidos del Gobierno se han dado 18 meses para terminar de fijar el mecanismo de intervención, poniendo el plazo en abril de 2023, lo que abre la puerta a una nueva distensión de los tiempos por parte del socio mayoritario.

En el resto de flancos de la norma, Podemos también ha cedido posiciones. En sus últimas propuestas abogaba por dedicar un 30% de las viviendas de los grandes tenedores -"fondos buitre"- al alquiler social. En el acuerdo anunciado este martes, se establecía destinar un 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida, del que la mitad -15%- iría al alquiler social. Una cifra que dista mucho de la inicialmente prevista por Podemos.

Podemos también cedió la pasada primavera, cuando se avino a un recargo del IBI -defendían de un 200%- en lugar de la creación de un impuesto específico para la vivienda vacía, que era su propuesta inicial. En el actual acuerdo, el recargo se ha reducido al 150% y la aplicación depende en último término de los ayuntamientos que quieran aplicarlo. Todo ello, teniendo en cuenta la actual ausencia de una definición de vivienda vacía. Un concepto que también supondrá una nueva pugna en el seno de la coalición.

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