Tener presupuestos

Uno de los efectos más perniciosos del incremento de la fragmentación política en España está siendo la reiterada ausencia de presupuestos actualizados en los distintos niveles institucionales. El gobierno de España, a pesar de que constitucionalmente tiene la obligación de presentar al Congreso de los Diputados los presupuestos generales del estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior, lleva desde la anterior legislatura sin aprobar presupuestos, los últimos fueron los de 2023, prorrogados el año pasado.

Y aunque esta práctica no sea ni inusual ni irregular, la Constitución también prevé que si el primer día del nuevo ejercicio económico no se han aprobado unos nuevos presupuestos los anteriores se considerarán automáticamente prorrogados hasta la aprobación de los siguientes, el presidente que más uso ha hecho de esta posibilidad desde el restablecimiento de la democracia ha sido Pedro Sánchez, evidenciando así su debilidad parlamentaria. Este año, incluso, ha renunciando a someterlos a la consideración de la cámara consciente de su falta de apoyos para evitar, en coherencia con lo que hizo en 2019 cuando su propuesta de presupuestos fue rechazada, verse obligado a convocar elecciones.

El escalón autonómico tampoco escapa a esta tendencia y en estos momentos hay siete Comunidades Autónomas que todavía no han logrado aprobar las cuentas de 2025, Cataluña gobernada por el PSC, y el resto comunidades gobernadas por el PP en minoría (Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Extremadura), todas ellas afectadas por la salida de Vox los ejecutivos autonómicos en julio del año pasado. 

Sin embargo el nuevo acuerdo alcanzado esta semana por Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana con ese partido, ya hubo uno en 2023 que permitió su investidura, previsiblemente va a permitir aprobar unos nuevos presupuestos que resultan imprescindibles para afrontar la reconstrucción tras la DANA. Y este es un acuerdo que de paso, además, abre la puerta a que el resto de las autonomías pendientes puedan también puedan desbloquear sus cuentas, algo que supondría dar cumplimiento a sus obligaciones como gobierno.

 Se ha afeado a Mazón y al PP su pacto con Vox del que solo se sabe que puede implicar la no aceptación de menores inmigrante en el reparto entre autonomías que se está negociando, algo similar a lo pactado por el PSOE con Junts per Catalunya,  la búsqueda de fórmulas para su retorno a sus países de origen y cambios en las partidas de cooperación y desarrollo para orientarlas a contener la inmigración ilegal. Eso y una genérica oposición al Pacto Verde Europeo de la que quizás se derivaría una reorientación de las política medioambientales, algo que podría ser particularmente relevante en el contexto post-DANA. 

Se puede discrepar de este y de cualquier otro pacto, obviamente,  e incluso se puede considerar que el acuerdo no es más que una tabla de salvación para un Mazón acabado políticamente por su gestión de la tragedia y por su falta de explicaciones, pero lo que no se puede criticar que un presidente trate de aprobar presupuestos porque es una obligación a la que ningún gobierno debe renunciar aunque ello implique cesiones.

Más censurable debería ser hacer cesiones políticas como las que está haciendo el gobierno de España a Junts per Catalunya, por ejemplo en materia de inmigración, o más de tipo simbólico como hace el gobierno de la Generalitat de Catalunya con ERC, por ejemplo dándole protagonismo y dejando que sea ese partido en la sede del propio gobierno quien anticipe un acuerdo que ha de tomarse en una comisión bilateral posterior, como sucedió en el caso del anuncio de la empresa que ha gestionar las Cercanías. Sobre todo porque nada de ello implica como contrapartida la aprobación de unos presupuestos que es el instrumento que permite al gobierno llevar a cabo sus políticas. 

Mientras tanto Pedro Sánchez, por la puerta de atrás, trata de salvar la situación a espaldas del parlamento por medio de mecanismos extrapresupuestarios y Salvador Illa está tratando de hacerlo por medio de un suplemento de crédito, aunque ninguno de los dos sucedáneos resulte aceptable. Lo correcto es aprobar un presupuesto. Por ello si el acuerdo con Vox en la Comunidad Valenciana abre la vía a una mayoría parlamentaria que permita que se aprueben allí y se extienda al resto de comunidades pendientes, bienvenido sea.