Lealtad para acatar, valor para despolitizar

El fallo del Tribunal Constitucional en relación con la Ley de Amnistía ha decretado la constitucionalidad de la mayor parte de la ley invalidando el grueso de las críticas jurídicas y políticas que se le habían formulado. La mayoría del tribunal sostiene que ley no es arbitraria, que la amnistía no es el indulto general que la Constitución prohíbe y que al no estar expresamente prohibida en la Constitución aprobarla es una potestad que corresponde al legislador, al tiempo que considera que no atenta contra los principios constitucionales de división de poderes, de igualdad ante a ley y de seguridad jurídica. Sí cree, en cambio, que es contraria a la Constitución que la Ley de Amnistía no incluya a los que se opusieron al procés al considerar que vulnera el principio de igualdad, se oponen a que se pueda extender la amnistía más allá de noviembre de 2023 porque se interpreta que en ese caso podría amparar futuras conductas delictivas y también a que no se garantice la audiencia a todas las partes en el Tribunal de Cuentas, cuestiones todas ellas menores que no afectan al corpus central de la ley.

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Y lo que no entra a valorar el Tribunal es la excepción relativa a la malversación con enriquecimiento personal, excepción que ha permitido al Tribunal Supremo no aplicar la Ley de Amnistía a los dos principales líderes del procés, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, impidiendo así el cumplimiento íntegro de los objetivos políticos declarados que persigue la ley, esto es fomentar la reconciliación y resolución del conflicto político en Cataluña, una justificación política que el alto tribunal también ha avalado.

La sentencia no ha sido unánime y cuatro de los diez magistrados del tribunal se han opuesto a la constitucionalidad de la ley confirmando la enorme división que provoca la Ley de Amnistía. De momento, el voto particular del magistrado Enrique Arnaldo considera que la norma atenta contra los principios constitucionales de la seguridad jurídica, la igualdad, la separación de poderes, la independencia del poder judicial y la supremacía de la Constitución, cree además que es una ley arbitraria, se opone al argumento de que el legislador puede hacer todo lo que no esté expresamente prohibido en la Carta Magna e interpreta que la ley ni siquiera ha cumplido con los objetivos políticos que perseguía porque lejos de resolver el conflicto político lo que ha provocado es una profunda división en la sociedad. Unos argumentos que no están demasiado lejos de los que ha expresado recientemente la Comisión Europea, que ha considerado que la ley carece de interés general y que parece ser una autoamnistía.

El Tribunal Constitucional – a la espera de lo que puedan aportar del resto de votos particulares- ya ha expuesto sus argumentos a favor y en contra de la constitucionalidad amnistía. Y ahora teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento él es quien tiene la última palabra en cuanto a constitucionalidad, su palabra, guste o no guste -y para que conste, a mí no me gusta- debe acatarse. Otra cosa es que se pueda.

Pero lo que resulta inaceptable es oponerse a la sentencia porque se considera que el Tribunal está politizado, que efectivamente lo está, pero solo cuando la sentencia es desfavorable a tus intereses y no, en cambio, cuando el perverso juego de mayorías ideológicas en su seno te resulta favorable. Si se acepta el juego y se juega luego no vale lamentarse cuando pierdes. Convendría en vez de eso actuar con lealtad institucional, discrepar de sus decisiones pero sin cuestionar su legitimidad y evitar fomentar choques institucionales que no hacen, sino debilitar nuestro sistema político Porque si lo que realmente se quiere es evitar un poder constitucional politizado hay que apostar por la despolitización cuando se tiene el poder para hacerlo. Y no como hasta ahora, los unos y los otros, aprovechar para politizarlo en tu favor en cuanto puedes y solo quejarte de que lo está cuando estás en la oposición y entonces no lo está a tu favor.