El Congreso quitará el escaño a Rodríguez si el Supremo le insiste, para evitar un choque institucional

El Congreso de los Diputados está dispuesto a ceder finalmente al aviso que le ha llegado desde el Tribunal Supremo este miércoles y despojará de su escaño al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, condenado por un delito de atentado a un policía durante una protesta, si desde la Sala que debe velar por la ejecución de la sentencia se le insiste en dicho sentido, han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de la Presidencia de la Cámara Baja.

De este modo se evitará un choque institucional entre el Poder Legislativo y el máximo órgano del Poder Judicial que parecía inevitable después de que el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, reclamara a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, información sobre la fecha del inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado morado.

La Sala de lo Penal condenó a Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, a la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. En su sentencia, acordó la sustitución de la pena de prisión por una de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros.

Esperando respuesta de Batet

La reclamación realizada por Marchena tiene la finalidad de realizar la liquidación de la condena de Rodríguez, si bien fuentes del alto tribunal señalan a este diario que la indicación que finalmente se dé al Congreso dependerá mucho del contenido de la respuesta de Batet. En todo caso, desde ambas partes se busca frenar un desencuentro institucional que no parece tener precedentes en la historia reciente.

Ante la falta de casos anteriores, otras fuentes del Supremo consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA no creen que pueda hablarse de "puñetazo sobre la mesa" de Marchena porque únicamente se pregunta al Congreso por el comienzo de la ejecución de la inhabilitación, si bien reconocen que el tono del requerimiento incluso puede calificarse de irónico. "De este escrito puede deducirse cuál será la respuesta de la Sala", apuntan.

Así, el Tribunal Supremo se pronunciará sobre lo que entiende que ha sido una "reinterpretación" por parte del Congreso de los Diputados de la condena de inhabilitación y cárcel -esta última sustituible por multa- que impuso al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez por la agresión a un policía durante una manifestación celebrada en 2014, antes de que éste entrara en política.

Tras solicitarse una aclaración del fallo de la al propio Tribunal Supremo, el martes se conoció el informe de los servicios jurídicos del Congreso, que consideran que el diputado puede permanecer en su escaño pese a la sentencia del Supremo por la sustitución de la pena de cárcel por una sanción. 

Es lo que esgrimen los letrados para plantear que la sentencia no debe tener efectos extra penales. De hecho, sostienen que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que Rodríguez perdiera el escaño, no llegó "a nacer en ningún momento" al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.

Cumplir criterio de los letrados

Las fuentes parlamentarias consultadas apuntan que, en todo caso, desde la Mesa no podía hacerse otra cosa que cumplir con lo señalado por los letrados, ya que de no hacerlo los diputados se hubieran expuesto a ser acusados de un delito de prevaricación. 

Citan precedentes en el Parlament de Cataluña el el caso de la inhabilitación del expresident Quim Torra, que perdió el escaño por inhabilitación sobrevenida según acordó la propia Junta Electoral Central después de que esta decisión provocara el enfrentamiento entre grupos parlamentarios a cuenta del criterio adoptado por los letrados en dicho órgano. La decisión fue recurrida por Torra ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que confirmó la pérdida del escaño del líder independentista.

La jurisprudencia de la JEC es clara y en ocasiones similares ha optado por quitar la condición de diputado a los condenados por sentencia firme, como es el caso, o a quienes, sin ser sentencia firme, hubieran sido condenados por cierto tipo de delitos como atentado contra las Administraciones Públicas o contra las Instituciones del Estado. Es lo que sucedió con Torra, que fue inhabilitado por la JEC pese a no tener sentencia firme.

El PSOE se desmarca

Desde el ala socialista comienzan ya a desmarcarse de la decisión salida de la Mesa este martes, por la que se mantenía como cargo público al dirigente morado. La situación de Rodríguez es un tema espinoso para el socio mayoritario del Gobierno, cuya postura puede sacudir la coalición y acarrearle tiranteces públicas con Podemos. Es por ello que los socialistas se han cuidado mucho en los últimos días de evitar pronunciamientos y han intentado delegar cualquier decisión política.

Es por ello que los socialistas se escudan directamente en el informe de los letrados para justificar la permanencia del diputado en el Congreso. Fuentes del partido se desligan ahora del acuerdo tomado este martes de mantener el acta de Rodríguez y defiende que no se tomó esa decisión, sino que únicamente se respondió en Mesa a los escritos presentados por PP, CS y Vox que pedían la retirada de su condición de diputado.

La respuesta, alegan, vino de mano del informe de los letrados, que dio carpetazo a estas peticiones. Aseguran los socialistas que no hubo una decisión proactiva por parte de la Mesa del Congreso, sino que simplemente se vino a exponer este informe jurídico que se oponía a los partidos de oposición. 

La incomodidad del PSOE hacia este asunto es notable. En las últimas horas apelan a la prudencia y tratan de volver a desmarcarse de una decisión política al respecto. Adelantan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que esperarán a que llegue el requerimiento del Supremo para que la Mesa se reúna y puedan abordar los próximos pasos a dar.

Por su parte los partidos de la oposición, que este martes ya mostraron su indignación al conocer la decisión de la Mesa para que el diputado de Podemos no perdiera su escaño, seguirán dando la batalla. El PP, de hecho, presentará un escrito de reconsideración al órgano de gobierno de la Cámara Baja para insistir en que Rodríguez debe dejar el acta. 

La portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, insiste en que el escrito del Supremo alude a que se debe informar de la fecha de la ejecución de la pena, mientras que la Mesa asegura que “ya se ha ejecutado con base en un informe de los letrados” y que, al ser sustituida por una multa, el parlamentario puede quedarse en su asiento de las Cortes Generales. El PP no lo ve así y, por eso, exige que la decisión sea reconsiderada en una nueva reunión de la Mesa “que debería convocarse de forma urgente”.

Implicación de la Fiscalía

Ciudadanos, por su parte, ha optado por otra vía. El partido naranja sigue defendiendo que la Junta Electoral Central es la verdadera competente en el asunto y, de ahí, que el portavoz parlamentario, Edmundo Bal, haya registrado un escrito este miércoles para que se pronuncie y corrija la interpretación que este martes hicieron los letrados de la Cámara asegurando que la pena de multa “anula” la pena de cárcel. Bal insiste en que la pena sigue existiendo y, por tanto, Rodríguez debe ser despojado de su escaño en virtud de la inelegibilidad del artículo 6 de la ley electoral.

Lo que realmente quiere Ciudadanos es que la Fiscalía se pronuncie. Solo las partes (en este caso, el policía agredido por el diputado de Podemos) pueden solicitar un incidente de ejecución ante el Ministerio Público para ver si “la sentencia se encuentra bien o mal ejecutada”. Sin embargo, el movimiento de Ciudadanos ante la JEC implica un pronunciamiento que, aunque rechace la petición de los naranjas, esta respuesta deberá llegar al Supremo que, a su vez, deberá pedir a la Fiscalía su punto de vista. “Hemos optado por esta estrategia jurídica para conseguir que se pronuncie”, explican en el partido de Inés Arrimadas, que siguen “estupefactos” por el informe de los letrados del Congreso.