Ruanda se aventura más allá de los Grandes Lagos

Su exitosa misión en el norte de Mozambique ha confirmado a Ruanda como un actor regional con capacidad de intervención más allá de su área de influencia, en los Grandes Lagos. En un mes, los soldados ruandeses –unos 2.000 según el presidente, Paul Kagame– recuperaron el control de la ciudad de Mocimboa da Praia, en manos de los rebeldes yihadistas desde agosto de 2020. Con la operación, Kagame gana proyección en el continente, mientras el presidente mozambiqueño, Filipe Nyusi, respira tranquilo porque puede recuperar la multimillonaria inversión de 20.000 millones de la empresa francesa Total, suspendida hace un año cuando los yihadistas de Ansar al Sunna, conocidos por la población como shebab (joven en árabe; sin relación con los islamistas de Somalia), tomaron la localidad de Palma el pasado marzo.

La intervención ruandesa, sin embargo, no fue del agrado del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, porque se negoció al mismo tiempo que la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC, por sus siglas en inglés) ultimaba una misión militar en la misma zona. Además, las relaciones entre los gobiernos sudafricano y ruandés son tensas desde la muerte del disidente Patrick Karegeya en Johanesburgo, el 1 de enero 2014, atribuida a los servicios secretos ruandeses.

Al frente de un pequeño país, de poco más de 25.000 kilómetros cuadrados, que gobierna con mano de hierro desde hace 21 años, Kagame presenta la operación como un ejemplo de “solidaridad africana”. Sostiene que no está “patrocinada” por un tercer país, una forma de rechazar que Francia esté detrás de la misión, desplegada poco después de la visita a Kigali del presidente francés, Emmanuel Macron, que concedió un crédito blando de 71 millones de dólares estadounidenses para paliar los efectos del Covid-19 en Ruanda.

De todos modos, la operación ruandesa en Mozambique ha sorprendido, tanto por los resultados como por la escasa relación previa entre dos países que no comparten potencia colonial, ni fronteras comunes ni pertenencia a la misma organización de integración regional. Mozambique es miembro fundador de la SADC, encabezada por Sudáfrica, que agrupa a 16 países al sur del ecuador. Ruanda, por su parte, forma parte de la Comunidad de África del Este (EAC), integrada por seis países.

Ruanda tiene una tradición de misiones militares desde que el Frente Popular Ruandés (FPR) llegó al poder tras el genocidio contra los tutsis en 1994. A las intervenciones en el este de República Democrática del Congo (RDC) en 1997 para apoyar a los rebeldes a desalojar del poder a Mobutu Sese Seko y, un año después, para combatir al sucesor de este y exaliado de los ruandeses, Joseph Désiré Kabila, se debe añadir la presencia en las misiones de paz de las Naciones Unidas. Con la reputación de estar bien entrenado y ser disciplinado, el ejército ruandés está presente en las misiones de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) y en República Centroafricana (MINUSCA). En total, 4.182 militares y 918 policías, según la ONU.

Al margen de la MINUSCA, en noviembre de 2020, bajo el amparo de un acuerdo bilateral, se desplegaron soldados ruandeses adicionales en República Centroafricana, llegados en apoyo del presidente, Faustin Archange Toudéra, protegido también por los mercenarios rusos de la empresa Wagner. Si bien ruandeses y rusos coinciden sobre el terreno, Kagame rechaza la colaboración con los mercenarios. “No trabajamos junto con los rusos”, aseguraba a la revista Jeune Afrique en mayo.

¿Punto de inflexión?

La recuperación de Mocimboa da Praia, celebrada por todo lo alto el 25 de septiembre en Pemba, la capital de la provincia de Cabo Delgado, en un acto con la presencia de Nyusi y Kagame, le da un giro a un conflicto en el que los shebab llevaban la iniciativa desde su primer ataque, en octubre del 2017. Aunque el conflicto se puede enquistar, porque persisten la miseria, la corrupción y el abandono que radicalizaron a muchos jóvenes y comerciantes, la insurgencia ya no se percibe como una amenaza a la estabilidad de la región. No controlan ciudades, pero sí que tienen capacidad para perpetrar ataques en la provincia de Cabo Delgado, en la vecina Nyassa y en el sur de Tanzania, como señala la web Cabo Ligado.

Ante los rebeldes ya no se encuentra el indisciplinado ejército mozambiqueño, sino los eficaces militares ruandeses y la Misión de la SADC en Mozambique (SAMIM), en la que se integran fuerzas de Sudáfrica, Botsuana, Angola, Lesotho y Tanzania. La misión está dirigida por Sudáfrica, cuyo presidente Ramaphosa defendió ante el Parlamento una operación prevista inicialmente para tres meses, con un coste de 66 millones de dólares.

El retorno de la empresa Total, principal impulsora del proyecto gasístico Mozambique LNG, no será inmediato. En el momento de la evacuación de su personal, Total estimó que el proyecto podría retrasarse un año, un tiempo que el presidente del Banco Africano de Desarrollo (BAD), Akinwumi Adesina, elevó a unos 18 meses. El BAD apoya la iniciativa con un crédito de 400 millones de dólares. Mozambique LNG, el proyecto más avanzado, debería producir 12,88 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (LNG) a partir de 2024, una fecha que podría retrasarse un par de años.

En un conflicto de menor intensidad, pero que supone un foco de inestabilidad en el centro del país, el ejército acabó a principios de octubre con Mariano Nhongo, jefe de la Junta Militar de la Renamo, una disidencia que no aceptó el acuerdo firmado hace dos años entre el gobierno y la Renamo. Nhongo rechazaba el proceso de desarme, al que se han acogido más de 2.000 guerrilleros de la Renamo, principal partido de oposición en un Parlamento dominado por el Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo) desde las primeras elecciones plurales, en 1994. Con la muerte de Nhongo se debilita un movimiento dedicado más al bandidaje que a la política en la provincia de Sofala.

Así, de Cabo Delgado y Sofala llegan buenas noticias para Nyusi. No tanto de Maputo, la capital, donde se celebra el juicio, transmitido en directo por portales informativos, del caso de las “deudas ocultas”, el saqueo de 2.700 millones de dólares por parte de altos funcionarios del gobierno, entre ellos Ndambi Guebuza, el hijo mayor del expresidente Armando Guebuza (2005-2015), y la secretaria de este, Inês Moiane. La deuda, contraída por empresas públicas con los bancos Credit Suisse y el ruso VTB en 2013 y 2014, se formalizó de espaldas al Parlamento. Una vez conocida en 2016, el metical se devaluó el 70%, el Fondo Monetario Internacional retiró su confianza en el país y la deuda pasó a la categoría de “default”.

Un juicio es visto como un proceso a la corrupción imperante en el seno del Frelimo, del que Nyusi puede que no salga indemne. Ministro de Defensa con Guebuza, Nyusi ha sido señalado por el empresario libanés Jean Boustani, en un tribunal estadounidense, de haber recibido una comisión de un millón de dólares destinada a la campaña electoral de 2014. En el juicio no está presente quien conoce bien el caso, por entonces ministro de Finanzas, Manuel Chang, cuya extradición ha sido aprobada por Sudáfrica. Cuando sea entregado, será juzgado aparte.