Opinión | APUNTE
Maniobras preventivas
Cuando el objetivo es garantizar la permanencia en el poder, son ingenios encaminados a cercenar cualquier riesgo susceptible de contrariar al mando

Maniobras preventivas
Acuartelamiento a la defensiva. El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, al considerar apuntalada su presunta participación en hechos delictivos, ha citado para que declare como imputado al fiscal general del Estado (FGE) ¿a qué exigencias atendería su resistencia a dimitir?
El instructor, que ha investigado el recorrido de la cadena de filtraciones con información, reservada y confidencial, mantiene en el auto la "participación preeminente de la Fiscalía General en la comisión de un delito de revelación de secretos, perpetrado en ‘dinámica delictiva’ con otros dos fiscales (provincial de Madrid y Teniente Fiscal), al tiempo que subraya una "clara finalidad política" en la frenética actuación de la presidencia del Gobierno, durante el trasiego de mensajes.
A propósito de los informes aportados por la UCO en las diligencias, llama la atención este párrafo: "Sobre su cualificación, profesionalidad y conocimientos no se deberían arrojar dudas, ni poner en tela de juicio, infundadamente, la pericia realizada por sus profesionales, cuya reconocida solvencia no habría de ser cuestionada gratuitamente" .
¿A ton de qué ese insólito amparo, acaso se estaría aludiendo a las insólitas críticas de la Abogacía del Estado o a los apremios que pudiera, en su caso, haber recibido la policía judicial del Instituto Armado?
El Ejecutivo que, tiempo atrás, trató de evitar la confrontación, no ahorra descalificativos y ha acusado al Supremo de elucubrar sin pruebas: "El juez está prevaricando porque acusa al fiscal general sin base probatoria". La bravata no se compadece con los testimonios incriminatorios que han aportado los testigos a la instrucción.
La fiscal superior le preguntó al fiscal general: "¿Lo has filtrado tú?", a lo que este respondió: "Eso ahora no importa".
Columna del Estado de derecho, el deber constitucional del FGE es defender la legalidad. Que la haya podido quebrantar sobresale como hecho trascendente. El motivo que le animó a hacerlo no deja de ser secundario. Si los inocentes no acostumbran a eliminar pruebas ¿cuál habría sido el auténtico propósito de borrar el rastro de sus comunicaciones en plena investigación judicial y cambiar de móvil?
Esto ocurre en un momento en que jueces y fiscales son señalados sin disimulo, y los tribunales andan ahítos de querellas y ajustes de cuentas… con compango político.
En este caso, lo que estaría alfombrando la prevención va acompañado de un mensaje cristalino: si los jueces no se pliegan porque están sometidos al imperio de la ley, se cambiará la ley para que no les quede más remedio que hacer lo que ellos quieran. Así que, cuidado con lo que dicen.
¿Quién ordenó ir con todo, contra el novio de la actriz de cine mudo?
Recusación anticipada. La mayoría progresista del Tribunal Constitucional (TC) ha aprobado la insólita petición del FGE –a la que se ha dado un "trato privilegiado"– de recusar a un magistrado de la minoría conservadora, lo que buscaría robustecer la tesis de la constitucionalidad en el debate sobre la Ley de Amnistía. No existen precedentes.
Limitación de la acusación popular. Manuel Alonso Martínez, una de las mentes jurídicas mejor amuebladas de nuestra historia, ministro de Justicia y autor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim), incluyó esta figura procesal, aún vigente, para suplir las posibles carencias en la actuación del Ministerio Fiscal y fortalecer el Estado de derecho: "Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular".
Cualquier persona que invoque el quebrantamiento de la ley por parte del acusado, tiene la facultad –que subsiste en nuestro ordenamiento, por herencia del Derecho Romano– de constituirse como parte acusadora en la fase de investigación y, en su caso, en el juicio oral.
Es uno de los escasos portillos que el Régimen del 78 dejó abiertos para impedir la discrecionalidad del poder político. Como apuntó el profesor Enrique Gimbernat: "El único sentido de que se incorporara en nuestra Constitución fue para hacerla inatacable".
Una Proposición de Ley busca impedir que partidos políticos, asociaciones de jueces y fiscales o fundaciones vinculadas con ellos, puedan instar la apertura de procesos o personarse en causas contra cargos públicos en los tribunales de Justicia.
La norma limita el ejercicio de la acusación popular a la desmañadamente apelada "feria de ultras", la vacía de contenido y amplía las causas de recusación de los jueces.
De aprobarse la ley –que incluye una disposición transitoria que otorga efecto retroactivo a la reforma– las modificaciones de la LECrim (acusación popular) serán aplicables desde su entrada en vigor a "todos los procedimientos en curso", así como a los que comiencen con posterioridad a dicho momento.
Las acusaciones populares no abren causas judiciales, sino que lo hacen los jueces después de analizar si existen motivos fundados para investigar los hechos denunciados por esta vía. Uno de sus aspectos más valiosos, y así lo acredita la experiencia histórica, es la estratégica inhibición del Ministerio Fiscal, especialmente en los delitos de corrupción, contra la Administración Pública.
Archivar las causas abiertas a familiares cercanos, incursos en procesos penales y a un influyente prófugo de la justicia, amnistiado "in pectore", evitar sus posibles condenas y provocar el cese del mediático "strepitus fori" que acarrea la imputación, no deja de encerrar una motivación adulterina.
En plena borrasca por los líos judiciales, el Gobierno ha considerado perentorio atender a necesidades políticas. Con ello, se soslayan los informes preceptivos (Consejo de Estado, Consejos Generales del Poder Judicial y de la Abogacía Española, Fiscalía General del Estado) y podrá tramitarse por vía de urgencia, sin debate ni enmiendas.
Todas las asociaciones de jueces, sin excepción, han exteriorizado su rechazo, al considerar que es susceptible de crear espacios de impunidad y evitar el control político.
Si don Manuel levantara la cabeza…
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