'Todo atado y bien atado' en la Sala Penal del Supremo tras diez años de presidencia de Manuel Marchena

La derecha judicial ha dado el primer paso para mantener el control de la Sala Segunda o Sala Penal del Tribunal Supremo que ejercía hasta ahora. La renuncia del presidente saliente, Manuel Marchena, comunicada el 28 de octubre al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a seguir como presidente en funciones hasta la elección de su sucesor, ha implicado el ascenso del magistrado Andrés Martínez Arrieta, el más antiguo y primero en el escalafón de magistratura, a presidir en funciones la citada sala hasta que el CGPJ vote sobre las dos candidaturas: la suya -Martínez Arrieta- y la de la magistrada Ana Ferrer, una elección tanto o más difícil que la de la Isabel Perelló para la presidencia del Supremo y CGPJ a primeros de septiembre pasado.

En el proceso de negociación sobre la presidencia del Supremo y el CGPJ, la derecha conservadora del nuevo gobierno de los jueces -mayoritariamente vinculada a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)- consiguió abortar la candidatura de la magistrada Pilar Teso, de la Sala Tercera, de lo contencioso-administrativo, y evitar la de Ana Ferrer, aspirante del sector progresista, mediante el ardid de proponer a Perelló, también magistrada de la Sala Tercera, de lo contencioso-administrativo, con el marchamo de que era afiliada a la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia. 

En otros términos, fue el sector conservador el que impuso a la presidenta, introduciendo una cuña en el sector progresista a través de los vocales propuestos por Sumar -Carlos Hugo Preciado e Inés Herreros, que se decantaron por Perelló e inclinaron la balanza a favor de la iniciativa conservadora, defendida por el magistrado José Antonio Montero.

Ahora, ante la sustitución de Marchena, el sector conservador cuenta con la presencia de Martínez Arrieta, que si bien no pertenece a la APM, y es miembro de la asociación Francisco de Vitoria, supone la continuidad con Marchena.

En noviembre de 2018, cuando Marchena se aprestaba a abandonar la presidencia de la Sala Segunda, para convertirse -acuerdo negociado entre la entonces ministra de Justicia y el entonces representante del Partido Popular, el exministro de Justicia Rafael Catalá- en el presidente del Supremo y CGPJ, quien le sustituiría al frente de la Sala Segunda y presidiría, por tanto, el juicio del procés era, precisamente, Martínez Arrieta.

Catalá el WhatsApp y Cosidó

Hay que retrotraerse al mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a 146 senadores la noche del 18 de noviembre de 2018 para conocer la sala de máquinas de las negociaciones del pacto PP-Gobierno que convertía a Marchena en presidente del TS y el CGPJ.

Cosidó admitió haber enviado ese whatsapp. Pero más tarde, precisó que lo había reenviado y que procedía de fuera del partido. La verdad: el contenido fue elaborado por quien dirigió las negociaciones de parte de Pablo Casado, presidente del PP. Que no era otro que Rafael Catalá. Fue Catalá quien a petición de Teodoro García Egea, secretario general del PP desde julio de 2018, sintetizó las ventajas del pacto para el PP. García Egea luego se lo transmitió a Cosidó y fue éste quien lo reenvió a los senadores del grupo, quienes consideraban que pactar con la ministra Delgado, reprobada dos veces hasta esa fechas en el Congreso, era una traición. Algunos objetaban que Marchena dejara la presidencia del tribunal del procés al asumir la presidencia del Tribunal Supremo y CGPJ.

Por eso, precisamente, el mensaje señala: “Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones de 2/3 del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el Poder Judicial, vitales para el PP y para el futuro de España”   

La filtración del mensaje -que fuentes solventes atribuyen a fuego amigo dentro del PP- hizo detonar la candidatura de Marchena -que había dado su visto bueno a Catalá para proponer su nombre, habida cuenta de que debía presidir el juicio del procés y la decisión suponía un cambio importante como el de dejar un sucesor en ese puesto-, quien se vio obligado a emitir un comunicado y dar por finiquitada la operación. 

Había quedado en evidencia una realidad: que el presidente del Supremo y CGPJ lo pactaban los políticos al margen de los vocales del CGPJ quienes debían hacerlo tras tomar posesión de sus cargos.

Imparcialidad y presidencialismo

La candidatura de Ferrer no supone asumir que la Sala Segunda será presidida por una magistrada afiliada a la asociación Juezas y jueces para la Democacia. Eso, como han demostrado los diez vocales conservadores -7 de los cuales están asociados en la APM- se puede asumir si se trata de una candidata como Perelló, lo que ha sido demostrado al nacer dicha propuesta del propio sector conservador (con buena acogida de los vocales de Sumar, que, incluso, disputan el origen conservador de la iniciativa).

