Opinión | LA PALABRA DE LOS NÚMEROS
Aumenta el déficit público
El anuncio de la candidatura de la ministra de Hacienda para liderar la oposición en Andalucía es sin duda una pésima noticia para la estabilidad presupuestaria

Pedro Sánchez y María Jesús Montero / EP
El INE publica cada trimestre la contabilidad de los sectores institucionales que incluye el sector público y da el dato de déficit público acumulado en los últimos cuatro trimestres, el indicador oficial que luego utilizará Eurostat y la Comisión Europea para medir el cumplimiento de España de las reglas fiscales que acaban de ser reformadas con el compromiso de todos los estados miembros, incluido el nuestro.
Ese indicador finalizó 2023 próximo al 3% del PIB, el objetivo que se mantiene en las reglas fiscales desde el Tratado de Maastricht firmado en 1992. Pero en la reciente publicación correspondiente al tercer trimestre del pasado año el déficit público aumentó hasta el 3,5%. La economía española crece por encima de su potencial, con inflación y subidas de salarios mayores que antes de la pandemia y los ingresos crecieron un 7%, en línea con lo previsto.
El problema, como suele ser habitual en las desviaciones en fases expansivas del ciclo, ha sido en el gasto público que aumentó un 6%, el doble que la regla que se acaba de aprobar en Bruselas que para España es del 2,9%. Al prorrogarse los presupuestos lo previsible es que el gasto creciera menos por la dificultad de gastar pero la existencia de los fondos Next Generation que ya se incluían en los presupuestos de 2023 puede ayudar a explicar esa desviación.
El principal problema en España es que más de la mitad del gasto se realiza en las comunidades autónomas y la mayoría aprovecharon la pandemia para aumentar estructuralmente el gasto en porcentaje de PIB. El Gobierno central tiene corresponsabilidad ya que sigue gestionando la Seguridad Social y las pensiones explican la mayor parte del crecimiento del gasto público. El Gobierno central también sigue gestionando la mayoría de los ingresos públicos, tiene la obligación constitucional de coordinar las finanzas públicas y es el que se compromete con Bruselas a cumplir las reglas fiscales en representación del estado español que incluye a comunidades autónomas y ayuntamientos.
Este gobierno ha hecho dejación de esta obligación, principalmente por la debilidad en el parlamento y que sus principales socios gobiernan o han gobernado en sus comunidades autónomas. El PP gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas y el PSOE abrió la caja de Pandora pactando con ERC el cupo catalán y de facto el Comité de Política Fiscal ha dejado de ser una institución eficaz para coordinar las políticas fiscales de las 17 comunidades autónomas para que cumplan las reglas fiscales, principalmente el techo de gasto de Bruselas.
El anuncio de la candidatura de la ministra de Hacienda para liderar la oposición en Andalucía es sin duda una pésima noticia para la estabilidad presupuestaria. Como líder de la oposición primará compensar a Andalucía y al resto de comunidades por los mayores recursos que irán a Cataluña por el cupo y es impensable que exija al presidente de Andalucía que cumpla la regla de gasto del 2,9%, como sí tuvieron que hacer sus antecesores Elena Salgado en 2010 y Cristóbal Montoro en 2012.
De momento los inversores están tranquilos y la prima de riesgo estable pero si se vuelven a poner nerviosos y exigen medidas de ajuste, la probabilidad de poder aprobarlas con la composición del Parlamento Nacional y el Consejo de Política Fiscal actual están próximas a cero. Mantengamos los dedos cruzados.
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