El error no forzado que se lleva por delante al fiscal general del Estado

"Cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo". Confucio (QuFu, Shandong, China, 551 a. C.- 479 a. C)  

El 7 de marzo de 2024, Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, recibe la llamada de un periodista. 

¿Existe algún procedimiento en la Fiscalía abierto contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso a través de una empresa llamada Maxwell Carmona (sic)?

En su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en junio pasado, Pilar Rodríguez explica que no sabía que la presidenta de la Comunidad de Madrid tuviera pareja. Pero, añadió, que como es la encargada de visar todos las denuncias y querellas de los fiscales, el nombre de la empresa le sonaba. Se trataba de Maxwell Cremona, la empresa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La denuncia por delito fiscal la había visado Pilar Rodríguez dos días antes de la llamada, es decir, el 5 de marzo.

Al advertir de que se había presentado una denuncia contra una personalidad relevante, según el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (“Los miembros del Ministerio Fiscal pondrán en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer”), Pilar Rodríguez hizo el mismo día 7 lo que se llama una “dación de cuenta”. Normalmente debió haber informado antes que se trataba de la pareja de Isabel Díaz Ayuso pero en este caso informó tanto de las diligencias previas como de la denuncia ya presentada el 5 de marzo. Envió copias del expediente a Diego Villafañe, teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, y a la fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Almudena Lastra. Cabe señalar que en el expediente no se incluían los correos intercambiados entre la Fiscalía y Carlos Neira, abogado de Alberto González Amador.

En las instrucciones de la Fiscalía General del Estado de 2005 se considera una norma implícitamente que cuando se trata de una información relevante de interés político o social que, por su contenido, y precisamente para impedir su posible uso malintencionado, debe informarse públicamente y en su caso explicarse. La Fiscalía Anticorrupción, por ejemplo, lo hace a menudo.

Por tanto, la FGE, una vez recibida la dación de cuentas de Pilar Rodríguez, con la denuncia enviada a los juzgados de Plaza de Castilla, debió hacer un comunicado público sobre los hechos, según varias consultas realizadas por El Periódico de Catalunya. 

Pero dicho comunicado no tuvo lugar. En cambio, la noticia sobre la denuncia se filtró a un periódico, el diario.es, como información exclusiva el 12 de marzo de 2024, siete días después de presentada la denuncia. 

Aunque este tema de la primera filtración ha quedado sepultado bajo las querellas, exposiciones razonadas, declaraciones, providencias, referidas a la filtración del correo enviado el 2 de febrero de 2024 del abogado de González Amador a la Fiscalía de Madrid, en el que reconocía haber cometido dos delitos fiscales y su disposición a repararlos -en la negociación se acordó provisionalmente la cifra de 500.000 euros para evitar 4 meses de cárcel por cada uno de los dos delitos-,  es lo cierto que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo saca a flote.

“Que, de esta documentación remitida, existe una primera filtración a la prensa el día 12.3.2024, a las 06:01 h. en eldiario.es supuestamente realizada por la Fiscalía General del Estado”.

Esto es: la UCO ya tiene claro -del análisis de sus teléfonos - que de la información enviada por Pilar Rodríguez a la Fiscalía General del Estado hay un camino directo hacia los medios, a través de la Fiscalía General del Estado.

Por otra parte, en las informaciones y noticias publicadas por los medios el 13 y 14 de marzo, se alude, tras dar a conocer, por ejemplo, el contenido del correo del 2 de febrero de 2024 del abogado de González Amador, al Ministerio Público como fuente y a un comunicado que la Fiscalía General del Estado haría público el 14 de marzo. Así de transparente.

Aquí te pillo, aquí te mato

La investigación, pues, de Alberto González Amador y su contrato de compraventa de mascarillas se desarrolló sin saber la inspección fiscal ni los fiscales de Madrid que se trataba de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Pero una vez que el 7 de marzo eso se supo, la dinámica correcta -la de hacer un comunicado e informar que se había presentado una denuncia contra él en los juzgados- fue sustituida por una operación pseudoclandestina en la que se han dejado infinidad de huellas. 

¿Por qué? Porque con coordinación o sin ella, tanto la Fiscalía como el Gobierno consideró que habían doblado las campanas contra Díaz Ayuso, ya que desde el 13 de marzo, al término de la reunión de Gobierno en Leganés, atacó furibundamente al Gobierno y a la fiscal Pilar Rodríguez. Los delitos fiscales de su pareja, por tanto, hacían avizorar, por fin, una presunta estocada mortal.

Eso se ha visto con claridad en los mensajes intercambiados por Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera, donde la entonces jefa de gabinete de Óscar López, a su vez director de gabinete de Sánchez, aportó el correo del 2 de febrero a Juan Lobato para que el 14 de abril de 2014 acusara a Díaz Ayuso de mentir al acusar a la inspección fiscal y al gobierno por perseguir a su familia y a su pareja.

El correo salió de ella hacia Lobato, pero ¿cómo llegó a ella? ¿Consultó con su jefe, Óscar López, antes de hablar con Lobato? Pilar Sánchez Acera tendrá ocasión de explicarse ante el juez en breve, cuando la cite para prestar declaración.

Ningún juez hubiese soñado con tener todas las piezas del puzle prácticamente colocadas. Y ello teniendo en cuenta que todavía la UCO tiene pendiente que emitir su informe sobre los teléfonos de Álvaro García Ortiz, previsiblemente la semana próxima.

El Gobierno creyó que era la hora señalada. Hasta la vicepresidenta María Jesús Montero declaró, después de la publicación inicial de la noticia, que se trataba de un contrato de venta de mascarillas, dato veraz pero que en la información del 12 de marzo brillaba por su ausencia.

Lobato, ¿está a salvo? No es tan sencillo. Porque él tuvo participación en la operación y ni siquiera se trata de una ignorancia deliberada. Porque fue el primero que recibió el correo que le envió Pilar Sánchez Acera y porque sabía que la publicación del mismo antes de que él tomara la palabra en el parlamento madrileño era una coartada. Es que después de enviarle el correo a él, Pilar Sánchez Acera se lo cursó a El Plural. Y porque todavía dudaba si podría salir ileso se fue a un notario para volver a cubrirse.

La investigación ha tocado por abajo a Óscar López, pero puede ir a más, por ejemplo, hacia su teléfono del actual ministro y aspirante a ser el secretario general del partido Socialista de Madrid.

Cada vez se considera más probable que la próxima secretaria general de Madrid será Enma López, concejala del Ayuntamiento de Madrid. Incluso se asegura que ya ha recibido la oferta.