El Constitucional se prepara para su renovación a la espera del pacto entre PSOE y PP

La sentencia sobre el segundo Estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez por la pandemia de covid, que tenía previsto deliberarse la próxima semana en el Pleno del Tribunal Constitucional, tendrá que esperar, si finalmente se decide aplazar el pleno, cuyo comienzo estaba previsto para el próximo día 26, apuntan a este diario fuentes del tribunal de garantías.

Esta posibilidad está siendo valorada dado el anuncio de acuerdo entre el Gobierno y el PP hecho público la semana pasada y que supondrá superar el bloqueo de la renovación de cuatro magistrados de este órgano, existente desde noviembre de 2019. Este mes de octubre, según la programación inicial, iba a ser el primero en el que había dos plenos, como era práctica habitual en el TC antes de la pandemia.

Las mismas fuentes señalan que lo más probable es que el presidente del tribunal, Juan José González Rivas, espere a que se confirme el acuerdo a lo largo de esta semana para decidir si finalmente acuerda formalmente el aplazamiento. No todos los magistrados consideran que deba suspenderse la reunión, por considerar “muy precipitada que la próxima semana se produjera la renovación” y entender que “no hay razón legal para la suspensión”.

Magistrados nuevos

González Rivas es uno de los cuatro magistrados que serán renovados, junto con la vicepresidenta del órgano, Encarnación Roca, y el magistrado del sector conservador Andrés Ollero. El cuarto integrante del tribunal que entró en el turno del Congreso, Fernando Valdés, abandonó el tribunal tras ser imputado en un asunto de violencia de género.

Si se confirma el aplazamiento se retrasará semanas la resolución de asuntos como la constitucionalidad del segundo decreto de estado de alarma, que se prevé un nuevo varapalo a la gestión de la crisis por covid por parte del Ejecutivo. Aunque también podría ocurrir que el aplazamiento no se prolongue tanto como para esperar a que los nuevos magistrados tomen posesión, porque tienen que pasar varios trámites como es su comparecencia en el propio Congreso para obtener la idoneidad. 

El ponente de este asunto es el magistrado perteneciente al sector conservador Antonio Narváez, cuya propuesta acoge varios de los motivos del recurso de amparo presentado por Vox contra el estado de alarma que se mantuvo durante seis meses desde el 25 de octubre de 2020. 

El principal reproche que estudia el tribunal se refiere a la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de comparecer solo cada dos meses ante el Pleno de la Cámara para dar cuenta de su evolución, ya que con ello habría impedido el control parlamentario.

El segundo sería el nombramiento de los presidentes autonómicos como autoridad delegada, en la denominada cogobernanza. Habrá que esperar a conocer la sentencia para saber hasta qué punto esta disposición contravino principios constitucionales

Veto a la segregación

También para el próximo Pleno está prevista una "primera aproximación" a la ponencia que el magistrado también conservador Ricardo Enríquez ha elaborado con al recurso presentado por Vox contra la Lomloe, conocida como 'Ley Celaá'. El ponente, según ha adelantado este lunes elDiario.es propone una estimación parcial del recurso de modo que se declare inconstitucional la prohibición de financiar con fondos públicos a los colegios que segregan a los niños por sexo.

Según las fuentes consultadas por este diario, estaba previsto que el Pleno de la próxima semana supusiera un primer acercamiento al tema para deliberar y resolver posteriormente en una segunda reunión. Ahora, con la renovación, la sentencia sobre la Ley Celaá puede dilatarse.

Forcadell y plusvalías

Entre los puntos para deliberar en este pleno también estaba previsto el recurso de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell contra la sentencia del ‘procés’ que reúne las características necesarias para ser considerado de especial trascendencia constitucional, porque al haber sido condenada por su actuación como presidenta del Parlament, la sentencia establecerá los márgenes en los que se mueve la inviolabilidad parlamentaria.

Además, estaba previsto que el Constitucional dicte su tercera sentencia sobre un asunto no tan mediático pero que paradójicamente afecta directamente a muchas más personas: las plusvalías, y complete su doctrina sobre el asunto con esta tercera sentencia. 

Se estudiará una cuestión de inconstitucionalidad presentada el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra varios artículos del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La primera sentencia, de febrero de 2017, estableció que "en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial", lo que implica que no haya que pagar el impuesto si no se obtuvo beneficio alguno con la venta de la vivienda. 

La segunda, dictada a raíz de una cuestión de inconstitucionalidad, es de dos años más tarde y en ella se declaró inconstitucional el pago del impuesto por un importe superior al incremento o plusvalía que se ha producido en realidad. La que irá a este pleno se refiere al valor impositivo que se debe imponer en función del beneficio obtenido con la venta.