El problema es el programa. La comisión de calificación del CGPJ, presidida por el conservador José Antonio Montero, dio en noviembre 10 escasos minutos de tiempo a Martínez Arrieta y Ferrer, para exponer sus planes por videoconferencia. 

La sede del CGPJ en la madrileña calle del marqués de la Ensenada queda a un tiro de piedra del Tribunal Supremo, pero pese a ello, el CGPJ consideró que, como durante el Covid-19, debía hacerse por videoconferencia, con una conexión deficiente.

Ferrer no esconde su objetivo de emprender una reforma del funcionamiento de la Sala Segunda. Ha puesto énfasis en la necesidad de transmitir “transparencia”, según explicó, y poner fin a las “sospechas” que ha generado en algunos asuntos la elección de los magistrados designados para resolver ciertos casos. 

“Reforzar el principio del juez predeterminado por ley dando publicidad a la composición de todas las salas”, señaló, como alternativa a decidir esa composición a medida que se señala la deliberación de cada caso, como ocurre ahora. “Creo que contribuirá a enervar el riesgo de sospecha de que se puedan constituir salas ad hoc para casos concretos”, subrayó.

Una asignatura pendiente: asignar al magistrado ponente de cada asunto a través de una aplicación informática con la que ya funcionan muchos tribunales.

La candidata a presidir la Sala Segunda ha propuesto también cambios en el funcionamiento actual de la sala de aforados, de forma que se divida en dos, una de admisión y otra de enjuiciamiento, y que el presidente de la Sala Penal solo pueda formar parte de una de ellas. Este modelo contribuiría a “potenciar la apariencia de imparcialidad”.

Ana Ferrer: “Considero imprescindible impulsar medidas legales que diseñen su arquitectura institucional. Entiendo necesario, como medida que reforzará la apariencia de imparcialidad y la imparcialidad objetiva, el diseño de dos Salas diferentes, una de admisión y otra diferente para el enjuiciamiento. La Sala de admisión designaría al instructor delegado de entre uno de sus miembros, y, en su caso, solicitaría a propuesta de este el suplicatorio, y tomaría a propuesta del instructor la decisión de apertura del juicio oral o finalización de la instrucción, según el tipo de procedimiento. Este sistema conviviría con el actual régimen de recursos contra las decisiones del instructor, manteniendo la Sala de apelación que ahora existe. Quien presida la Sala II, presidirá por semestres cada una de estas Sala -la de admisión y la de enjuiciamiento-. Se diluye de esta manera un excesivo presidencialismo”

Ejemplo: Marchena ha sido, en el caso del procés presidente de la Sala de Admisión, presidente del tribunal de enjuiciamiento y ponente de la sentencia. 

Lo que dice Ferrer: en la nueva arquitectura institucional de la Sala Segunda es¡e presidencialismo no debería continuar. O más claramente: la presidenta es un primus inter pares (primero entre iguales).

Ferrer, que tiene 65 años, estima que su candidatura da estabilidad a la Sala durante los cinco años de mandato. Mientras, Martínez Arrieta, que se jubila dentro de dos años y medio, no podrá culminar el mandato.

Hasta el momento la presidenta del TS y CGPJ ha evitado cualquier escenario donde tenga que ejercer su autoridad. Si es necesario retira asuntos del Pleno para que no se vote. Si la Comisión de Igualdad, por ejemplo, sostiene un informe que considera un deber aplicar la ley de paridad a las cuatro presidencias pendientes de nombramiento (Salas Civil, Penal, Contencioso-administrativo y Social), la presidenta del TS y CGPJ encarga a un letrado del gabinete técnico otro informe sobre el asunto, cuya conclusión es diferente: la aplicación de la paridad en los cargos judiciales "no puede interpretarse como un criterio imperativo y automático" de manera que prevalezca el reparto equilibrado de puestos entre hombres y mujeres sobre el "mérito y capacidad" de los candidatos. 

Si, como es previsible, en la negociación de las próximas semanas Ferrer no obtiene voto alguno del sector conservador, empeñado en lo contrario, esto es, en abortar su candidatura, la presidenta Perelló se inclinará por la solución de aplazar el nombramiento. Total, Martínez Arrieta ya está en funciones.

El sector progresista será sometido a una nueva prueba con la candidatura de Ana Ferrer. Habrá que ver si el sector conservador no logra repetir la "operación cuña" (dividir al sector progresista) que permitió elegir a Perelló a cambio de algun cambio de cromos. La Sala Segunda es sagrada para la derecha conservadora; esta por ver si también para el sector progresista.