Populismo y elecciones en Costa Rica

En febrero de 2026 se celebrará en Costa Rica la primera vuelta de las elecciones generales, que permitirán elegir al próximo presidente (o presidenta) del país y cubrir los 57 escaños de la Asamblea Legislativa. Durante décadas Costa Rica fue uno de los enclaves democráticos de América Latina, a tal punto que junto con Colombia, Venezuela y México atravesó las décadas de 1960 y 1970 sin conocer un golpe militar ni padecer dictadura alguna. Su sólido sistema bipartidista, sus instituciones y el funcionamiento ejemplar de la justicia electoral fueron un claro ejemplo para toda la región.

Hoy las cosas han cambiado. Los dos partidos tradicionales (Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana) han caído en desgracia o, al menos, han perdido bastante del prestigio y del reconocimiento popular de antaño. Su presidente Rodrigo Chaves fue elegido en 2022 como candidato del Partido Progreso Social Democrático, pese a ser un outsider de la política, o precisamente por eso. Su discurso populista, antisistema, le permitió conquistar el voto del descontento y afirmarse en el poder. A partir de allí ha potenciado el enfrentamiento con los otros dos poderes del Estado que no controla, el Legislativo y el Judicial, con recuentes descalificaciones a jueces, fiscales y parlamentarios, a los que, entre otras cosas, tilda de "ratas" y "proxenetas".

Pese a los serios problemas que atraviesa el país, Chaves sigue contando con una elevada popularidad, superior al 50%, si bien ésta ha mermado algo en los últimos meses. En buena medida, su respaldo se sostiene en un fuerte discurso contra los inmigrantes, especialmente contra los nicaragüenses, a los que responsabiliza de algunas de las grandes dificultades del país, como la seguridad y el narcotráfico. Desde 2018 más de 200.000 nicas se han refugiado en Costa Rica huyendo de la brutal represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En realidad, el discurso de Chaves es similar al de tantos otros populistas de América Latina y del resto del mundo. Al ser ungido por el voto popular asume que éste lo sitúa por encima de las leyes y de los jueces. Incluso que su legitimidad es incomparable a la de los parlamentarios, por más que estos hayan sido elegidos por los mismos ciudadanos que también lo eligieron a él. Esto lo ha recordado con su fuerte reacción a la última resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que prohíbe al gobierno divulgar cualquier noticia panegírica de su gestión entre octubre de este año y las elecciones de 2026.

La medida del TSE no es novedosa. Se viene aplicando desde hace tiempo, aunque en esta oportunidad se ha extendido a las redes sociales y sitios oficiales, pagados o no. Se trata de evitar un uso abusivo y no equitativo del aparato del Estado durante la campaña y en beneficio de los candidatos del oficialismo, pese a que la reelección consecutiva no está contemplada.

La respuesta de Chaves fue bastante tópica. Tras sacar pecho ("Este gobierno no ha nadado hasta aquí para ahogarse en la orilla, nosotros vinimos a cambiar las reglas del juego"), acusó al TSE de estar controlado por políticos afines al PLN, y más concretamente a los hermanos Arias. Por supuesto, quien no podía faltar en sus lamentos es el pueblo, el actor por antonomasia: "Decidieron callar al gobierno, a mis colegas ministros y a este servidor, callar, amordazar. Tienen pánico porque el pueblo despertó, porque el pueblo tiene certeza en sus corazones de que el Gobierno está haciendo lo que el pueblo le ordenó".

Se da la circunstancia añadida de que este no es el único conflicto institucional que el presidente afronta en los últimos días. Han aumentado las diferencias con el Poder Judicial, especialmente a partir de la acusación de la Fiscalía de financiación ilegal de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, cargos que comparte con su ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, y el vicepresidente Stephan Brunner. Su rechazo a la figura del fiscal general, Carlo Díaz, viene de lejos. Díaz está instruyendo diversas causas penales en su contra. Para oponerse y exigir la renuncia del fiscal, al que acusó de corrupto, en marzo pasado, acompañado de varios de sus ministros y otros altos cargos del gobierno, encabezó una nutrida manifestación popular.

Otra nota característica de los populistas es el victimismo. Siempre hay algún poder fáctico agazapado en su contra, en este caso la Justicia, el Parlamento y el TSE que quieren acabar con su "revolución pacífica". La respuesta del TSE fue sumamente elegante y se basó en declaraciones anteriores del presidente, que respaldaban su trabajo y sus decisiones. También le recordó que fue el propio TSE quien "certificó su victoria en las urnas en 2022" y que lo hicieron "porque cuidamos los votos a su favor, en una elección en la que su partido tuvo fiscales en menos de la mitad de las mesas del país". El conflicto está servido y se agudizará a medida que se acerquen los comicios de febrero. El poder es un argumento de peso para alimentar la crispación y la polarización, aunque, como en este caso, no se ejerza personalmente.