IGUALDAD

El debate sobre la prostitución tensa las costuras en Podemos

El grupo catalán de Unidas Podemos enmienda la ley del Ministerio de Igualdad y defiende una postura favorable a regular la prostitución y permitir su libre ejercicio

Desde Igualdad aspiran a alcanzar un acuerdo entre los propios morados que impida romper la unidad de voto en el Congreso de los Diputados

Irene Montero aspira a reformar la Ley de Extranjería a través de enmiendas en el proyecto de ley del 'sólo sí es sí'

Irene Montero

Irene Montero / EFE

El debate sobre la

prostitución

y las enmiendas relativas a este punto en la ley del ‘sí es sí’ tensan las costuras en Podemos, tanto en el grupo parlamentario, donde los comunes han enmendado el proyecto de ley de Irene Montero, como en el propio Ministerio de Igualdad, donde conviven distintas sensibilidades hacia cómo abordar el asunto, desde el abolicionismo de la ministra al regulacionismo de su secretaria de Estado de Igualdad. 

El presidente de Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, revivió el debate sobre la prostitución el pasado fin de semana en el Congreso socialista de Valencia, donde se comprometió a impulsar una ley para abolir estas prácticas y que castigue a los clientes. Una propuesta que, señalan desde el Ejecutivo, ya ha sido trasladada al departamento de Igualdad, con la que el ala socialista pretende coordinarse y trabajar conjuntamente. Estas medidas, tal como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, no son bien vistas por el departamento de Irene Montero, que se muestra contraria a sancionar a los clientes de la prostitución, al considerar que ya puede hacerse por la vía de la Ley Mordaza y que "no sirve para desincentivar" estas prácticas.

A cuenta de la prostitución también se ha reabierto un frente en el grupo parlamentario de Unidas Podemos, donde En Comú Podem presentó este martes una enmienda contra la ley integral de garantías sexuales impulsada por el departamento de Montero, la llamada ley del ‘sí es sí’. Esta enmienda pretende acabar con la llamada “tercería locativa” que pretende incluir la ley de Montero en el Código Penal [aquí la propuesta en PDF], por la que se "sanciona penalmente a quien destine un inmueble a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona”, según el texto legislativo. 

Desde el Ministerio de Igualdad se defiende esta medida como un paso para luchar y sancionar a los proxenetas. Sin embargo los comunes, que siempre han mostrado voz propia en este debate, piden eliminar esta modificación del Código Penal, al considerar que esto podría impedir alquilar un piso a las mujeres que ejerzan libremente la prostitución. 

“La modificación o adición de estos artículos del Código Penal mantiene e incluso refuerza la falta de consideración hacia el consentimiento, la voluntad y la capacidad de autodeterminación de las personas que ejercen la prostitución”, detalla el escrito registrado en el Congreso, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. “Este hecho -continúa- no solo va en contra del espíritu de la norma, sino que contribuye a reforzar el estigma de la prostitución y a dificultar la distinción entre prostitución voluntaria y prostitución forzada”. Apuntan además los comunes que esta medida, incluida en el texto de Igualdad, “produce el efecto de criminalizar a las mujeres que ejercen la prostitución”. 

Desde los comunes y desde Unidas Podemos confían en que haya un punto de consenso entre estas dos corrientes y adelantan que habrá “negociaciones” dentro del propio grupo parlamentario con tal de evitar que puedan romperse la unidad de voto en las votaciones a las enmiendas al articulado, un extremo que consideran “muy poco probable”: “Confiamos en que habrá acuerdo”, destacan estas fuentes. Salga o no salga adelante esta enmienda, aclaran, los comunes votarán a favor de la ley estrella de la ministra de Igualdad.

No es la primera vez que En Comú Podem mantiene una postura distinta a Podemos, que siempre ha mantenido cierta ambigüedad en este asunto; en las elecciones catalanas de 2017, la candidatura compuesta por los morados y el partido de Ada Colau llevó en su programa electoral la regularización de la prostitución, generando nuevas contradicciones en el partido entonces liderado por Pablo Iglesias. 

Distintas sensibilidades en Igualdad

La propuesta del abolicionismo de la prostitución lanzada por el PSOE también ha hecho aflorar de nuevo las diferencias entre las principales dirigentes del departamento dirigido por Irene Montero. La ministra siempre se ha mostrado públicamente a favor de abolir este sector; ya a comienzos de 2020, poco después de llegar al Gobierno, aseguró sin ambages que “yo soy abolicionista”, reconociendo que en su propio partido “tengo compañeras que no son abolicionistas”. 

Pese a la posición personal de la titular de Igualdad, la realidad es que hay distintas posturas dentro de su propio departamento. La nueva secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, es regulacionista, partidaria de regular el la prostitución para dar garantías a quienes lo ejercen.

Desde el Ministerio de Igualdad tratan de normalizar la convivencia de distintas posturas y abogan por impulsar los puntos comunes

En septiembre de 2018, la entonces diputada firmó un manifiesto de apoyo al sindicato de prostitutas, la Organización de Trabajadores Sexuales después de que dimitiera la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, tras salir a la luz la inscripción de esta organización como sindicato. “Me han colado un gol por la escuadra”, esgrimió la socialista. La actual secretaria de Estado mostró entonces su malestar: “Molesta más un sindicato de prostitutas que millones de mujeres en paro”, defendió. 

Este debate siempre ha estado presente en la formación morada, y ya en la campaña de las generales de 2019 Podemos tuvo que sofocar un incendio relativo a este asunto; el Círculo de Feminismos del partido publicó un comunicado pidiendo abolir la prostitución “como institución y nunca contra las mujeres que la ejercen”, y se negaba a reconocer la prostitución como un trabajo.

En aquel contexto preelectoral y ante la posibilidad de captar votos de los trabajadores del sector del sexo que ejercen libremente, la dirección tuvo que salir al paso y restar importancia a estas palabras, asegurando que “ni siquiera en esa posición que defiende el Círculo es mayoritaria”. 

Los puntos de consenso

Desde el ministerio reconocen que existen “distintas posturas” dentro de la propia institución y el partido, aunque aseguran que este debate “está en todos los partidos”, desde el Partido Socialista hasta el ERC o PNV. Desde este punto de partida, aseguran que han optado por fijarse en los principales puntos de encuentro que despiertan.

El primero de ello sería la lucha contra la trata de explotación sexual, una medida que va incluida en la ley de garantía integral de libertades sexuales, la llamada ley del ‘sí es sí’; en segundo lugar estaría la reinserción laboral, para lo que preparan una propuesta junto al Ministerio de Trabajo, que no tendrá carácter de ley y que estará financiada con fondos europeos

El tercer punto de consenso sería la reforma de la Ley de Extranjería para regularizar a las víctimas de la prostitución, no sólo a las víctimas de la trata, sino a las extranjeras que, fruto de su situación económica, se han visto empujadas a optar por esta vía como medio de vida. Desde el Ministerio de Igualdad apuestan por incluir esta reforma en una enmienda a la ‘ley del sí es sí’, y consideran que existen mayorías para poder sacarlo adelante. 

Otra de las novedades que recoge la ley del sí es sí, que ya se tramita en el Congreso y se encuentra en periodo de enmiendas, es impedir a los proxenetas continuar con su actividad empresarial, haciendo decaer las sociedades a nombre de estos sujetos e impidiéndoles crear nuevas empresas para evitar que pueda continuar la explotación sexual.