Opinión | PENSAMIENTO PERIFÉRICO
Desigualdad en la militancia democrática
No en vano el líder comunista está considerado el padre de la patria vietnamita y es uno de los artífices de la independencia de ese país

Pedro Sánchez, durante la reunión con el presidente del Partido Comunista de la República Socialista de Vietnam, Nguyễn Phú Trọng / FERNANDO CALVO | EFE
En su visita oficial a Vietnam, el Presidente del Gobierno, como muestra de respeto, ha depositado flores en el mausoleo de Ho Chi Minh, algo que desde el punto de vista diplomático resulta del todo comprensible tratándose Ho Chi Mihn de la figura política más venerada del país que está visitando. No en vano el líder comunista está considerado el padre de la patria vietnamita y es uno de los artífices de la independencia de ese país, algo, sin embargo, que no debería hacer olvidar que también fue un dictador y el responsable de una sangrienta represión. Sobre todo si se tiene en cuenta que justo el mismo día en que eso sucedía en Vietnam en el Congreso de los Diputados, a iniciativa del PSOE, se aprobaba una reforma de la ley de asociaciones para disolver las que enaltezcan el franquismo.
Se trata este de un cambio obligado por la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 que insta a reformar la dicha la ley de asociaciones para facilitar la disolución de aquellas que ensalcen el golpe de Estado de 1936, el franquismo o que enaltezcan a sus dirigentes con menosprecio y humillación a la dignidad de las víctimas. Y tal y como ya sucediera con la ley de Memoria Democrática, el PP y Vox se han desmarcaron de la iniciativa, los populares por medio de una abstención y Vox con un voto negativo coherente con sus resistencias a condenar el franquismo sin paliativos y los populares, al igual que UPN, por considerar que se trata de una medida divisiva y polarizadora, que no resulta inclusiva al no incorporar a todos los regímenes totalitarios, incluyendo además de los fascistas a los socialistas y a los comunistas, y por juzgar que menosprecia a las víctimas del terrorismo etarra.
Al igual que la ley de Memoria Democrática esta reforma vuelve a plantear el interrogante de si España está mutando hacia un modelo de democracia militante, que es aquella que adopta una posición proactiva en la defensa de los valores democráticos frente a ideologías o acciones que los puedan amenazar, como sería el franquismo pero también otras ideologías o acciones.
Se trata de una visión que se impuso en algunos países como Alemania o Francia tras las Segunda Guerra Mundial y que implicaba la prohibición de los partidos antidemocráticos y/o de simbología nazi y que asumía la idea ya expresada por Karl Loewenstein en los años 30 de que la democracia debería estar dispuesta a limitar ciertas libertades para preservar su existencia y que más tarde sería teorizada por Karl Popper a través de la paradoja de la tolerancia según la cual la tolerancia ilimitada podría conducir a la desaparición de la tolerancia por lo que sería aceptable ser intolerante con el intolerante. No obstante desde un punto de vista liberal y plenamente respetuoso con el pluralismo este es un planteamiento muy cuestionable y muy cuestionado. De hecho el propio John Rawls sostuvo que una sociedad justa debía tolerar a los intolerantes y limitar la autoprotección solo a los casos en los que la intolerancia implicase una amenaza concreta para la libertad pero no afectar a la libertad de expresión.
Este punto de vista choca con el enfoque de la Ley de Memoria Democrática y con la prohibición de determinadas asociaciones y lo que es más grave, además, es que lo hace de manera asimétrica ya que la limitación solo afecta a un determinado ámbito ideológico, a la derecha, obviando las prácticas antidemocráticas en España y fuera de ella de la izquierda, y más recientemente del independentismo, en especial del vasco que abrazó el terrorismo y que ni siquiera, en muchos casos, ha pedido perdón todavía por ello.
Una sociedad liberal ha de aceptar el pluralismo, la disidencia e incluso la impugnación del propio sistema y el límite nunca debe estar fijado en el ámbito de la expresión sino en el de las acciones tipificadas como delito en el Código Penal. Cualquier otra cosa supone una limitación de libertad, y si eso ya es algo peligroso en sí mismo, si encima ese límite es desigual y solo afecta a unos y no a otros, se convierte no en una defensa de la democracia sino en puro sectarismo.
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