El Gobierno acelera una negociación a cuatro bandas para aprobar los PGE en tres meses

Negociar los presupuestos generales del Estado en un Congreso formado por una veintena de formaciones políticas puede ser un tormento. El año pasado el Gobierno rizó el rizo porque incluyó a Ciudadanos en la llamada "geometría variable" y los aliados habituales, en especial ERC y PNV, se enfadaron un poco. Este año la red tejida por el PSOE y Unidas Podemos es menos tupida y menos alambicada, ya que los de Inés Arrimadas han quedado fuera. El mapa de posibles apoyos está claro: los del bloque de la investidura de Pedro Sánchez, es decir, la izquierda.

Para llegar a buen puerto, el Gobierno, en particular el PSOE, ha diseñado un entramado de cuatro ámbitos según los grupos parlamentarios: ERC, PNV, EH Bildu y los partidos o agrupaciones minoritarias. Los interlocutores irán variando, aunque, según han informado fuentes parlamentarias a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, los negociadores principales serán tres ministros, dos secretarios de Estado, una alto cargo del Partido Socialista y el portavoz del grupo en el Congreso.

Los emisarios/as del Ejecutivo y el papel de Lastra

El titular de Presidencia, Félix Bolaños, fue el encargado de dibujar el marco general durante la ronda de contactos que hace dos semanas celebró con todas las formaciones representadas en la Cámara, menos Vox, que rehusó acudir. Antes y después tuvo contactos informales con algunos portavoces. Por ejemplo, al líder de Más País, Íñigo Errejón, le citó en el complejo de Moncloa antes de las vacaciones de verano. Con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha hablado en diversas ocasiones estos últimos días.

Asimismo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o altos cargos de su gabinete, han tenido conversaciones y reuniones con varios partidos, el PNV entre ellos. A finales de agosto, de hecho, hubo un encuentro de la responsable de coordinar el proyecto presupuestario con la cúpula de los nacionalistas vascos. Fue el comienzo de un periplo de conversaciones que no han cesado y que han abarcado a diversos departamentos. Indican fuentes de este partido que los objetivos son tres: la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, la canalización de los fondos europeos y el contenido de las cuentas públicas de 2022, en las que el peso de las infraestructuras en Euskadi sería destacado. El primero, por lo menos, debería quedar solventado antes de final de año.

El otro grupo vasco en el Congreso, EH Bildu, también ha desarrollado una agenda especifica de contactos con varios ministerios, y no sólo del PSOE, sino también de Unidas Podemos.

Fuentes gubernamentales precisan, en este sentido, que la coalición previsiblemente cierre una especie de comisión negociadora durante la semana que viene para centralizar la gestión de las negociaciones. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, formará parte de esa de la delegación.

Los circuitos de diálogo van a ser diversos y quieren las partes que discurran en paralelo. ERC, al igual que hizo para sacar adelante los presupuestos vigentes, va a formar una comisión negociadora con tres representantes del Govern, del partido y del grupo parlamentario. Su pretensión es que el Ejecutivo haga lo mismo sólo con ellos. Es probable que aquí entre en juego la vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, dada su sintonía con Gabriel Rufián. En cualquier caso, los independentistas catalanes plantean encapsular la negociación presupuestaria para que no interfiera ningún otro frente abierto, aunque las distorsiones sean inevitables.

Conjugar intereses territoriales

Fuentes de la formación republicana esperan del Gobierno gestos de distensión antes de sentarse a una mesa. La brusquedad del debate sobre la ley de memoria democrática, este jueves, se daba por descontada tanto en el lado socialista como en el lado catalán. A partir de ahora, se trata de que el trámite que seguirá la norma que redactó la ex vicepresidenta Carmen Calvo no se cruce en el camino de la negociación de los presupuestos, ni tampoco la Ley Audiovisual. Ni la Mesa de Diálogo. Esto, de hecho, es algo prioritario para Esquerra: la Mesa es otra cosa, es un ámbito completamente distinto y hay que deslindarlo de lo que se hable sobre las cuentas de 2022.

En el PSOE dan por hecho que ERC formará parte del pacto, aunque reconocen que habrá dificultades. El portavoz del grupo socialista en el Congreso, Héctor Gómez, se ha reunido recientemente con Rufián, aunque de modo informal, con el fin de conocerse, tantear vías de aproximación e identificar los baches que habrá en el camino.

Gómez, de hecho, ha contactado ya con todos los portavoces de los partidos minoritarios, también a modo de sondeo. Habrá reuniones en breve con sus líderes para poner negro sobre blanco las reclamaciones territoriales. Conjugar los intereses de todos es lo que permitirá que el techo del respaldo sea igual de alto que el logrado hace un año: el 3 de diciembre de 2020, el Gobierno aprobó las cuentas en el Congreso con el sí de 188 diputados adscritos a 11 formaciones distintas. Teruel Existe, el Partido Regionalista de Cantabria, BNG, Compromís y Nueva Canarias esperan fecha para enumerar sus peticiones.

También Más País, y por supuesto PDeCAT y JxCat. En el Gobierno tienen fundadas esperanzas sobre la predisposición de los primeros, más abiertos al consenso que al disenso. No dicen lo mismo de las siglas de Carles Puigdemont, pero su líder en la Cámara, Miriam Nogueras, ha dejado claro que hablar sí quiere. Así que hablarán.

Encargado de coordinar las negociaciones estará el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, persona de confianza de Félix Bolaños y de Adriana Lastra. Como número dos de la dirigente socialista, ya se encargó de armonizar las reivindicaciones de diversos partidos tanto en la negociación de la investidura como en la de los presupuestos vigentes. De él destacan fuentes de varios grupos aliados que es un hábil negociador. Un rol similar tendrá su homólogo de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

Calendario comprimido

El ritmo de la tramitación parlamentaria del proyecto de cuentas públicas es conocido. No es una tramitación menor, al contrario. En cuanto acabe la actividad de la semana que viene, el Congreso suspenderá la rutina para habilitar el procedimiento estipulado en el reglamento de la Cámara, esto es, presentación de la lista de comparecientes del Gobierno, registro de enmiendas a la totalidad, debate de dichas enmiendas, interposición de enmiendas parciales, debate en comisión, aprobación del dictamen y votación en el pleno del texto.

En 2020 el Gobierno fue a toda prisa y puso toda la carne en el asador. Continuar con los presupuestos de Cristóbal Montoro, aprobados en 2018, hubiera sido un varapalo y un mensaje de difícil digestión para la UE, que para entonces estaba pintando los 140.000 millones de euros de fondos para la recuperación 'postpandemia' que recibirá España durante los próximos siete años.

Este año, señalan todas las fuentes consultadas, el éxtasis negociador del Ejecutivo no ha sido tan acusado, pero no parece que ello obedezca a una dilación de los tiempos. En tres meses quiere tener los presupuestos aprobados.

Las negociaciones serias y formales empezarán la semana que viene. La mayoría serán discretas.