UNA MEDIDA OLVIDADA

El PSOE impulsa la 40ª prórroga de la ley mordaza dos días después de que Sánchez prometiera derogarla

PSOE, Unidas Podemos, PP y PNV pactaron al 90 por ciento, en 2019, un texto para la derogación

La Mesa del Congreso, en la que socialistas y Unidas Podemos copan la mayoría, acepta otra ampliación del plazo de enmiendas

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, a su llegada a una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, a su llegada a una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados / EFE/Chema Moya

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Ángel Alonso Giménez

Pedro Sánchez dijo el pasado domingo que su Gobierno derogará la 'ley mordaza', pero no será pronto. El PSOE ha impulsado este martes una prórroga más del plazo de enmiendas a la propuesta que el PNV registró en el Congreso hace un año. Ya van 40. Los nacionalistas vascos están enfadados y no disimulan su malestar en privado; tampoco en público. El portavoz del grupo, Aitor Esteban, fue tajante en un mensaje de su perfil de Twitter, que cerró así: "Así llevan más de un año. Mucho anuncio, nula acción".

Fuentes del órgano de gobierno de la Cámara han explicado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que las sucesivas prórrogas del plazo de enmiendas provienen del acuerdo que al respecto tienen los dos partidos que forman el Gobierno, y que son mayoría en la Mesa al acaparar seis de sus nueve puestos. Alargar 'sine die' este trámite es una de las maneras más recurrentes y recurridas de adormecer una ley, y quizá, aniquilarla. Han sido numerosos los casos de proyectos y proposiciones registrados que se evaporan al acabar la legislatura porque nadie las saca del letargo.

El de la 'ley mordaza' es un ejemplo clamoroso; basta con repasar las fechas. La iniciativa presentada por el PNV se tomó en consideración el 29 de septiembre de 2020, sorteó una enmienda a la totalidad (el primero de los plazos) un mes más tarde y se adentró, en consecuencia, en el periodo de las enmiendas parciales. Se trata de un proceso que salta de semana en semana si la mayoría de la Mesa lo decide.

Es justo esto lo que ha pasado: 40 prórrogas acumula la ley; 40 semanas; un año.

El acuerdo existió en 2019

Fuentes del PNV acusan directamente al PSOE de la demora. Se indignan en este partido cuando se les comenta que hace dos días el presidente dijo que la ley de protección de la seguridad ciudadana, que así se llama, será derogada. A decir verdad lleva desde 2015 diciendo eso, pero la derogación no llega. Mientras tanto, la norma que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy con su mayoría absoluta sigue su camino. Se sigue aplicando. Durante lo más duro de la pandemia, cuando la movilidad quedó reducida por el estado de alarma, se convirtió en el colchón legislativo de numerosas actuaciones policiales.

Al PNV también le molesta la actitud de la Mesa, o más en concreto su modo de funcionar. Las reuniones de este órgano son secretas, carecen de actas. No se sabe qué razón arguyen los impulsores de las prórrogas.

Puede que el Gobierno esté ultimando un proyecto para la derogación de la ley orgánica, o que sea el grupo socialista el que está dando los últimos retoques a una proposición que sustituya a la de los nacionalistas vascos. Sin embargo, el texto que en septiembre de 2020 defendió ante el pleno el diputado Mikel Legarda es la puesta a punto del documento que un año y medio antes acordó la mayoría en una ponencia creada al efecto dentro de la Comisión de Interior. En febrero de 2019, PSOE, PP, Unidos Podemos (así se llamaba entonces) y el PNV habían logrado consensuar la ley que derogaría la de la 'mordaza'.


/ EFE

El citado Legarda lo recordó así en el debate de la admisión a trámite: "El Grupo Parlamentario Vasco presenta de nuevo, como en legislaturas anteriores, una propuesta de reforma de la Ley de seguridad ciudadana que en la XII Legislatura no pudo culminarse por disolución prematura de la Cámara; no obstante se habían conseguido sustanciales avances en la ponencia correspondiente de la Comisión de Interior, con acuerdos hasta el artículo 36 y básicamente entre Partido Popular, Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco y otras formaciones políticas; acuerdos alcanzados ―tengo que recordarlo― en un clima de sosiego".

Ambiente de consenso

Efectivamente el documento se acordó casi entero. Fuentes parlamentarias que participaron en aquel proceso recuerdan la facilidad con la que se fueron sucediendo los pactos, artículo a artículo hasta el 36. En una norma que se compone de 45 preceptos, el porcentaje, obviamente, es elevado. "Una reunión de ponencia más, tres horas más, y habríamos consensuado todo el texto, todo", rememora una de esas fuentes.

Los comienzos, hace tres años y medio, fueron complejos porque en la Comisión de Interior, presidida por el PP, se postularon dos ponencias: una, a instancias del PSOE, planteaba la derogación y la vuelta a la llamada "ley Corcuera"; otra, del PNV, perseguía la derogación a partir de un texto propio. "Se montó un caos importante porque los grupos nos vimos en la tesitura de enmendar ambos textos; una locura". Al final, al ver que suscitaba un clima más favorable, cuajó la del Partido Nacionalista Vasco.

La moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno (junio de 2018) ralentizó los trabajos; en noviembre se retomaron a velocidad de crucero. De hecho, en febrero de 2019 el acuerdo estaba casi hecho. Resultó crucial el interés de PSOE, Unidas Podemos y PNV de proceder a un trabajo más técnico que ideológico, lo que "desconcertó a PP y a Ciudadanos".

Estaba todo casi hecho. Pero los presupuestos fueron rechazados en el Congreso y Pedro Sánchez convocó elecciones

La mayoría coincidió en la suavización de los términos de la norma, en puntos tan polémicos como el tiempo de detención en comisaría (que se redujo a dos horas, ampliables a seis), los cacheos (prohibidos salvo en condiciones muy pautadas), las convocatorias exprés de manifestaciones ante hechos de actualidad y clamor social (cuatro horas de antelación), la eliminación de las trabas para concentraciones en los alrededores del Congreso y del Senado, la difusión de imágenes de agentes (sin sanción) o la atribución de responsabilidades a las personas que causen daños en una manifestación (no a los convocantes).

Estaba todo casi hecho. Pero los presupuestos fueron rechazados en el Congreso y Pedro Sánchez convocó elecciones. La 'ley mordaza' sigue.

El problema de las devoluciones en caliente

Una fuente conocedora del proceso en el Congreso identifica dos de las causas que podrían estar detrás del "nulo" interés del PSOE en desatascar la norma: las devoluciones en caliente de personas migrantes y la presión policial.

El primer punto suscitó discusiones encendidas durante la ponencia de finales de 2018. Sánchez ya estaba en Moncloa y en su partido pidieron esperar a lo que dijera el Tribunal Constitucional. A finales del año pasado las avaló.

Se trata de una disposición final que el PP introdujo a pesar de que su contenido y alcance entroncan mejor con la legislación y reglamentos de extranjería. En la ponencia "se pudo haber solucionado en términos muy genéricos", apunta una de las fuentes consultadas.

Este aspecto, y todos los mencionados, aparecen en la proposición de ley del PNV, la que presentó ante el pleno para su toma en consideración hace ya más de un año. Toma en consideración que salió adelante. Pareció el principio del fin de un largo atasco, pero la realidad ha deparado lo contrario. 40 semanas después, la ley sigue en el cajón, cogiendo polvo.

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